CAPÍTULO II

EL MOVIMIENTO CIUDADANO

LA TRANSICIÓN: «LA ESPAÑA DIFERENTE»

A comienzos de la década de 1970, coincidiendo con el desarrollo del movimiento ciudadano a través de las Asociaciones de Vecinos de numerosos municipios, comenzó a configurarse un contexto social diferente de aperturismo controlado. España experimentaba profundas transformaciones económicas, sociales y culturales derivadas del desarrollo industrial, la expansión del sector servicios, la incorporación de nuevas tecnologías, el regreso de numerosos emigrantes y el contacto creciente con la Europa occidental.

A todo ello se sumaba el auge del turismo europeo, convertido por el régimen franquista en uno de los principales instrumentos de propaganda bajo el conocido lema «Spain is different» (España es diferente). Aquella consigna pretendía presentar al país como un destino singular y atractivo, ocultando la ausencia de libertades políticas y los déficits democráticos del régimen.

Sin embargo, con el paso del tiempo esa expresión adquiere, desde una perspectiva política, un significado muy distinto. España continúa siendo diferente, un caso singular dentro de Europa por la forma en que se desarrolló el proceso de transición desde la dictadura hacia el nuevo sistema institucional amañado.

Mientras que en la mayor parte de los países europeos sometidos a regímenes fascistas o colaboracionistas la derrota de las Potencias del Eje supuso una ruptura política e institucional, acompañada de procesos de depuración de responsabilidades y de reconstrucción democrática, en España la dictadura franquista concluyó sin una ruptura de esa naturaleza. Aunque los Juicios de Núremberg tampoco agotaron todas las responsabilidades derivadas del nazismo y del Holocausto, marcaron un precedente de exigencia jurídica y política que no tuvo equivalente en el caso español.

Desde esta interpretación, la Transición se sustentó sobre un amplio acuerdo entre las principales fuerzas políticas surgidas durante el final del franquismo y los sectores procedentes del propio régimen. Ese consenso permitió el tránsito hacia un nuevo marco institucional, pero también implicó la ausencia de una depuración de responsabilidades políticas, económicas, militares y administrativas derivadas de la dictadura franquista.

El Movimiento Ciudadano desarrollaba por aquellas mismas fechas una experiencia participativa basada en la intervención directa de la población, especialmente a través de las Asociaciones de Vecinos. Aquella práctica democrática de base constituyó un modelo de participación social y administrativa que, en muchos aspectos, no ha sido posteriormente superado.

LA MONARQUÍA RECUPERA SUS PRIVILEGIOS

Dentro de ese contexto histórico se produce uno de los aspectos más relevantes del proceso de transición: la restauración de la institución monárquica.

Conviene recordar que el 20 de noviembre de 1931 las Cortes Constituyentes de la Segunda República aprobaron una resolución por la que declaraban culpable de alta traición a Alfonso XIII por su actuación contra el orden constitucional y por haber favorecido el establecimiento de la Dictadura de Primo de Rivera. En dicha resolución se afirmaba:

«El Tribunal soberano de la Nación declara solemnemente fuera de la ley a D. Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena.»

Asimismo, las Cortes acordaban privarle de todos sus títulos y dignidades, declarando extinguidos sus derechos dinásticos y negando cualquier posibilidad de reivindicación futura por parte de él o de sus sucesores.

Desde esta perspectiva, la Transición ignoró aquel precedente histórico. Tras cuarenta años de dictadura, la restauración de la Monarquía se produjo sin que la ciudadanía pudiera pronunciarse previamente, mediante un referéndum específico, sobre la forma de Estado.

Los principales partidos políticos aceptaron la restauración monárquica como elemento básico del nuevo sistema institucional. De esta manera, la Monarquía quedó incorporada al proceso constituyente sin una consulta directa y exclusiva sobre esta cuestión, circunstancia que, supuso un importante déficit de legitimación democrática.

La evolución posterior de la institución monárquica, marcada por diversos episodios de descrédito público y por casos de corrupción que afectaron a algunos de sus miembros, ha reabierto periódicamente el debate sobre la oportunidad de que la ciudadanía pueda decidir democráticamente entre Monarquía o República mediante un referéndum específico.

LA TRANSICIÓN

La Transición española fue un periodo de grandes cambios y de reformas políticas amañadas, hechos realizados desde el interior del aparato del régimen, desde arriba por los franquistas y desde la trastienda, hasta lograr un conglomerado de compromisos semidemocráticos (al margen de la ciudadanía), que arrastró con ello, “al movimiento ciudadano y a la desaparición de las Asociaciones de Vecinos”, a no permitir el poder desarrollar un proceso de gestión participativo y asambleario, (una Ley que permitiese el seguimiento y control de las instituciones locales por la ciudadanía), ciñéndose a la sola labor corporativista de los recientes partidos legalizados.

“Empezó la transición española, de la dictadura a una democracia orgánica, controlada por los mismos tiburones de siempre, es decir, por los que tuvieron al tirano en el poder desde el año 1.939”, hasta su muerte en el año 1975. Este proceso se llevó a cabo sin rupturas y sin exigencias sociales, económicas y políticas, a través de una reforma basada en el consenso de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas. Donde se mezclaron tres posibles alternativas: la continuación del sistema político franquista, postura defendida por los franquistas puros o inmovilistas; la ruptura democrática, es decir, la formación de un gobierno provisional que pondría fin a las instituciones franquistas y convocaría elecciones a unas Cortes constituyentes (era la postura defendida por los grupos políticos que se habían opuesto al franquismo); y por último, la reforma del sistema político a partir de las instituciones y de las leyes franquistas hasta alcanzar una semidemocracia. Es ésta la vía a seguir, la posición de partida que mantiene el Rey Juan Carlos I por aquellas fechas y era fundamental su deseo ya que venía de la elección directa de la voluntad de Franco y tenía una cierta interrelación militar.

Juan Carlos I había llegado a ser rey a partir de las leyes franquistas, situación de un profundo significado antidemocrático, pero en principio y siempre según sus declaraciones era “reinar para todos los españoles” (luego haciendo de hilo conductor hemos vivido la evolución de los acontecimientos alejados de aquellos primitivos deseos manifestados). Para ello, se articuló, la propia ley franquista, el régimen   autoritario   fue desmantelado   a   través   de   un   proceso de reformas políticas, capitaneado e impulsado por Adolfo Suárez (que por aquellas fechas contaba con 43 años), que daría paso a una Monarquía semidemocrática y corrupta como hemos podido constatar por los medios de comunicación alejada de aquellos primeros deseos de “reinar para todos los españoles” ya que la Constitución Español, tampoco se ha cumplido dejando con ello todo un reguero de injusticias sociales, que bien merecen un detenido estudio para situarlas en su contexto sociopolítico.