Nuestra trayectoria cívica en Abanto-Zierbena

LAS BONDADES CRISTIANAS

La supuesta bondad que inspiraba aquel nuevo gobierno cristiano de los hombres y del mundo se explicitaba en textos como el siguiente:

«Como todo está cubierto de nieve y hielo, los pajaritos no pueden encontrar nada y ahora son pobres. Por esto les doy de comer, de la misma manera que los ricos sostienen y alimentan a los pobres. El rico es para el pobre el administrador de la Providencia».

Esta concepción paternalista se trasladó rápidamente a la práctica social del Estado franquista y una de sus manifestaciones más visibles fue el desarrollo urbanístico. También en pequeñas localidades, como Abanto-Zierbena, puede apreciarse esta política mediante la construcción de viviendas promovidas por el Estado, entre ellas el Grupo Girón, en Cotarro (Gallarta); el Grupo Serantes y Las Encinas, en Sanfuentes; o el Grupo La Trinidad, en Las Carreras.

Sin embargo, la durísima situación de la posguerra no solo puso de manifiesto el grave problema de la vivienda, sino que dio lugar a la construcción de inmuebles que, en numerosas ocasiones, no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad.

De aquellos años datan las viviendas de Santa Juliana, algunas de las cuales han llegado hasta nuestros días tras sucesivas reformas (las conocidas como casitas Sixto), así como las denominadas casitas de papel de Gallarta. Estas últimas una vez derribadas la primera corporación democrática de 1979 en los terrenos que ocupaban, pasaron a convertirse en el actual parque y plaza Dolores Ibárruri. La extrema necesidad llevó igualmente a muchas familias a ocupar las cuevas situadas al final de la calle Peñucas, en su margen derecha, próximas al puente que comunicaba con la mina Orconera; los túneles de Putxeta; las chabolas del barrio de Cotorrio; La Barga; el barrio Fonso; Las Calizas y otros asentamientos precarios que reflejan la verdadera dimensión que alcanzó el problema de la vivienda en nuestro municipio.

Esta situación fue consecuencia de una doble realidad: por un lado, la explotación inhumana de la población trabajadora y, por otro, la intensa inmigración atraída por la actividad minera. Aun así, y pese a las enormes dificultades económicas, durante la década de los cincuenta se construyeron las primeras edificaciones del Grupo Girón, en Gallarta (actual barrio de San Miguel), y del Grupo El Minero, en Las Carreras. No obstante, el ritmo edificatorio de aquellos años estuvo muy lejos del intenso crecimiento urbanístico que se produciría en las décadas posteriores, debido principalmente al progresivo derribo del núcleo urbano del viejo Gallarta por parte de Franco Belga-Agruminsa.

Todo este proceso constituye una larga secuela de injusticias sociales, políticas y económicas que hunde sus raíces en los años cuarenta. El periodo de hambre, segregación y chabolismo que siguió a la Guerra Civil española estuvo marcado por un profundo agravamiento de las diferencias entre vencedores y vencidos, consecuencia del discurso revanchista y antirreconciliador impuesto por el nuevo Estado. Desde esta perspectiva, resulta inevitable establecer un paralelismo con el posterior modelo neoliberal que, a nuestro juicio, caracteriza esta democracia limitada o semidemocracia: un sistema que ha profundizado nuevas desigualdades sociales y económicas, consolidando formas de exclusión y privilegio que, aunque adaptadas a los nuevos tiempos, conservan elementos estructurales heredados del pasado.

La victoria franquista dio lugar a una sociedad fuertemente jerarquizada, elitista y clasista, en la que cada persona debía ocupar el lugar que le correspondía dentro de un orden social previamente establecido. Con el paso del tiempo, muchos de aquellos esquemas de poder han perdurado, tanto en el ámbito social como en el político y el laboral, permitiendo la continuidad de privilegios acumulados durante la dictadura y dificultando una verdadera igualdad de oportunidades.

Paradójicamente, un régimen que proclamaba el fin de la lucha de clases no solo la mantuvo en la práctica, sino que la justificó ideológicamente. La existencia de ricos y pobres se presentaba como un designio natural y divino, consustancial al orden establecido. La riqueza permitía a unos ejercer la caridad y realizar buenas obras para alcanzar la salvación, mientras que la pobreza aparecía como una condición inevitable que debía ser aceptada con resignación por quienes la padecían. De este modo, la beneficencia sustituía a la justicia social y la desigualdad quedaba legitimada como expresión de un supuesto orden providencial.

LA MIGRACIÓN

El auge de la construcción respondió al crecimiento industrial y demográfico de las ciudades, al tiempo que parte de los capitales acumulados durante los años de la economía autárquica encontraron en la especulación inmobiliaria un nuevo espacio de inversión.

El auge de la construcción respondió al crecimiento industrial y demográfico de las ciudades, al tiempo que parte de los capitales acumulados durante los años de la economía autárquica encontraron en la especulación inmobiliaria un nuevo espacio de inversión.

Los emigrantes llegan pensando que encontrarán:

• trabajo estable;
• vivienda;
• mejores condiciones de vida.

Lo primero suele cumplirse parcialmente.

Lo segundo fracasa.

Y ese fracaso genera una nueva conciencia colectiva.

Ahí nace el movimiento vecinal.

Ese es precisamente el puente histórico hacia vuestro Movimiento Ciudadano, el régimen se vio obligado a reconocer públicamente la magnitud del chabolismo que durante años había negado.

Otxarkoaga fue una solución de urgencia. Y además una solución incompleta.

La emigración no sólo modificó la demografía de Abanto-Zierbena y del conjunto del Gran Bilbao. Transformó profundamente la estructura social. Miles de familias obreras comenzaron a compartir los mismos problemas: vivienda, urbanización, abastecimiento de agua, transporte, escuelas, centros sanitarios y equipamientos públicos. De aquellas necesidades comunes nació una conciencia vecinal que, con el paso de los años, acabaría organizándose en asociaciones de vecinos y, posteriormente, en movimientos ciudadanos que cuestionarían el modelo político y administrativo del franquismo.

La emigración interior, el rápido crecimiento urbano, el déficit de viviendas dignas, la ausencia de infraestructuras básicas y la incapacidad del régimen para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales fueron configurando un profundo malestar ciudadano. Sobre esa realidad cotidiana, más que sobre planteamientos ideológicos, comenzó a gestarse una nueva cultura de participación vecinal que, durante la década de los setenta, cristalizaría en el nacimiento del Movimiento Ciudadano como una de las expresiones más significativas de oposición social al franquismo y de reivindicación democrática en el ámbito municipal.

NUEVOS POBLAMIENTOS

La escasez de recursos económicos tras la Guerra Civil, unida al progresivo desplazamiento de la población del campo hacia las ciudades, provocó un acelerado crecimiento de los poblados de chabolas en las periferias urbanas. Algunos historiadores han definido este fenómeno como la «política del chabolismo», una práctica urbanística que caracterizó buena parte de la posguerra y cuyos efectos se prolongaron mucho más de lo que habitualmente se ha reconocido.

La remodelación de las ciudades pretendía proyectar la imagen de la denominada «Nueva España» franquista. Sin embargo, ese proceso relegó a las clases más humildes a los extrarradios urbanos, donde las condiciones de habitabilidad eran, en la mayoría de los casos, claramente deficientes. En la Zona Minera esta situación se agravó con la llegada de miles de trabajadores procedentes de distintos puntos de la península, atraídos por la expansión de la explotación minera y por la esperanza de encontrar un empleo que les permitiera mejorar sus condiciones de vida.

El diseño de estos nuevos asentamientos respondía, además, a la concepción que el régimen mantenía sobre las clases trabajadoras. La vivienda no era entendida únicamente como una necesidad social, sino también como un instrumento de control dentro del modelo paternalista y autoritario del franquismo. Este planteamiento impregnó buena parte de las políticas sociales de la época y condicionó el desarrollo urbanístico de numerosas localidades.

Desde una perspectiva actual resulta inevitable observar ciertas continuidades. Aunque el contexto político y económico es muy distinto, persisten modelos de intervención pública que, bajo diferentes formas, mantienen un carácter asistencialista. Frente a ello, conviene recordar que el acceso a un trabajo digno continúa siendo el principal instrumento para garantizar la autonomía personal y una distribución más equilibrada de la riqueza.

En este contexto, durante 1954 se aprobó la Ley de Viviendas de Renta Limitada, que reorganizó la legislación existente y definió el papel del Estado como prestamista de último recurso para los españoles que carecían de vivienda. No obstante, otorgó a la iniciativa privada el papel de principal promotora y reservó a la Obra Sindical del Hogar (O.S.H.) la función de instrumento público destinado, según el propio régimen, a corregir las desigualdades existentes.

La ley impulsó la ejecución de un amplio Plan de Viviendas para Productores y puso en marcha un sistema de financiación que movilizó recursos públicos y privados. Las cajas de ahorro participaron en la promoción de viviendas para sus empleados; numerosos empresarios colaboraron en los proyectos constructivos y la Iglesia promovió campañas como las conocidas Tómbolas Diocesanas, destinadas a recaudar fondos para la construcción de viviendas sociales.

Pese a estas iniciativas, la realidad de los suburbios continuó deteriorándose. La aceleración del proceso industrial durante la década de 1950 intensificó la emigración interior. Miles de familias abandonaban el medio rural para instalarse en pensiones, habitaciones realquiladas o viviendas compartidas con familiares, mientras otras muchas se veían obligadas a levantar chabolas carentes de agua corriente, alcantarillado y servicios básicos.

La continua llegada de emigrantes hizo crecer rápidamente los cinturones de infravivienda que rodeaban las principales ciudades. La Zona Minera no fue una excepción. La demanda de mano de obra para la explotación minera superó ampliamente la capacidad de alojamiento existente, generando importantes problemas urbanísticos y sociales que marcarían durante décadas la evolución de municipios como Abanto-Zierbena.

Las políticas de vivienda desarrolladas durante los años cincuenta no solo respondían a una necesidad inmediata, sino que sentaron las bases de un modelo de financiación y promoción inmobiliaria cuyos efectos se prolongarían durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Buena parte de las estructuras económicas, financieras y administrativas creadas entonces sobrevivieron a la Transición y continuaron influyendo en el mercado inmobiliario español hasta la crisis de 2008.

Comprender este proceso resulta imprescindible para interpretar la evolución histórica de Abanto-Zierbena. El crecimiento demográfico derivado de la inmigración, la construcción de nuevos barrios y las transformaciones sociales asociadas a la minería configuraron el escenario en el que, años después, surgirían nuevas formas de participación vecinal y ciudadana que acabarían cristalizando en el Movimiento Ciudadano.

LA ECONOMÍA FRANQUISTA

Tras la Guerra Civil de 1936 se consolidó una nueva élite económica estrechamente vinculada al régimen franquista. Sus integrantes supieron combinar responsabilidades políticas, administrativas y empresariales, transitando con frecuencia entre los órganos del Estado y los consejos de administración de las principales compañías. Durante décadas, el proteccionismo estatal, la ausencia de competencia y el control de los principales sectores económicos favorecieron la acumulación de grandes fortunas y la consolidación del capitalismo español.

Numerosos estudios han señalado que una parte importante de las grandes familias empresariales españolas hunden sus raíces en aquel periodo histórico. Apellidos como Serrano Suñer, Girón, Cortina, Alcocer, Letona, Carceller, Barrera de Irimo, Calviño, Fontana Codina o García Ramal representan esa estrecha relación entre poder político y poder económico que caracterizó al franquismo.

La autarquía de la posguerra primero y, posteriormente, el desarrollismo iniciado con el Plan de Estabilización de 1959 permitió la expansión de un modelo económico basado en la concentración del capital y en una intensa intervención estatal. El Instituto Nacional de Industria (INI) desempeñó un papel decisivo en ese proceso, impulsando la industrialización del país y favoreciendo el crecimiento de grandes grupos empresariales, muchos de cuyos herederos continúan ocupando posiciones relevantes en la economía española.

Más allá del crecimiento económico experimentado durante los años sesenta, la prosperidad no alcanzó por igual a toda la sociedad. El desarrollo convivió con importantes desigualdades sociales, bajos salarios, escasa protección laboral y una limitada capacidad de participación política de la ciudadanía. Esta contradicción explica, en buena medida, el surgimiento de nuevas formas de contestación social.

Precisamente durante aquellos años apareció una generación que ya no había vivido la Guerra Civil y que comenzaba a cuestionar el discurso legitimador del régimen. Paralelamente, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, fortalecidas tras la firma del Concordato de 1953, empezaron a mostrar síntomas de distanciamiento. Surgieron movimientos como la HOAC, la JOAC o las Vanguardias Obreras, integrados en gran medida por jóvenes sacerdotes que optaron por compartir la vida cotidiana de los barrios obreros y de los asentamientos más desfavorecidos.

La convivencia con aquella realidad transformó profundamente a muchos de ellos. El contacto diario con la pobreza, el desempleo y las difíciles condiciones de vida hizo que buena parte del clero de base adoptara posiciones cada vez más comprometidas con las reivindicaciones sociales. En el ámbito de Abanto-Zierbena, esta evolución quedó representada de manera especialmente significativa por la figura de Periko Solabarria.

Su labor en barrios como Las Calizas, La Barga, Barrio Fonso o Triano dejó una profunda huella entre numerosas familias trabajadoras. Con motivo de esta investigación tuve ocasión de releer Periko Solabarria. Conversaciones con la Juventud, intentando localizar la fecha de la primera misa que celebró en Las Calizas. Aunque no he podido documentarla con exactitud, todo parece indicar que pudo celebrarse entre 1954 y 1955. En aquella primera homilía asumió públicamente su compromiso pastoral junto a los vecinos de aquellos barrios obreros.

Conservo igualmente varios recuerdos personales de Periko que ayudan a comprender su dimensión humana. Recuerdo verlo emocionarse hasta las lágrimas durante una celebración religiosa. Años más tarde, en 1963, coincidí con él en la factoría de Altos Hornos de Bizkaia, donde trabajaba como un obrero más realizando tareas de peón. La última conversación que mantuvimos tuvo lugar durante las movilizaciones de la Coordinadora de Parados de la Margen Izquierda y Zona Minera, en diciembre de 1988, cuando los manifestantes acudieron al Ayuntamiento de Abanto-Zierbena. Me explicó entonces que aquellas protestas no iban dirigidas contra el alcalde ni contra la corporación municipal, sino contra la dramática situación que atravesaban miles de trabajadores sin empleo.

También permanece viva en mi memoria la intensa actividad cultural promovida por Periko en aquellos años: pequeñas representaciones teatrales en la escuela de Las Calizas, actividades en los pabellones de las antiguas viviendas de La Orconera, junto al pantano de Triano, y recitales de poesía que fueron abriendo espacios de participación y de acceso a la cultura para muchos jóvenes y trabajadores. Aquellas iniciativas anticipaban el espíritu renovador que, pocos años después, impulsaría el Concilio Vaticano II (1962-1965) en su propósito de acercar la Iglesia al mundo contemporáneo.

Tras su fallecimiento, el 24 de junio de 2015, la revista Punto y Hora recuperó una entrevista publicada en mayo de 1990 en la que Periko repasaba su trayectoria personal y recordaba con afecto a numerosos compañeros de la vida política y social de Gallarta y de la Margen Izquierda. Ese reconocimiento reflejaba el respeto que había logrado despertar entre personas de muy distintas sensibilidades ideológicas gracias a su permanente compromiso con el mundo del trabajo.

La evolución de sectores del clero comprometidos con la realidad obrera constituyó uno de los factores que contribuyeron al nacimiento de una nueva conciencia ciudadana. En muchos lugares, aquella experiencia compartida entre trabajadores, asociaciones vecinales y cristianos de base acabaría convergiendo con las reivindicaciones que, años después, darían forma al Movimiento Ciudadano.

Conviene recordar, sin embargo, que durante buena parte del franquismo la jerarquía eclesiástica mantuvo una estrecha colaboración con el régimen. El Concordato de 1953 otorgó a la Iglesia una posición privilegiada, especialmente en el ámbito educativo. Como señala Feliciano Blázquez:

"El monopolio de la Iglesia en las enseñanzas medias fue ingente..."

Los datos que aporta el autor reflejan el enorme peso de la enseñanza religiosa durante los años cincuenta, muy superior al de los centros públicos.

Mientras tanto, la nueva política económica impulsada por el ministro de Comercio, Alberto Ullastres, exigía importantes sacrificios a la clase trabajadora. El Plan de Estabilización de 1959 redujo el intervencionismo económico y frenó la inflación, pero también limitó salarios y eliminó numerosas horas extraordinarias que complementaban los ingresos de muchas familias obreras.

Es cierto que la Ley de Convenios Colectivos de 1958 introdujo algunos mecanismos de negociación entre empresarios y trabajadores mediante los jurados de empresa y los enlaces sindicales. Sin embargo, esos avances convivían con un sistema político autoritario que restringía las libertades sindicales y mantenía severas limitaciones al ejercicio de los derechos laborales. Al iniciarse la década de los sesenta, la mejora económica no había eliminado las profundas desigualdades sociales acumuladas durante los veinte años anteriores de dictadura.

LOS PROBLEMAS DE LOS BARRIOS

La evolución social desde los años sesenta hasta la Transición democrática quedó magníficamente reflejada en una conocida parodia popular que circuló entre amplios sectores de la clase trabajadora:

«Rogad a Dios en caridad por el alma de D. Aumento de Sueldo, de edad avanzada, desaparecido en España, víctima de Dña. Subida de Precios, la cual conducía un vehículo con aterradora velocidad. Su afligida señora Dña. Modesta Paga; hijos D. Anticipo, Dña. Deuda, Dña. Exigua Paga Extraordinaria y Dña. Esperanza; hija política Dña. Vergüenza (ausente) y primos (los productores) ruegan un piadoso recuerdo, lamentaciones y ayunos forzosos y que asistan a la conducción del cadáver desde la casa mortuoria (Ministerio del Trabajo) hasta el cementerio de la Esperanza (Delegación de Sindicatos), por lo que quedarán eternamente agradecidos. Varios Excelentísimos Señores han concedido muy buenas palabras en la forma acostumbrada.»

Aquel texto satírico resumía con extraordinaria claridad las preocupaciones que las políticas de austeridad del Gobierno despertaban entre la población trabajadora. La incertidumbre económica y los elevados costes sociales derivados de las medidas impulsadas por los ministros del desarrollismo desembocaron en importantes conflictos laborales, entre los que destacó la huelga de 1962. Sus reivindicaciones salariales y sociales enfrentaban al régimen con un dilema de difícil solución: modernizar la economía sin modificar las estructuras políticas de la dictadura.

La etapa de los tecnócratas representó el intento de modernizar la imagen exterior del franquismo sin alterar los fundamentos del poder. Fue un cambio de apariencia más que de contenido. El régimen pretendía aproximarse a Europa, mejorar su imagen ante los países occidentales y suavizar parcialmente los mecanismos de control que durante tres décadas habían condicionado la vida política y social española. Precisamente por esas pequeñas grietas abiertas en el sistema comenzaron a canalizarse el descontento y la frustración acumulados durante años.

La contradicción entre el crecimiento económico proclamado por el régimen y la realidad cotidiana de los barrios populares resultaba cada vez más evidente. Mientras la propaganda oficial hablaba de prosperidad y bienestar, miles de familias continuaban viviendo con graves carencias urbanísticas, viviendas de escasa calidad, insuficientes servicios públicos y una preocupante falta de equipamientos sociales.

Fue en ese contexto donde el movimiento vecinal adquirió una fuerza extraordinaria. Sus objetivos eran claros: romper el aislamiento impuesto durante décadas por la dictadura y recuperar espacios de participación desde los que la ciudadanía pudiera expresar sus necesidades y reivindicaciones. De ahí que el Movimiento Ciudadano fuese definido con frecuencia como un auténtico movimiento interclasista, capaz de reunir a personas de distintas procedencias sociales en torno a objetivos comunes.

(o que hemos venido soportando con el incumplimiento de la Constitución de 1978...»

y otra posterior: «...fue una escuela de democracia que no se ha superado ni social ni institucionalmente...» (Queda sinincluir).

En Abanto-Zierbena, barrios como Las Carreras, Sanfuentes y Gallarta constituyeron un magnífico ejemplo de esa evolución. Las fiestas populares, las actividades culturales y deportivas, el ocio compartido y, sobre todo, la lucha por conseguir infraestructuras básicas, favorecieron la creación de fuertes vínculos de solidaridad entre los vecinos.

La recuperación de la calle como espacio de encuentro, debate y reivindicación no respondió a ningún plan previamente diseñado. Surgió como consecuencia natural de la necesidad de hacer frente a los continuos problemas que afectaban a la población. Fue un proceso complejo, condicionado por las divisiones sociales heredadas y por los antagonismos que el propio régimen había fomentado durante décadas.

La movilización ciudadana encontró pronto el respaldo de numerosos profesionales —médicos, ingenieros, arquitectos, abogados y otros colectivos—, así como de una prensa que, tras la Ley Fraga, descubrió en las reivindicaciones vecinales un espacio desde el que denunciar la enorme distancia existente entre el discurso oficial del franquismo y la realidad cotidiana de los barrios.

La confluencia de todos estos factores otorgó al movimiento vecinal una extraordinaria capacidad de convocatoria. Durante los años setenta alcanzó su máximo desarrollo y despertó grandes expectativas de transformación social. Aquella movilización ciudadana impulsó una profunda preocupación por mejorar las condiciones de vida en el entorno más próximo y dirigió sus demandas hacia unos ayuntamientos todavía franquistas, hasta desembocar en la constitución de las primeras corporaciones democráticas surgidas de las elecciones municipales de abril de 1979.

La consolidación del Movimiento Ciudadano durante los últimos años de la dictadura fue posible gracias a los escasos cauces legales permitidos por el propio régimen: asociaciones de vecinos, asociaciones de amas de casa y determinados espacios de reunión tolerados en parroquias, iglesias y sacristías. Aquellos ámbitos, aparentemente limitados, se transformaron en auténticos lugares de organización, debate y participación ciudadana.

Fue una etapa de intensas reivindicaciones por la libertad y por la mejora de las condiciones de vida: el derecho a una vivienda digna, una sanidad pública de calidad, unos transportes accesibles, salarios suficientes, el control de la carestía de la vida y un urbanismo pensado para las personas. En definitiva, un amplio movimiento social que cuestionó, desde la realidad cotidiana de los barrios, las limitaciones del régimen establecido.

Numerosos historiadores consideran que el movimiento vecinal constituyó una auténtica escuela de democracia y una antesala de las libertades públicas que llegarían con la Transición. En él se consolidó la convicción de que la ciudadanía debía participar activamente en todas aquellas decisiones que afectaban a su vida diaria, especialmente en cuestiones tan determinantes como el urbanismo, la vivienda, la sanidad o los servicios públicos.

No resulta extraño, por ello, que el Movimiento Ciudadano despertara tantas esperanzas. Su influencia alcanzó múltiples aspectos de la vida cotidiana, desde la transformación de los espacios urbanos hasta la creación de sólidos lazos de colaboración con el movimiento obrero y otros sectores sociales.

Tampoco puede olvidarse el decisivo papel desempeñado por las Asociaciones de Vecinos en la organización de numerosos colectivos populares. Especial relevancia tuvo la incorporación de muchas mujeres a la vida pública, rompiendo el papel subordinado que les había impuesto el franquismo. Su participación activa en las reivindicaciones ciudadanas constituyó uno de los cambios sociales más significativos de aquella etapa y contribuyó decisivamente a fortalecer el tejido asociativo y democrático de los barrios.

LAS ASOCIACIONES DE VECINOS

En este proceso histórico, tras décadas de opresión franquista, las Asociaciones de Vecinos fueron desarrollándose en numerosas ciudades de la península como una de las principales expresiones de organización ciudadana. Su impulso procedía de diferentes corrientes ideológicas —comunistas, socialdemócratas, nacionalistas, cristianas y otras—, cuya influencia variaba según las características sociales, económicas y políticas de cada territorio.

Dentro de este amplio proceso asociativo pueden destacarse tres aspectos fundamentales:

1. El protagonismo político del Movimiento Ciudadano. En los últimos años de la dictadura, las Asociaciones de Vecinos constituyeron uno de los escasos espacios legales desde los que numerosos ciudadanos pudieron organizarse y reivindicar mejoras colectivas. Ese marco permitió también que diversas fuerzas políticas fueran abandonando progresivamente la clandestinidad, recuperando presencia pública tras más de dos décadas de represión.
2. La importancia del Movimiento Ciudadano en la transición democrática. Valorar adecuadamente su génesis y desarrollo permite recuperar una visión de la transición española que sitúe a los movimientos sociales populares como protagonistas de la conquista de la democracia desde abajo. Su práctica participativa y asamblearia representó una forma de organización muy distinta a la de los partidos políticos jerarquizados, convirtiéndose en un verdadero instrumento de participación en los problemas cotidianos de la ciudadanía.
3. La frustración de muchas de las expectativas generadas. Comprender por qué buena parte de las esperanzas depositadas en el Movimiento Ciudadano terminaron diluyéndose constituye todavía uno de los grandes retos para la Historia del Tiempo Presente. El desarrollo del proceso de transición, condicionado por factores políticos, sociales y, especialmente, económicos, condujo a un modelo que, desde la perspectiva de numerosos movimientos ciudadanos, quedó alejado de las aspiraciones de participación directa y democracia de base que habían inspirado sus luchas. En ese proceso, el comportamiento de los partidos políticos desempeñó un papel decisivo, favoreciendo progresivamente estructuras institucionales cada vez más distantes de aquellos movimientos ciudadanos transversales, no clasistas e independientes de los intereses partidistas.

A partir de los años setenta comenzaron a constituirse las Federaciones de Asociaciones de Vecinos en las principales ciudades, proporcionando al movimiento vecinal una mayor coordinación, capacidad organizativa y fuerza reivindicativa.

EL MOVIMIENTO VECINAL EN BILBAO

El desarrollo del movimiento vecinal en Bilbao estuvo marcado tanto por la evolución general del despertar ciudadano en España como por la situación política y urbanística que atravesaba la capital vizcaína durante los últimos años del franquismo.

La etapa de la alcaldesa Pilar Careaga, que gobernó la ciudad entre 1969 y 1975, coincidió con un intenso crecimiento urbano caracterizado por importantes carencias de planificación, equipamientos e infraestructuras en numerosos barrios periféricos. Esta situación favoreció el surgimiento de un movimiento vecinal especialmente activo, que convirtió las reivindicaciones urbanísticas y sociales en uno de los principales ejes de movilización ciudadana.

Entre las iniciativas más significativas de aquellos años destacan el denominado Libro Negro de Rekalde, las campañas en defensa de zonas verdes y espacios públicos, las reivindicaciones para mejorar las condiciones de vida en los barrios y las movilizaciones contra la carestía de la vida y el constante incremento de los precios de los artículos de primera necesidad. Estas luchas trascendieron las demandas estrictamente urbanísticas para convertirse en una auténtica escuela de participación democrática y organización popular, anticipando muchas de las transformaciones sociales que acompañarían al final de la dictadura.

EL PROCESO DEL M.C. EN ABANTO-ZIERBENA

El propósito de esta recopilación es poner en valor el proceso desarrollado por el Movimiento Ciudadano (M.C.) en Abanto-Zierbena y rescatar del olvido una experiencia colectiva que tuvo una incidencia decisiva en la evolución política, social y municipal del municipio. Se presta especial atención a los cambios producidos desde los últimos años del franquismo hasta la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas y, muy especialmente, a los mandatos de 1979-1983 y 1987-1991, por constituir el hilo conductor de las personas y de los acontecimientos que protagonizaron aquella transformación.

Desde aquellos primeros años hasta 1995 se fue configurando una forma singular de entender la gestión municipal, donde el Movimiento Ciudadano adquirió un protagonismo determinante junto al desarrollo de la transición política y la consolidación de los ayuntamientos como instituciones más próximas a la ciudadanía, que los pactos de gobierno posteriores llevados a cabo entre PSOE/EE.-PNV., que impidieron su continuidad, arrastrando con ello, una gestión partidista muy alejada de la efectuada por el Movimiento Ciudadano.

La administración local durante la transición constituyó, en gran medida, una continuidad del aparato administrativo heredado del franquismo. Una parte importante de la extensa bibliografía sobre este periodo centró inicialmente su atención en los llamados "actores centrales" —Juan Carlos I, Torcuato Fernández-Miranda, Adolfo Suárez y otros dirigentes procedentes del propio régimen—, dado que el proceso democratizador fue impulsado fundamentalmente desde las instituciones del Estado. A esta dirección política se sumó el respaldo de las principales élites económicas del franquismo y la decisiva influencia ejercida por los gobernadores civiles, encargados de supervisar estrechamente la actuación de unos ayuntamientos cuyos alcaldes continuaban siendo designados desde el poder central.

Sin negar la importancia de esa dimensión institucional, resulta imprescindible incorporar la perspectiva local para comprender con mayor profundidad aquel periodo histórico. Los municipios constituían la administración más cercana a la ciudadanía y el escenario donde las demandas sociales, las reivindicaciones vecinales y las aspiraciones democráticas adquirían una expresión concreta. Desde esta óptica, el análisis del Movimiento Ciudadano permite comprender cómo una parte de la sociedad fue construyendo espacios de participación y organización colectiva que contribuyeron decisivamente a la apertura política.

Para llevar a cabo esta recopilación se dispone de una abundante documentación procedente de archivos institucionales y administrativos, cuya conservación ha permitido reconstruir buena parte de los acontecimientos analizados. Estos fondos documentales se complementan con publicaciones de la época, actas municipales, expedientes administrativos y otros documentos que permiten contextualizar la evolución política y social del municipio.

Más difícil resulta la recuperación de los archivos privados y de la memoria de quienes protagonizaron aquellos acontecimientos. Sin embargo, todavía permanecen entre nosotros hombres y mujeres capaces de ofrecer un valioso testimonio oral sobre las experiencias vividas durante los últimos años de la dictadura y la transición. Conservar esa memoria constituye una obligación histórica antes de que desaparezcan quienes fueron testigos directos de la represión, de las movilizaciones vecinales y de la construcción de las primeras formas de participación ciudadana.

Una parte importante de los estudios recientes ha prestado mayor atención a la oposición antifranquista que al propio funcionamiento del régimen durante sus últimos años. Analizar únicamente una de estas dimensiones conduce inevitablemente a una visión parcial de la realidad. Resulta difícil comprender la prolongada permanencia del franquismo durante casi cuarenta años, así como las características del proceso de transición posterior, sin estudiar conjuntamente la evolución del régimen, de las élites económicas y administrativas que lo sostuvieron y de los movimientos sociales que impulsaron el cambio. Esta cuestión ya fue abordada con mayor amplitud en la obra Noventa años de neoliberalismo, presentada con motivo de las Elecciones Municipales de 2023.

Conviene recordar igualmente que el sistema de partidos que comenzó a configurarse durante la transición no nació plenamente consolidado desde el punto de vista democrático. Muchas de sus estructuras organizativas y de sus formas de funcionamiento fueron desarrollándose de manera gradual, mientras el Movimiento Ciudadano trataba de abrir nuevos espacios de participación directa de la ciudadanía.

La imagen de una sociedad completamente pasiva durante los años setenta ha sido corregida por numerosos estudios que ponen de manifiesto el elevado grado de movilización existente entre amplios sectores populares. Es cierto que el proceso de transición se articuló mediante acuerdos alcanzados entre las élites políticas una vez fallecido Franco; sin embargo, también resulta evidente que la creciente presión social ejercida desde el movimiento obrero, las asociaciones vecinales y otros colectivos ciudadanos contribuyó a debilitar progresivamente al régimen y creó las condiciones que hicieron posible su transformación.

Quienes participamos en aquel proceso vivimos directamente buena parte de esos acontecimientos. Las reseñas y documentos que aquí se recogen pretenden recuperar aquella experiencia colectiva y poner en valor el esfuerzo desarrollado por cientos de personas que apostaron por el asociacionismo, la participación ciudadana y el compromiso cívico como instrumentos para construir una sociedad más democrática.

Los estudios de ámbito local han servido hasta ahora para contrastar muchas de las interpretaciones generales sobre el franquismo y la transición. No obstante, resulta igualmente necesario construir un modelo propio de análisis que permita comprender las particularidades del proceso vivido en cada municipio, prestando especial atención a la continuidad de determinadas élites políticas, económicas y administrativas vinculadas al régimen anterior y a la influencia que siguieron ejerciendo durante los primeros años de la democracia.

El estudio de estas instituciones y de las personas que las dirigieron constituye un campo de investigación fundamental para comprender tanto la evolución de las élites franquistas como las limitaciones que condicionaron el desarrollo de la participación democrática y el control ciudadano sobre la gestión pública.

El verdadero debate sobre la transición no debería centrarse exclusivamente en determinar si el cambio político fue impulsado por las élites o por la sociedad civil, sino en analizar las complejas interacciones que se produjeron entre ambas. Solo desde esa comprensión será posible interpretar con rigor la evolución de los acontecimientos que condujeron a la situación actual y extraer enseñanzas que permitan avanzar hacia un modelo de democracia más participativo, transparente y cercano a la ciudadanía.

Esta recopilación pone asimismo de relieve el extraordinario papel desempeñado por las Asociaciones de Vecinos del municipio y por las personas que las sostuvieron, con especial reconocimiento a la Asociación de Vecinos de Gallarta, por la desgarradora situación vivida con la destrucción del pueblo.

Su actuación resultó decisiva para denunciar las graves consecuencias sociales derivadas de la actividad de la Franco-Belga y, posteriormente, de Agruminsa, empresas cuya actuación contó durante décadas con el respaldo de las autoridades franquistas. Aquellas organizaciones vecinales constituyeron uno de los principales instrumentos de defensa de la población frente a los abusos sufridos y representan hoy una parte esencial de la memoria democrática de Abanto-Zierbena.

LOS GOBERNADORES CIVILES

A escala provincial, los Gobiernos Civiles desempeñaron un papel decisivo durante los últimos años del franquismo y en el proceso político abierto tras la muerte de Franco. Mientras las corporaciones municipales y las diputaciones permanecían prácticamente inalteradas, los gobernadores civiles se convirtieron en el principal instrumento del Gobierno para dirigir la evolución institucional hasta la celebración de las primeras elecciones municipales de abril de 1979.

Como máximos representantes del Gobierno en cada provincia, ejercían funciones políticas, administrativas y de orden público. Coordinaban la actuación de los ayuntamientos, transmitían las directrices del Gobierno central y elevaban a Madrid las principales necesidades y reclamaciones del ámbito provincial.

Después de la muerte de Franco, las corporaciones locales continuaron integradas por los mismos cargos designados durante la dictadura, salvo algunas comisiones gestoras nombradas de forma excepcional. Esta situación permitió al Gobierno mantener un control efectivo de la administración territorial mientras se desarrollaba el proceso de reforma política.

Durante aquellos años, los gobernadores civiles constituyeron una pieza esencial de la estrategia impulsada primero por el Gobierno de Carlos Arias Navarro y, posteriormente, por el de Adolfo Suárez. Ambos recurrieron a frecuentes cambios de destino y nuevos nombramientos para garantizar la estabilidad institucional. No resulta casual que tanto Adolfo Suárez como Rodolfo Martín Villa hubieran desempeñado anteriormente el cargo de gobernador civil, lo que les proporcionaba un profundo conocimiento del funcionamiento de la Administración periférica del Estado.

A finales de 1976 se celebró en Madrid una reunión de gobernadores civiles convocada por el nuevo Gobierno. Su principal objetivo fue preparar el referéndum de la Ley para la Reforma Política y garantizar el mantenimiento del orden público durante un periodo especialmente delicado. Aunque muchos de aquellos gobernadores mostraban un estilo más dialogante que sus predecesores, todos compartían un mismo principio: la lealtad al Gobierno y a las instituciones surgidas del régimen franquista.

La autoridad del gobernador civil apenas era discutida. Como jefe provincial del Movimiento y máxima autoridad gubernativa de la provincia, su función consistía en aplicar las directrices procedentes de Madrid, coordinar las instituciones provinciales y asegurar la continuidad del Estado durante un periodo de profundas transformaciones políticas.

EL AYUNTAMIENTO DE ABANTO-ZIERBENA ANTE EL CAMBIO POLÍTICO

En este contexto, el municipio de Abanto-Zierbena no constituyó una excepción.

Luis Andrés Merodio había sido nombrado alcalde por el Gobernador Civil de Vizcaya el 10 de septiembre de 1974 y permaneció al frente del Ayuntamiento hasta las elecciones municipales de 1979. Durante aquellos años tuvo que afrontar una situación especialmente compleja, marcada por profundas transformaciones económicas, urbanísticas y sociales.

Consciente de la falta de legitimidad democrática de las corporaciones heredadas del franquismo, decidió concurrir a las elecciones municipales celebradas el 3 de abril de 1979. Sin embargo, obtuvo únicamente 690 votos y dos concejales, sin llegar a formar parte del nuevo gobierno municipal.

A pesar de ello, durante su mandato coincidieron diversos acontecimientos que modificaron profundamente la situación económica puntual del Ayuntamiento.

LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y LA REALIDAD MUNICIPAL

La construcción del Superpuerto de Bilbao, las expropiaciones realizadas en Zierbena por la Junta de Obras del Puerto, la entrada en funcionamiento de Petronor, la explotación forestal desarrollada por ICONA y el incremento del Impuesto Industrial proporcionaron al Ayuntamiento unos ingresos extraordinarios desconocidos hasta entonces.

Las expropiaciones vinculadas al Superpuerto aportaron aproximadamente 103 millones de pesetas. A ello se añadieron más de 55 millones procedentes de las distintas tasas satisfechas por Petronor, cerca de 9 millones derivados de la venta de madera de los montes consorciados con ICONA y un importante incremento de la participación municipal en el Impuesto Industrial.

Aquella situación generó una sensación de prosperidad que impulsó numerosos proyectos de futuro. Sin embargo, esa abundancia económica ocultaba una realidad muy distinta: el municipio continuaba careciendo de las infraestructuras más elementales y arrastraba importantes carencias acumuladas durante décadas.

La nueva corporación municipal elegida en 1979 encontró un presupuesto ordinario claramente insuficiente para afrontar el funcionamiento diario del Ayuntamiento, además de una importante deuda pendiente con proveedores y empresas suministradoras, entre ellas Iberduero.

A todo ello se sumaba una realidad mucho más grave: el municipio necesitaba inversiones valoradas entonces en torno a los 1.200 millones de pesetas para dotarse de unas infraestructuras básicas acordes con las necesidades de la población.

LA HERENCIA URBANÍSTICA DEL FRANQUISMO

Buena parte de aquella situación tenía su origen en el modelo urbanístico aplicado durante el franquismo.

El resurgimiento del nuevo núcleo urbano de Gallarta no respondió a una planificación municipal propia, sino a los criterios establecidos por el Plan de Ordenación Urbana y Comarcal de Bilbao y su Zona de Influencia, aprobado en 1945 y posteriormente sustituido por el Plan General de 1964.

Abanto-Zierbena carecía de un Plan General propio y las distintas urbanizaciones fueron construyéndose de manera aislada, sin una planificación conjunta que garantizara su integración territorial ni la adecuada dotación de equipamientos públicos.

Así surgieron barrios como El Minero, Sanfuentes, Doctor Areilza o El Casal, concebidos desde planteamientos ajenos a las necesidades reales del municipio.

Aquella ausencia de planificación provocó graves problemas de conexión entre los distintos núcleos urbanos y una deficiente calidad constructiva que obligó pocos años después a acometer numerosas reparaciones en viviendas, accesos, redes de saneamiento, alumbrado público y espacios urbanos.

EL DETERIORO DE GALLARTA Y EL NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO CIUDADANO

La explotación minera agravó todavía más aquella situación.

El avance de las explotaciones obligaba a derribar viviendas, modificar calles, eliminar plazas, trasladar iglesias, colegios y comercios y romper progresivamente la estructura social del antiguo Gallarta. A ello se añadían las expropiaciones, las bajas valoraciones económicas, los caminos cortados, el polvo, el ruido de las voladuras, las grietas en las viviendas, la rotura de conducciones de agua y saneamiento y la desaparición de numerosos espacios de convivencia ciudadana.

A medida que avanzaba la mina, el municipio perdía parte de su identidad colectiva.

Al mismo tiempo, numerosos barrios seguían careciendo de infraestructuras básicas, equipamientos sanitarios, accesos, alumbrados, agua potable y viviendas dignas. Las carencias afectaban especialmente a zonas como Santa Juliana, La Balastera, Campillo, Cotorrio, Barrio Fonso, Las Calizas o Triano, la periferia de los núcleos más poblados de Gallarta, Las Carreras o Sanfuentes es donde mas se padecía.

Fue precisamente la acumulación de todos estos problemas la que impulsó la organización de la ciudadanía. Las asociaciones vecinales comenzaron a canalizar las reivindicaciones de los barrios y a exigir soluciones para unas necesidades que durante años habían permanecido sin respuesta.

En Abanto-Zierbena, estas reivindicaciones adquirieron una intensidad singular debido a la explotación minera y a la profunda transformación urbana que sufrió Gallarta. La defensa del territorio, de unas condiciones de vida dignas y del derecho de los vecinos a participar en las decisiones que afectaban a su municipio fue configurando, de forma progresiva, una conciencia colectiva que terminaría cristalizando en el Movimiento Ciudadano.

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE GALLARTA

Los Estatutos de la Asociación de Vecinos de Gallarta obtuvieron su reconocimiento administrativo en abril de 1975. Sin embargo, su origen es anterior y debe situarse en el progresivo proceso de organización ciudadana que fue surgiendo como respuesta a los numerosos atropellos sociales, urbanísticos y ambientales derivados del avance de la explotación minera. Esta situación se agravó especialmente a partir de 1959, cuando la empresa Franco-Belga intensificó la explotación a cielo abierto en la zona de la calle Peñucas.

Antes incluso de su legalización, ya se había ido configurando un movimiento vecinal, todavía disperso, que canalizaba las crecientes preocupaciones de la población ante la desaparición de barrios, la falta de servicios públicos y la ausencia de una planificación urbanística capaz de responder a las necesidades del municipio. La constitución oficial de la Asociación permitió dotar de una estructura organizada a ese descontento ciudadano.

Para desarrollar su actividad, la Asociación se organizó en cinco grandes Comisiones Informativas: Sanidad, Urbanismo, Cultura, Padres y Junta Directiva, esta última encargada de coordinar, orientar y canalizar el trabajo conjunto. De ellas dependían diversas subcomisiones dedicadas a ámbitos específicos como Preescolar, Juventud, Biblioteca, Ikastola, Formación Profesional, Jubilados y Chavales, reflejando así la amplitud de intereses y necesidades presentes en la sociedad gallartina. Toda esta estructura organizativa quedó recogida en el primer boletín informativo de la Asociación.

El trabajo desarrollado por estas comisiones fue generando un fuerte compromiso colectivo frente a las numerosas carencias que padecía el municipio. La insuficiencia de infraestructuras, la degradación del entorno urbano, la falta de equipamientos públicos y las consecuencias derivadas de la explotación minera pasaron a constituir el eje principal de sus reivindicaciones. Muchas de estas demandas serían asumidas posteriormente por las primeras corporaciones municipales elegidas tras el franquismo. Sin embargo, la escasa capacidad económica de aquellos ayuntamientos, heredada de la etapa anterior, obligó a prolongar durante años la solución de numerosos problemas.

Si nos centramos en la evolución urbanística del municipio, pueden identificarse cuatro grandes actuaciones iniciadas o desarrolladas durante el franquismo que condicionaron profundamente el futuro de Abanto-Zierbena y, de forma muy especial, el de Gallarta. Todas ellas estuvieron marcadas por la inexistencia de un Plan General de Ordenación Urbana que integrara las necesidades de la población y respondiera a las continuas afecciones provocadas por la explotación minera de Agruminsa.

Estas actuaciones fueron:

1. Las instalaciones mineras de Bodovalle-Loredo (Franco-Belga y posteriormente Agruminsa).
2. La ampliación de la Corta y la consiguiente reubicación de numerosas barriadas.
3. El desarrollo del Plan Parcial del Polígono El Casal, ejecutado en cuatro fases.
4. El Plan Parcial del Polígono El Campillo.

A estas intervenciones habría que añadir la construcción del Centro Cívico, que, aunque respondía a una finalidad distinta, terminó integrándose en un proceso urbanístico desarrollado sin una planificación global.

El conjunto de estas actuaciones, unido a la explotación intensiva e irracional llevada a cabo primero por la Franco-Belga y posteriormente por Agruminsa, terminó configurando un auténtico caos urbanístico. Sus consecuencias no se limitaron a la progresiva desaparición del antiguo Gallarta, sino que condicionaron la evolución de todo el municipio mediante actuaciones aisladas, escasamente coordinadas y subordinadas, en demasiadas ocasiones, a los intereses de la explotación minera. Las secuelas de aquel modelo de desarrollo todavía pueden apreciarse en la actualidad, tanto en la configuración del territorio como en los sucesivos procesos de recalificación del suelo que favorecieron dinámicas especulativas.

ALGO PUNTUAL DE HISTORIOGRAFÍA

La Primera Guerra Mundial marcó el final del gran ciclo expansivo de la minería vizcaína iniciado tras la abolición de los fueros. Entre 1876 y 1913 la producción alcanzó cifras extraordinarias, llegando en 1899 a su máximo histórico con 6.495.000 toneladas de mineral de hierro. A partir de entonces comenzó un prolongado período de decadencia que se prolongó hasta la Guerra Civil española y que obedeció, fundamentalmente, a la brusca reducción de la demanda exterior, principal destino del mineral vizcaíno durante las décadas precedentes.

La posguerra y, especialmente, el desarrollismo de las décadas de 1950 y 1960 modificaron profundamente esta situación. La minería dejó de orientarse prioritariamente hacia la exportación para abastecer a la industria siderúrgica nacional, cuyo principal consumidor era Altos Hornos de Vizcaya (AHV). Este cambio de modelo exigía adaptar las explotaciones a unas nuevas necesidades productivas y económicas, iniciándose un proceso de modernización técnica y de concentración empresarial sin precedentes en la cuenca minera.

Sin embargo, la minería vizcaína se enfrentaba entonces a una realidad cada vez más evidente. Los ricos yacimientos superficiales de hematites, conocidos tradicionalmente como rubios, se encontraban prácticamente agotados. A comienzos de los años cincuenta la producción anual había descendido hasta situarse entre las 800.000 y las 900.000 toneladas, muy lejos de los más de seis millones alcanzados a finales del siglo XIX. La continuidad de la actividad minera dependía ya de la explotación de los carbonatos, minerales más abundantes, aunque de extracción y tratamiento mucho más complejos.

Los estudios realizados sobre el criadero vizcaíno estimaban unas reservas próximas a los setenta millones de toneladas, de las cuales apenas un veinte por ciento correspondía a óxidos de hierro o rubios, mientras que el ochenta por ciento restante estaba constituido por carbonatos. Las mayores reservas se localizaban en la zona minera de Bilbao y, especialmente, en Bodovalle (Gallarta), cuyos minerales presentaban una calidad muy apreciable para la siderurgia una vez sometidos a los tratamientos adecuados. Todo ello confirmaba que el futuro de la minería vizcaína descansaba sobre el aprovechamiento racional de estos yacimientos profundos.

Pero la explotación de los carbonatos planteaba dificultades muy diferentes a las de la minería tradicional. Las masas mineralizadas se encontraban a profundidades que alcanzaban los trescientos metros por debajo del nivel del mar y aparecían frecuentemente atravesadas por calizas estériles, lo que incrementaba considerablemente los costes de extracción. A ello se añadían las pérdidas derivadas de la calcinación y los problemas técnicos ocasionados por el elevado contenido de azufre y la naturaleza pulverulenta del mineral, circunstancias que limitaban su utilización directa en los hornos altos y obligaban a desarrollar nuevos sistemas de concentración y sinterización.

La magnitud de estas inversiones hacía inviable la continuidad de una minería basada en explotaciones dispersas y empresas independientes. Resultaba imprescindible concentrar los recursos económicos, técnicos y humanos para afrontar una nueva etapa extractiva. En este contexto, Altos Hornos de Vizcaya inició un proceso de integración de las principales compañías mineras de Bizkaia y Cantabria que habían ido pasando progresivamente a su control con el objetivo de garantizar el abastecimiento de mineral para la siderurgia.

Fruto de esta estrategia, en 1968 se constituyó Agrupación Minera, S.A. (Agruminsa), sociedad que agrupó el patrimonio, las concesiones y las instalaciones de empresas históricas como Luchana Mining Company, Orconera Iron Ore Company y la Sociedad Franco Belga, protagonistas del extraordinario desarrollo minero vizcaíno desde finales del siglo XIX. Con ello desaparecía el antiguo modelo basado en numerosas compañías explotadoras y nacía una organización empresarial única, capaz de afrontar las inversiones que exigía la explotación moderna de los carbonatos.

Dentro de Agruminsa, el denominado Centro Vizcaya se convirtió en el principal núcleo productivo. La Sociedad Franco Belga explotaba los carbonatos de la Corta Concha, próxima a Gallarta, con instalaciones de calcinación en Cadegal (Ortuella), mientras que Orconera mantenía la explotación subterránea de Bodovalle y diversos cotos de Matamoros y La Arboleda. La integración de ambas compañías permitió racionalizar los trabajos, unificar instalaciones y concentrar los recursos en las explotaciones de mayor rendimiento.

Las ventajas derivadas del Régimen de Acción Concertada, junto con las bonificaciones fiscales y los derechos arancelarios vigentes en aquellos años, facilitaron una profunda modernización de las instalaciones. Se incorporaron nuevos sistemas de extracción, transporte, trituración, concentración y tratamiento del mineral que hicieron posible invertir la tendencia descendente de la producción mantenida desde la década de 1930. Como resultado de estas inversiones, el Centro Vizcaya alcanzó en 1978 una producción superior a los dos millones de toneladas anuales, recuperando unos niveles que no se registraban desde hacía casi medio siglo.

La explotación conjunta de la Corta de Gallarta y de la mina subterránea de Bodovalle constituyó la culminación técnica de la minería vizcaína. Durante aproximadamente veinticinco años estas instalaciones representaron el mayor esfuerzo tecnológico realizado para mantener viva la actividad extractiva en Bizkaia. Paradójicamente, aquella modernización coincidía con el inicio de la profunda reconversión de la siderurgia europea, circunstancia que acabaría condicionando su futuro.

El proceso de reconversión industrial desarrollado durante los primeros años de la década de 1990 condujo a la desaparición progresiva de Altos Hornos de Vizcaya y puso fin a la última gran etapa de la minería del hierro en Bizkaia. Aunque algunas actividades industriales se prolongaron algunos años más, 1993 simboliza el comienzo del cierre definitivo de un modelo económico que había marcado la historia de la provincia durante más de un siglo.

Como legado de aquella última etapa quedó la Corta de Bodovalle, en Gallarta (Abanto-Zierbena), una explotación a cielo abierto en la que se excavaron alrededor de 14 millones de metros cúbicos de materiales, junto a una compleja mina subterránea con más de 50 kilómetros de galerías accesibles desde la propia corta. El conjunto constituye hoy uno de los paisajes industriales más relevantes del País Vasco y un testimonio excepcional de la evolución tecnológica, económica y social de la minería vizcaína. Su singularidad geológica, el valor de sus infraestructuras y la trascendencia histórica del espacio convierten a Bodovalle en un elemento esencial para comprender el proceso de industrialización de la cuenca minera y el papel que ésta desempeñó en el desarrollo económico de Bizkaia.

1. INSTALACIONES DE LOREDO (FRANCO BELGA–AGRUMINSA). EL PROCESO DE RECALIFICACIÓN DE LOS TERRENOS

Uno de los antecedentes más significativos del proceso que conduciría a la consolidación de la gran explotación minera en Gallarta se encuentra en la actuación administrativa desarrollada en torno a los terrenos de Loredo. La documentación municipal permite seguir con bastante precisión cómo fueron adoptándose decisiones que, con el paso de los años, terminarían favoreciendo la expansión de las instalaciones mineras sobre unos terrenos cuyo destino inicial respondía a otros planteamientos urbanísticos.

Con fecha 17 de septiembre de 1970, el Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana, reunido en sesión plenaria extraordinaria, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo.

El Ayuntamiento por unanimidad acuerda: en principio, este Ayuntamiento por cuanto se refiere a su exclusiva competencia, no encuentra inconveniente alguno a que los terrenos que adquirieron Orconera Iron Ore C.A. y Agrupación Minera, S.A., por la permuta proyectada con la S.A. Franco Belga de Minas de Somorrostro, en el Barrio de Loredo y colindante con los que servirán para la construcción de 500 viviendas por el Ministerio de la Vivienda, sirvan para la futura expansión industrial de las Empresas solicitantes, siempre que por supuesto, obtengan la calificación a informes favorables de la Corporación Administrativa “Gran Bilbao”, organismo rector del Plan Comarcal, que comprende este Municipio de Abanto y Ciérvana.

Como quiera que por las indicadas Empresas no se concreta que tipo y clase de aquellas serán instaladas, se advierte que, por este Ayuntamiento, lo serán las que a continuación se indican:

En los terrenos colindantes a la zona de edificación, solo podrán instalarse talleres de calderería, de mantenimiento o almacén de utillaje, en los que no sean tratados ni existan actividad alguna productora de humo o gases, ni peligrosas. Esta zona tendrá una línea de profundidad hacia el Noroeste de 30 metros en línea recta.

En la zona siguiente a esta primera, podrán instalarse depósitos o almacenes de minerales crudos, pero nunca mineral calcinado.

En ningún momento se autorizará ni concederá licencia para instalar hornos de calcinación o instalaciones de sinterización.

Finalmente, los terrenos urbanizables y los que adquieran las Empresas solicitantes, estarán separados por un camino de uso público de ocho metros de anchura, que sustituirá al actualmente existente.

Como se puede observar, de la lectura de dicho acuerdo el ayuntamiento lleva a cabo una “improcedencia” y como los órganos administrativos locales, están supeditados y ligado a todo el procedimiento franquista, al margen de las personas corporativas, doblegando el interés público al privado y donde se puede entresacar algunas conclusiones al respecto:

1.- La propiedad de los terrenos en los cuales se lleva la permuta por las Compañías Mineras, en ningún momento por parte del Ayuntamiento hace la más mínima observación, ya que en un principio dichos terrenos son municipales y cedidos a las compañías mineras para explotación de los minerales que se encuentran en su superficie y son actos para su extracción comercial.

Luego la disponibilidad de dichos terrenos para actividades diferentes a la extracción de minerales no está contemplada en la concesión para la explotación y extracción minera prevista en un principio.

Por tal motivo, el acuerdo corporativo debía de ser defensor de su patrimonio desde la óptica de defensa de la propiedad de los terrenos concedidos por cien años en su día, para la explotación y saca de mineral, pero no para otras posibles y diferentes actividades industriales, presagio de las futuras Expropiaciones Forzosas.

2.- Si este primer punto es importante, en razón de la defensa del patrimonio municipal, el desarrollo del acuerdo llevado a cabo por el Ayuntamiento, destila todo él una hipocresía insultante, donde pone como exigencia en su punto 1, 2, 3, unas obligaciones que a priori las empresas no las necesitaban para poder desarrollar sus actividades previstas y enmascarar de esta manera sibilina, unas imposiciones ajenas a la previsión de las compañías mineras sin una efectividad real (las competencias urbanísticas son de la Corporación Administrativa Gran Bilbao), obviando por otra parte, cual es el papel fundamental que ha jugado históricamente el “Camino Publico”, reseñado en su apartado c), según Certifica Don Patricio Valles, Secretario del Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana de fecha 18 de septiembre de 1970.

Con estos mismos procederes y ya constituidas las nuevas Corporaciones locales, seguían coleando procesos administrativos que llegan sin poder resolverse hasta el 4 de julio de 1979, relacionados con el Plan Especial de Agruminsa en la zona de Loredo.

El contenido del acuerdo resulta especialmente revelador, no sólo por lo que aprueba expresamente, sino también por aquello que omite. Desde la perspectiva jurídica y patrimonial pueden extraerse varias conclusiones.

La defensa del patrimonio municipal

La primera cuestión afecta directamente a la naturaleza de los terrenos objeto de la permuta. En ningún momento el Ayuntamiento plantea reserva alguna respecto a la titularidad originaria de dichos suelos, a pesar de que éstos habían sido cedidos para la explotación minera y no para la implantación de nuevas actividades industriales.

Las concesiones otorgadas a las compañías mineras tenían como finalidad la extracción y aprovechamiento del mineral existente, pero no implicaban automáticamente la libre disposición del suelo para usos distintos de los previstos inicialmente. En consecuencia, cualquier modificación sustancial del destino de esos terrenos exigía una especial defensa del patrimonio municipal, función que el Ayuntamiento, al menos en este acuerdo, no parece ejercer con la firmeza que cabría esperar.

Desde esta perspectiva, la Corporación debió haber preservado el interés público de unos terrenos cuya cesión se había producido para una finalidad concreta y limitada en el tiempo, evitando que pudieran convertirse posteriormente en soporte de nuevas actividades industriales desvinculadas de la concesión originaria. Aquella ausencia de oposición anticipaba, además, el proceso que años más tarde desembocaría en las sucesivas expropiaciones forzosas.

Un acuerdo formalmente garantista, pero de escasa eficacia práctica

La segunda observación afecta al propio contenido del acuerdo municipal.

El Ayuntamiento establece diversas limitaciones sobre las instalaciones autorizables —talleres, almacenes, depósitos de mineral, prohibición de hornos de calcinación o instalaciones de sinterización, así como la conservación de un camino público de ocho metros de anchura—, presentándolas como garantías para proteger el entorno urbano.

Sin embargo, dichas condiciones tenían una eficacia muy limitada. Las competencias urbanísticas decisivas correspondían realmente a la Corporación Administrativa del Gran Bilbao, organismo responsable de la ordenación territorial supramunicipal. En consecuencia, las exigencias impuestas por el Ayuntamiento tenían más un carácter declarativo que una verdadera capacidad de control sobre el desarrollo futuro de la actuación.

Especialmente significativa resulta la referencia al mantenimiento del camino público, elemento de enorme importancia histórica para la comunicación tradicional de la zona y cuya protección acabaría resultando insuficiente frente a la expansión de las explotaciones mineras.

La continuidad del conflicto urbanístico

La decisión municipal de 1970 no resolvió el problema. Durante toda la década continuó la tramitación administrativa relacionada con el denominado Plan Especial de Agruminsa para los terrenos de Loredo.

La culminación de este proceso llegó mediante Resolución de la Consejería de Ordenación Territorial, Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, de 4 de julio de 1979, que denegó la aprobación definitiva del Plan Especial y ordenó retrotraer el expediente para subsanar las deficiencias detectadas en su tramitación.

“Conserjería de Ordenación Territorial, Urbanismo y Medio Ambiente (Gobierno Vasco)”

En el día de hoy esta Consejería ha adoptado la siguiente resolución: Visto el Plan Especial de terrenos calificados como Reserva Absoluta en el Plan General de Bilbao y su zona de influencia, propiedad de la empresa Agrupación Minera, S.A. y pertenecientes a los municipios de Santurce-Ortuella y Abanto y Ciérvana.

Vistos la Ley del Suelo y la legislación específica aplicable al Gran Bilbao, esta Dirección Territorial tiene el honor de elevar a V.E. la siguiente,

R E S O L U C I O N

Denegar la aprobación definitiva del Plan especial de los terrenos calificados como Reserva Absoluta en los términos municipales de Santurce-Ortuella y Abanto y Ciérvana, debiendo retrotraerse el expediente al momento de la aprobación inicial para que su tramitación se realice conforme al procedimiento que fija la Ley, dándose traslado de todo lo actuado a la Diputación Foral del Señorío de Vizcaya para que por esta Corporación se subsane la defectuosa tramitación.

La precedente resolución es definitiva en la vía administrativa y contra ella procede el recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, que habrá de ser interpuesto ante esta Consejería en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de notificación.

Bilbao, 4 de Julio de 1979

EL CONSEJERO : Fdo.: Juan José Pujana Arza.

La resolución pone de manifiesto que el procedimiento seguido durante los años anteriores adolecía de importantes defectos formales que obligaban a reiniciar parte de la tramitación administrativa, trasladando además las actuaciones a la Diputación Foral de Vizcaya para su corrección.

La consolidación de la gran explotación minera

Los terrenos de Loredo y Bodovalle, se encuentran calificados como de Nuevos Poblados, estando en contradicción con la actividad minera, incluso a la anterioridad a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao y su comarca. Como consecuencia del largo tramitado anteriormente reseñada, dichos terrenos fueron recalificados como de “Reserva Absoluta y Rural”, por una aprobación provisional de la Corporación Administrativa del Gran Bilbao de fecha 17 de marzo de 1976. Necesitando por tal calificación, el desarrollo de un Plan Especial para poder desarrollar las actividades mineras.

El terreno objeto de este Plan Especial comprende una zona de 224.700 m2, de los cuales 54.200 m2 pertenecen a Ortuella y los 170.500 m2 restantes a Abanto y Ciérvana.

Zona de instalaciones y apilados: 147.582 m2. Oficinas, talleres y edificios auxiliares 26.702 m2. Balsas  6.150 m2.

Espacios libres parques de protección. 29.355 m2. Viales (variables).                                            14.911 m2

Estas decisiones fueron consolidando progresivamente un modelo de explotación minera de gran escala que acabaría provocando la desaparición definitiva del antiguo Gallarta. Todo ello se produjo mediante un amplio proceso de expropiaciones forzosas impulsado por las distintas administraciones competentes, cuyos efectos trascendieron ampliamente el ámbito económico para afectar de manera directa a la estructura social, urbana y humana de la localidad.

Una dimensión insuficientemente tratada por la historiografía

La evolución empresarial de compañías como Orconera Iron Ore Company Limited, posteriormente integrada en Agruminsa, ha sido ampliamente estudiada desde la historia económica. También se conocen con detalle la evolución de la producción minera, la inversión industrial y la importancia que estas empresas tuvieron en el desarrollo siderúrgico vizcaíno.

Sin embargo, mucho menos desarrollada aparece la dimensión social del proceso: las expropiaciones, la desaparición del patrimonio urbano, el desarraigo de cientos de familias, los proyectos vitales frustrados y las consecuencias humanas derivadas de una explotación minera que terminó transformando por completo el territorio.

Precisamente esa es la finalidad de esta investigación. No pretende reconstruir nuevamente la historia económica de la minería vizcaína, suficientemente estudiada por la historiografía especializada, sino aportar documentación que permita comprender las consecuencias sociales y administrativas que acompañaron aquel proceso. Desde esta perspectiva se enmarca la actuación de la Asociación de Vecinos de Gallarta y del Movimiento Ciudadano tras las primeras elecciones municipales de 1979, ofreciendo una visión complementaria que sitúe junto a la evolución económica la memoria colectiva de quienes vivieron directamente la desaparición del viejo Gallarta.

 

2.- LA CORTA DE GALLARTA

La Corta de Gallarta constituye la última gran explotación minera a cielo abierto desarrollada en la cuenca minera vizcaína y representa el punto culminante de la evolución técnica e industrial de la minería del hierro en Bizkaia. Su apertura supuso la sustitución definitiva de los métodos tradicionales de extracción por un modelo de explotación altamente mecanizado que transformó de forma irreversible tanto el paisaje como la estructura social del municipio.

La explotación se localizaba sobre las concesiones de las minas Concha 2.ª, Manuelita, San Miguel, San Benito y Ser, situadas en los términos municipales de Abanto y Ortuella. Tras agotarse durante décadas los ricos criaderos superficiales de hematites, en 1956 la empresa Franco-Belga solicitó la explotación de los carbonatos existentes a más de 120 metros de profundidad, bajo los niveles de margas y calizas.

El nuevo proyecto incorporaba los avances tecnológicos más modernos de la época: grandes voladuras con microrretardos, excavadoras de gran capacidad y camiones de transporte pesado. Aquella mecanización hacía económicamente viable el aprovechamiento de unos minerales que hasta entonces no podían explotarse con rentabilidad y suponía el abandono definitivo de los sistemas tradicionales basados en la tracción animal, el barrenado manual, los planos inclinados y otras técnicas características de la minería clásica vizcaína.

La explotación a cielo abierto permitía además recuperar millones de toneladas de mineral que, mediante la minería subterránea, debían permanecer como pilares de sustentación de las galerías. Al amparo de la normativa del Régimen de Acción Concertada, la empresa obtuvo igualmente la expropiación forzosa de los terrenos ocupados por el antiguo Gallarta, cuyas viviendas quedaban dentro del perímetro previsto para la futura corta. Las expropiaciones afectaron a 225 propietarios y a una superficie aproximada de 473.000 metros cuadrados, destinada tanto a la extracción como a la formación de escombreras.

A partir de 1973 se impulsó un plan intensivo de explotación basado en las recomendaciones de un estudio elaborado por la compañía estadounidense U.S. Steel, acelerándose el ritmo extractivo durante los años siguientes. La actividad cesó definitivamente en noviembre de 1993, después de haberse excavado unos catorce millones de metros cúbicos de terreno, con una producción aproximada de nueve millones de toneladas de carbonatos y cerca de cuarenta millones de toneladas de estériles.

El resultado fue un impresionante vacío minero de unos 700 metros de longitud, 350 de anchura y 150 de profundidad, que alcanza cotas situadas 37 metros por debajo del nivel del mar. Sus bancadas escalonadas, de gran desarrollo, constituyen hoy uno de los elementos paisajísticos más representativos del patrimonio minero vasco. En sus niveles inferiores se conserva el acceso a la mina subterránea de Bodovalle, donde aflora el carbonato de hierro explotado durante las últimas décadas de actividad.

La desaparición física del antiguo Gallarta y la creación de nuevos barrios dispersos como consecuencia de la expansión minera constituyen una de las transformaciones urbanísticas y sociales más profundas experimentadas por el municipio durante el siglo XX, evidenciando cómo la lógica extractiva condicionó la ordenación del territorio por encima de cualquier planificación urbana.

Con el cierre de la actividad comenzó una nueva etapa centrada en la conservación del patrimonio industrial. En 2011 el Gobierno Vasco declaró la Corta de Gallarta Bien Cultural con la categoría de Conjunto Monumental, reconociendo su extraordinario valor histórico, paisajístico y geológico. Ese mismo año el Plan Director del Museo de la Minería del País Vasco propuso integrar tanto la corta como la mina de Bodovalle en un proyecto de musealización territorial que permitiera interpretar conjuntamente el patrimonio industrial, el paisaje minero y la memoria colectiva de la cuenca.

MINA SUBTERRÁNEA DE BODOVALLE

La explotación subterránea de Bodovalle representó la culminación de la minería del hierro en Bizkaia. Si la Corta de Gallarta simbolizaba el agotamiento de los yacimientos superficiales y la mecanización de la explotación a cielo abierto, Bodovalle suponía la respuesta tecnológica a la necesidad de continuar aprovechando los importantes recursos de carbonato de hierro existentes en profundidad. Fue la demostración de que la minería vizcaína todavía era capaz de incorporar las técnicas más avanzadas de la ingeniería minera europea.

La explotación fue iniciada por Orconera Iron Ore en 1961, tras un amplio estudio de los diferentes sistemas de laboreo existentes en aquel momento. Finalmente se adoptó el método de cámaras y pilares, inspirado en las explotaciones suecas de Strössa, aunque adaptado a las particulares características geológicas del criadero de Bodovalle.

La elección de este sistema respondía tanto a criterios de productividad como de seguridad. Permitía obtener elevados rendimientos de extracción manteniendo la estabilidad del macizo rocoso mediante grandes pilares de mineral y, al mismo tiempo, facilitaba que los trabajos se desarrollasen protegidos desde las galerías, reduciendo considerablemente los riesgos para los trabajadores. La existencia de dobles vías de evacuación desde los distintos niveles constituía igualmente un importante avance respecto a explotaciones anteriores.

La mecanización fue creciendo progresivamente. Los primeros trabajos se realizaban mediante perforación manual con martillos neumáticos, transporte ferroviario interior y pequeñas palas neumáticas. Sin embargo, la continua ampliación de la explotación hizo necesaria una profunda modernización de las instalaciones. En 1976 se inició una nueva fase de desarrollo que multiplicó las dimensiones de las galerías y de las cámaras de explotación, permitiendo la utilización de maquinaria autopropulsada de gran capacidad, especialmente cargadoras diésel de perfil bajo, capaces de transportar hasta dieciocho toneladas de mineral en una sola operación.

Gracias a estas innovaciones, Bodovalle llegó a convertirse durante la década de 1970 en la segunda explotación de hierro más importante de Europa. Sus cifras reflejan la magnitud alcanzada por la minería vizcaína en su última etapa: alrededor de ocho millones de metros cúbicos excavados, más de sesenta kilómetros de galerías y cámaras de dimensiones tan extraordinarias que popularmente se afirmaba que podían albergar el volumen de una gran catedral.

La mina alcanzó profundidades superiores a los doscientos metros bajo el nivel del mar, constituyendo una de las obras de ingeniería minera más relevantes ejecutadas en el País Vasco durante el siglo XX. Aquella extraordinaria infraestructura simbolizaba el esfuerzo realizado por mantener competitiva una actividad que comenzaba ya a enfrentarse a un contexto internacional cada vez más desfavorable, marcado por la competencia exterior, la transformación de la industria siderúrgica y el progresivo agotamiento económico de los yacimientos.

Con el cierre definitivo de la actividad extractiva desapareció una de las explotaciones subterráneas más importantes de Europa occidental. No obstante, las labores de mantenimiento continúan siendo necesarias para garantizar la estabilidad de las galerías y el funcionamiento permanente de los sistemas de drenaje, imprescindibles para controlar las aguas subterráneas acumuladas en el interior de la explotación.

Actualmente, Bodovalle constituye uno de los principales referentes del patrimonio minero vasco y un elemento esencial para comprender la evolución tecnológica de la minería del hierro desde los sistemas tradicionales hasta las grandes explotaciones mecanizadas del siglo XX.

PLANTA DE CONCENTRACIÓN Y HORNOS DE CALCINACIÓN

La explotación de los carbonatos de Bodovalle exigía resolver un problema que durante décadas había limitado su aprovechamiento industrial: su menor riqueza en hierro respecto a las tradicionales hematites superficiales. La solución llegó mediante la incorporación de modernos procesos de concentración y preparación del mineral, capaces de convertir unos recursos considerados anteriormente poco rentables en una materia prima plenamente competitiva para la industria siderúrgica.

Con este objetivo, en 1973 se abandonó el antiguo sistema de calcinación, molienda y sinterización, sustituyéndolo por un proceso de concentración del mineral seguido de sinterización directa en las instalaciones de Altos Hornos de Vizcaya, en Sestao. Para hacer posible esta transformación fue necesario construir un nuevo tren de sinterización de gran capacidad (G-3), preparado para absorber la creciente producción de carbonatos procedentes de Bodovalle.

Como complemento indispensable se levantó junto a la explotación una moderna planta de concentración destinada a homogeneizar la calidad del mineral. Mediante procesos de trituración, clasificación granulométrica y separación por medios densos utilizando ferrosilicio, era posible eliminar gran parte de los materiales estériles y aumentar significativamente la riqueza en hierro del mineral tratado.

La incorporación de estas técnicas situó a la minería vizcaína entre las más avanzadas de Europa en el tratamiento de carbonatos de hierro. La planta no sólo incrementaba el contenido metálico del mineral, sino que garantizaba una calidad constante del producto suministrado a la siderurgia, aspecto fundamental para una producción industrial moderna.

Todo el complejo industrial de Bodovalle pasó a constituir un único sistema integrado de extracción, tratamiento y transporte del mineral. La mina subterránea, la planta de concentración y las instalaciones siderúrgicas de Sestao formaban una cadena productiva continua que reflejaba el elevado grado de integración alcanzado por la industria del hierro durante las últimas décadas del siglo XX.

Sin embargo, la profunda crisis que afectó a la minería y a la siderurgia europea provocó el cierre progresivo de estas instalaciones. La planta de concentración fue finalmente desmantelada, desapareciendo la mayor parte de su maquinaria y de sus edificios industriales. Únicamente sobrevivieron los hornos de calcinación Apold-Fleisner, convertidos con el paso del tiempo en uno de los testimonios más singulares del patrimonio industrial de la cuenca minera.

Su valor histórico motivó que en 2008 fueran declarados Bien Cultural con la categoría de Monumento por el Gobierno Vasco. Posteriormente fueron objeto de una cuidada rehabilitación dirigida por el arquitecto Ramón Garitano, basada en el respeto absoluto hacia los elementos esenciales de la instalación. La intervención conservó íntegramente las cubas de los hornos, verdadero corazón del antiguo proceso industrial, incorporando nuevos espacios destinados a actividades culturales y sociales sin alterar la identidad del conjunto.

La recuperación de los hornos constituye un ejemplo de la nueva consideración que ha adquirido el patrimonio industrial durante las últimas décadas. Lo que en otro tiempo fue una infraestructura productiva destinada exclusivamente a la obtención de beneficios económicos ha pasado a convertirse en un elemento de memoria colectiva y de divulgación histórica. Junto con la Corta de Gallarta, la mina de Bodovalle y el Museo de la Minería del País Vasco, forman hoy un conjunto patrimonial de extraordinario valor que permite comprender la dimensión económica, tecnológica y social que la minería del hierro tuvo en el desarrollo de Bizkaia.

3.- PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO EL CASAL

El Plan Parcial del Polígono El Casal fue aprobado mediante Orden Ministerial de 6 de marzo de 1971. Con anterioridad a su aprobación definitiva había sido sometido a información pública con unas determinaciones urbanísticas que contemplaban una edificabilidad muy superior a la finalmente autorizada, permitiendo bloques de hasta quince plantas y una densidad de viviendas por hectárea claramente excesiva para las características del entorno.

Las gestiones realizadas ante la entonces Gerencia de Urbanización del Instituto Nacional de Urbanización permitieron revisar aquellos criterios iniciales. Fruto de las reuniones mantenidas se alcanzó el compromiso de reducir la edificabilidad mediante la disminución del número de plantas, manteniendo, no obstante, la zonificación y la ordenación general de volúmenes prevista en el planeamiento. Como consecuencia de ello se elaboró un nuevo cuadro de características urbanísticas que sirvió de base para la aprobación definitiva del Plan Parcial.

Años después, la aplicación práctica de dicho planeamiento planteó nuevas dificultades. Con motivo de la construcción de un grupo de 180 viviendas de promoción pública, correspondiente al expediente 31-1-IV/76, el Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana presentó cuatro posibles delimitaciones de terrenos dentro del Polígono El Casal para su ubicación.

Los servicios técnicos competentes estudiaron las cuatro alternativas propuestas y concluyeron que únicamente resultaba viable la denominada solución número 1, al ser la única que respetaba los parámetros urbanísticos aprobados definitivamente. Las restantes propuestas se apoyaban en unas determinaciones del planeamiento que nunca llegaron a adquirir validez jurídica.

La delimitación aceptada comprendía las parcelas catastrales 138, 189 y 190, correspondientes en el Plan Parcial a las parcelas 1B, 1A, 17, 18, 24C y parte de las parcelas 15 y 16. La capacidad residencial inicialmente obtenida alcanzaba las 215 viviendas, cifra superior a la programación oficial.

El reparto de viviendas previsto era el siguiente:

• Parcela 1B: 12 viviendas.
• Parcela 24C: 15 viviendas.
• Parcela 16 (parcial): 32 viviendas.
• Parcela 15 (parcial): 32 viviendas.
• Parcela 1A: 12 viviendas.
• Parcela 17: 48 viviendas.
• Parcela 18: 64 viviendas.

Con el fin de ajustar la actuación a las 180 viviendas programadas, los técnicos propusieron eliminar la edificación prevista en la parcela 15, reduciendo así la capacidad residencial hasta aproximadamente 183 viviendas. Finalmente, se informó favorablemente la solución número 1, suprimiendo además parte de la delimitación inicialmente planteada, lo que situaba el número definitivo de viviendas en torno a las 184.

El informe establecía igualmente que la promoción debía incorporar la urbanización necesaria para su correcto funcionamiento, ejecutando el vial previsto por el planeamiento y dotándolo de un fondo de saco que permitiera la maniobra de los vehículos, garantizando así la adecuada accesibilidad al nuevo conjunto residencial.

Toda esta actuación urbanística, condicionará después la evolución y desarrollo del Plan Parcia del Polígono El Casal, al tener que modificarse para poder dar cabida a la segunda fase prevista su construcción de 184 viviendas pendientes del Gr. Dr. Areilza (Zona de enclave desde el último bloque de este barrio, hacia el taller de Agruminsa, parte Loredo), a la zona de El Cerro, dentro del polígono de El Casal, que acelerará en su recta final y condicionará con ello, la evolución urbanística de una de las principales áreas de expansión residencial de Gallarta durante las décadas siguientes, agudizada por la miopía del Departamento de la Vivienda y Urbanismo del Gobierno Vasco, que no son proclives por (problemas de economía), a situar las viviendas previstas a construir en El Cerro, a cota cero a nivel de carretera.

De este modo, una decisión inicialmente técnica terminó condicionando la configuración definitiva del Polígono El Casal y la evolución urbanística de una de las principales áreas de expansión residencial de Gallarta durante las décadas siguientes.

4.- POLÍGONO INDUSTRIAL EL CAMPILLO

El Polígono Industrial de El Campillo constituye una de las consecuencias más significativas de las profundas transformaciones territoriales derivadas de la explotación minera desarrollada durante el siglo XX. Su origen está directamente relacionado con la necesidad de la empresa minera Agruminsa de depositar los materiales estériles procedentes de la explotación a cielo abierto, generando el enorme socavón que hoy forma parte del paisaje heredado por el municipio.

Diversos especialistas han estimado que sobre una superficie aproximada de 245.500 m² llegaron a depositarse entre siete y diez millones de toneladas de estériles. Este proceso supuso la desaparición definitiva de los barrios de La Florida y El Campillo, alterando de forma irreversible tanto el territorio como la estructura social de esta parte del municipio.

El cuadro de inversiones recoge el importante esfuerzo económico que el Ayuntamiento tuvo que realizar para poner en funcionamiento el Polígono Industrial, con el propósito de crear un tejido empresarial capaz de generar empleo y diversificar la economía local tras la crisis de la minería.

Aquellos objetivos iniciales no llegaron a alcanzarse plenamente. La implantación industrial fue inferior a la prevista y la creación de empleo quedó muy lejos de las expectativas con las que había sido concebido el proyecto. Sin embargo, ello no impide reconocer algunos resultados positivos derivados de aquella actuación municipal.

En primer lugar, la instalación de nuevas empresas permitió incrementar los ingresos de las arcas municipales mediante la incorporación de nuevas actividades económicas.

En segundo lugar, el polígono hizo posible ofrecer suelo industrial sobre terrenos profundamente degradados por la actividad minera, proporcionando una localización adecuada para empresas que difícilmente podían implantarse en otros municipios de la margen izquierda, ya muy saturados desde el punto de vista industrial. Su ubicación, además, alejaba buena parte de estas actividades de los núcleos residenciales, reduciendo las molestias que inevitablemente genera este tipo de implantaciones.

No obstante, conviene recordar que la nueva Corporación municipal surgida de las elecciones de 1979 no diseñó este escenario desde sus planteamientos políticos. Lo recibió como consecuencia de las decisiones adoptadas durante las cuatro décadas anteriores, en las que los ayuntamientos habían actuado con escasa autonomía dentro de la estructura administrativa del régimen franquista.

Precisamente cuando comenzaban a recuperarse los espacios de participación ciudadana, ya se configuraban nuevas formas de organización institucional que terminarían consolidándose durante el proceso de la denominada Transición política. Desde la perspectiva del Movimiento Ciudadano, aquellas reformas no significaron una democratización plena de la vida municipal, sino la sustitución de un modelo por otro que mantuvo importantes mecanismos de control político y limitó la participación directa de la ciudadanía a través de las Asociaciones de Vecinos.

Muchas de aquellas normas continúan condicionando, el funcionamiento de los ayuntamientos y el desarrollo de una democracia plenamente participativa y democrática.

Entre esas limitaciones destacan dos cuestiones fundamentales.

La primera es el sistema electoral basado en listas cerradas y bloqueadas, que impide al ciudadano elegir directamente a los candidatos de su preferencia, limitando su decisión a optar entre las candidaturas confeccionadas por los partidos políticos.

La segunda afecta al funcionamiento interno de los ayuntamientos. Los concejales que no forman parte del Gobierno municipal ven reducidas sus posibilidades de participar activamente en la gestión ordinaria, mientras que el equipo de gobierno concentra competencias de gestión y representación institucional que, desde la concepción defendida por el Movimiento Ciudadano, deberían corresponder al conjunto de la Corporación. Esta situación supone, una alteración del principio de representación democrática y favorece un modelo institucional dominado por los grandes partidos políticos, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, alejándose de los principios de democracia participativa y asamblearia defendidos por el Movimiento Ciudadano.

Desde la asunción de las competencias urbanísticas y de vivienda por parte del Gobierno Vasco en 1981, la planificación urbanística evolucionó, hacia un modelo fuertemente condicionado por los intereses y estrategias de los distintos partidos políticos. Ello dio lugar a un urbanismo institucional que dejaba escaso margen de decisión a las corporaciones municipales, obligadas en muchas ocasiones a asumir planteamientos supramunicipales para poder desarrollar sus instrumentos de planeamiento.

Tanto el Polígono Residencial de El Casal como el Polígono Industrial de El Campillo son ejemplos de esa dinámica. Aunque ambos respondían a problemáticas distintas, compartieron una característica común: su desarrollo estuvo condicionado por decisiones adoptadas fuera del ámbito estrictamente municipal.

Las consecuencias de aquellas actuaciones siguen siendo visibles en la actualidad. En el caso de El Casal, por las deficiencias de su diseño urbano, especialmente en la urbanización de la zona de El Cerro respecto a la actual Avenida El Minero. En el caso de El Campillo, por la progresiva transferencia de patrimonio municipal al servicio de la iniciativa privada, dentro de un modelo de desarrollo identificados con los postulados del neoliberalismo.

CAPÍTULO II

EL MOVIMIENTO CIUDADANO

LA TRANSICIÓN: «LA ESPAÑA DIFERENTE»

A comienzos de la década de 1970, coincidiendo con el desarrollo del movimiento ciudadano a través de las Asociaciones de Vecinos de numerosos municipios, comenzó a configurarse un contexto social diferente de aperturismo controlado. España experimentaba profundas transformaciones económicas, sociales y culturales derivadas del desarrollo industrial, la expansión del sector servicios, la incorporación de nuevas tecnologías, el regreso de numerosos emigrantes y el contacto creciente con la Europa occidental.

A todo ello se sumaba el auge del turismo europeo, convertido por el régimen franquista en uno de los principales instrumentos de propaganda bajo el conocido lema «Spain is different» (España es diferente). Aquella consigna pretendía presentar al país como un destino singular y atractivo, ocultando la ausencia de libertades políticas y los déficits democráticos del régimen.

Sin embargo, con el paso del tiempo esa expresión adquiere, desde una perspectiva política, un significado muy distinto. España continúa siendo diferente, un caso singular dentro de Europa por la forma en que se desarrolló el proceso de transición desde la dictadura hacia el nuevo sistema institucional amañado.

Mientras que en la mayor parte de los países europeos sometidos a regímenes fascistas o colaboracionistas la derrota de las Potencias del Eje supuso una ruptura política e institucional, acompañada de procesos de depuración de responsabilidades y de reconstrucción democrática, en España la dictadura franquista concluyó sin una ruptura de esa naturaleza. Aunque los Juicios de Núremberg tampoco agotaron todas las responsabilidades derivadas del nazismo y del Holocausto, marcaron un precedente de exigencia jurídica y política que no tuvo equivalente en el caso español.

Desde esta interpretación, la Transición se sustentó sobre un amplio acuerdo entre las principales fuerzas políticas surgidas durante el final del franquismo y los sectores procedentes del propio régimen. Ese consenso permitió el tránsito hacia un nuevo marco institucional, pero también implicó la ausencia de una depuración de responsabilidades políticas, económicas, militares y administrativas derivadas de la dictadura franquista.

El Movimiento Ciudadano desarrollaba por aquellas mismas fechas una experiencia participativa basada en la intervención directa de la población, especialmente a través de las Asociaciones de Vecinos. Aquella práctica democrática de base constituyó un modelo de participación social y administrativa que, en muchos aspectos, no ha sido posteriormente superado.

LA MONARQUÍA RECUPERA SUS PRIVILEGIOS

Dentro de ese contexto histórico se produce uno de los aspectos más relevantes del proceso de transición: la restauración de la institución monárquica.

Conviene recordar que el 20 de noviembre de 1931 las Cortes Constituyentes de la Segunda República aprobaron una resolución por la que declaraban culpable de alta traición a Alfonso XIII por su actuación contra el orden constitucional y por haber favorecido el establecimiento de la Dictadura de Primo de Rivera. En dicha resolución se afirmaba:

«El Tribunal soberano de la Nación declara solemnemente fuera de la ley a D. Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena.»

Asimismo, las Cortes acordaban privarle de todos sus títulos y dignidades, declarando extinguidos sus derechos dinásticos y negando cualquier posibilidad de reivindicación futura por parte de él o de sus sucesores.

Desde esta perspectiva, la Transición ignoró aquel precedente histórico. Tras cuarenta años de dictadura, la restauración de la Monarquía se produjo sin que la ciudadanía pudiera pronunciarse previamente, mediante un referéndum específico, sobre la forma de Estado.

Los principales partidos políticos aceptaron la restauración monárquica como elemento básico del nuevo sistema institucional. De esta manera, la Monarquía quedó incorporada al proceso constituyente sin una consulta directa y exclusiva sobre esta cuestión, circunstancia que, supuso un importante déficit de legitimación democrática.

La evolución posterior de la institución monárquica, marcada por diversos episodios de descrédito público y por casos de corrupción que afectaron a algunos de sus miembros, ha reabierto periódicamente el debate sobre la oportunidad de que la ciudadanía pueda decidir democráticamente entre Monarquía o República mediante un referéndum específico.