NUESTRA HISTORIA

Nuestra trayectoria cívica en Abanto-Zierbena

Descubre la historia del Movimiento Ciudadano de Abanto-Zierbena, un recorrido de compromiso, participación y servicio a nuestra comunidad. Conoce los momentos clave que nos han definido.

COMIENZO DE NUESTRA HISTORIA

Esta página web está dedicada a todas las personas interesadas en conocer el recorrido del Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de Abanto-Zierbena, un proceso social y político que tuvo en Gallarta su máxima expresión debido a las profundas consecuencias derivadas de la explotación minera y de la transformación del territorio.

Nuestro propósito es divulgar, ordenar y preservar una parte importante de la historia reciente del municipio, mostrando cómo un movimiento ciudadano, nacido desde los barrios y organizado de forma asamblearia, fue capaz de convertirse en una herramienta de participación democrática y de transformación social.

El recorrido que aquí se presenta abarca dos grandes etapas. La primera comprende desde los últimos años de la dictadura franquista hasta las primeras Elecciones Municipales democráticas de 1979, cuando el movimiento vecinal protagonizó numerosas reivindicaciones para mejorar las condiciones de vida de la población. La segunda se desarrolla desde aquellas elecciones hasta la actualidad, analizando la evolución del Movimiento Ciudadano y su relación con las instituciones municipales.

El Movimiento Ciudadano nació al margen de los partidos políticos. Surgió desde las asociaciones vecinales como respuesta a las numerosas carencias que padecían los barrios del municipio: vivienda, urbanismo, abastecimiento de agua, equipamientos, transporte, educación, sanidad y servicios públicos. En Abanto-Zierbena fueron especialmente relevantes las asociaciones de vecinos de Las Carreras, Sanfuentes y Gallarta, que desarrollaron una intensa actividad reivindicativa y participativa.

Desde sus orígenes, el Movimiento Ciudadano situó a la persona en el centro de la acción pública. Defendió una organización horizontal, abierta y participativa, basada en la igualdad entre sus integrantes y en la búsqueda del interés general por encima de cualquier interés partidista. Su funcionamiento asambleario permitió que las decisiones fueran adoptadas colectivamente, convirtiendo la participación ciudadana en el principal instrumento para impulsar mejoras sociales y municipales.

La llegada de la democracia abrió una etapa de grandes esperanzas que posteriormente se fueron truncando. En las elecciones municipales de 1979, el Movimiento Ciudadano accedió al Ayuntamiento de Abanto-Zierbena, asumiendo la máxima responsabilidad de gobierno durante los mandatos 1979-1983 y 1987-1991. Aquella experiencia permitió trasladar a la gestión municipal muchos de los principios defendidos durante los años de franquismo y de movilización vecinal.

Sin embargo, la progresiva consolidación del sistema de partidos transformó profundamente el panorama político local. La legislación electoral y el posterior desarrollo institucional modificaron el modelo de participación ciudadana que había caracterizado al Movimiento Ciudadano, reduciendo progresivamente su protagonismo y trasladando el peso de la representación política hacia las estructuras de los partidos.

Esta página no pretende únicamente recordar el pasado. Su objetivo es documentar, con el mayor rigor posible, las actuaciones, proyectos, debates y decisiones que marcaron la evolución del municipio durante las últimas décadas, ofreciendo al lector una visión cronológica basada en documentos, acuerdos municipales, publicaciones y testimonios.

A lo largo de sus diferentes apartados se va exponiendo la evolución del Movimiento Ciudadano, el contexto histórico en el que nació, las transformaciones derivadas de la explotación minera, la actividad institucional desarrollada desde el Ayuntamiento y las principales realizaciones impulsadas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Este trabajo constituye, sobre todo, un reconocimiento a todas aquellas personas que, desde el compromiso desinteresado y la participación colectiva, contribuyeron a construir un municipio más justo, más participativo y con mejores servicios públicos. Su esfuerzo forma parte de la memoria colectiva de Abanto-Zierbena y merece ser conocido, preservado y transmitido a las generaciones futuras.

DIGNIDAD DE LA PERSONA Y DERECHO A PARTICIPAR

Toda esta trayectoria se inspira en un principio que ha acompañado al Movimiento Ciudadano desde sus orígenes: la defensa de la dignidad de la persona y de su derecho efectivo a participar en las decisiones públicas que afectan a la comunidad.

Porque una democracia sólida no se limita al ejercicio periódico del voto. Requiere también una ciudadanía informada, activa y presente en la vida municipal, capaz de intervenir en la definición de las políticas públicas y en la construcción del bien común.

Ese ha sido, y continúa siendo, el fundamento esencial del Movimiento Ciudadano, en ello estamos y a ello nos aferramos a sabiendas de las limitaciones impuestas marcadamente a través de la Ley 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local del año 1.985. 

EL MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE LA LLEGADA DE LA DEMOCRACIA MUNICIPAL

La celebración de las elecciones locales de 1979 y los resultados obtenidos por los diferentes grupos políticos en los ayuntamientos tendrían una gran repercusión en el devenir del Movimiento Ciudadano (MC). La entrada en escena de los partidos políticos, ya legalizados, modificó sustancialmente el escenario en el que hasta entonces se había desarrollado el movimiento vecinal. Aquellas organizaciones políticas asumen, al menos teóricamente, buena parte de las reivindicaciones que, durante la etapa final del franquismo y el periodo de transición, habían sido planteadas en las plazas, calles y barrios de los municipios.

Por aquellas fechas se palpaban las esperanzas y las ilusiones de avanzar hacia una verdadera democracia en el ámbito local. La aprobación de la Constitución Española de 1978 parecía abrir una nueva etapa, en la que la participación ciudadana y la democratización de las instituciones municipales podían adquirir un papel fundamental.

Sin embargo, aquellas expectativas fueron encontrando progresivamente sus límites en el nuevo marco legislativo. La legislación electoral y, posteriormente, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, configuraron el entramado institucional de los ayuntamientos y establecieron un modelo de funcionamiento en el que los grupos que no formaban parte del Gobierno municipal quedaban esencialmente situados en el ámbito de la oposición. Desde la perspectiva del Movimiento Ciudadano, ello supuso una reducción de las posibilidades de participación directa en la gestión municipal y una pérdida de capacidad de intervención política y administrativa respecto de las expectativas que habían acompañado los primeros años de la transición.

Este proceso contribuyó, asimismo, a modificar la posición que hasta entonces había ocupado el Movimiento Ciudadano, cuya actividad comenzó a quedar progresivamente condicionada por la presencia y el protagonismo creciente de los partidos políticos.

Una memoria que pretende rescatar el trabajo colectivo

La presente divulgación pretende recoger los entresijos, los trabajos y algunas de las realizaciones más destacadas llevadas a cabo a lo largo de las diferentes etapas de este proceso. Se trata de dejar constancia de aquellas iniciativas que intentaron mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y hacer frente a las situaciones de marginalidad y carencias heredadas del franquismo.

Recuperar estos acontecimientos supone enfrentarse también a las limitaciones propias de una reconstrucción histórica de estas características. El paso del tiempo, la desaparición de documentos y, especialmente, la imposibilidad de dar la palabra a todas las personas que participaron en aquellos acontecimientos hacen que cualquier aproximación resulte necesariamente incompleta.

Muchas de aquellas personas actuaron de manera desinteresada, aportando su tiempo, sus conocimientos y su esfuerzo para intentar mejorar las condiciones de vida de sus barrios y del conjunto del municipio. Su contribución constituye una parte esencial de esta historia y merece ser reconocida, aunque el propósito de este trabajo no sea establecer reconocimientos personales, sino dejar constancia de un proceso colectivo.

El trabajo se estructura en una serie de apartados que corresponden a algunos de los momentos y cuestiones más significativas de este recorrido. Se aborda así un fenómeno que, con el paso del tiempo, ha quedado en buena medida relegado frente al protagonismo adquirido posteriormente por los partidos políticos.

El movimiento vecinal como espacio de participación

El Movimiento Ciudadano constituyó, durante sus primeros años, un espacio de participación y reivindicación desde el que se formularon demandas relacionadas con las condiciones de vida de la población, los servicios públicos, la vivienda, el urbanismo, la sanidad, la educación y otras necesidades de los barrios.

Desde esta perspectiva, algunos estudios han considerado que el movimiento vecinal fue, desde sus orígenes, un fenómeno con un importante componente político. La Ley de Asociaciones de 1964 proporcionó el marco jurídico en el que pudieron desarrollarse numerosas asociaciones vecinales, aunque dentro de las limitaciones propias del régimen franquista.

En este proceso también participaron profesionales procedentes de distintos sectores de la sociedad. Arquitectos vinculados a las reivindicaciones relacionadas con la vivienda y la ordenación urbana; médicos comprometidos con las demandas sanitarias; profesores relacionados con las reivindicaciones educativas, y periodistas que contribuyeron a dar difusión a las actividades vecinales a través de la prensa local y de otros medios de comunicación.

La composición de estos movimientos no fue, por tanto, homogénea. En ellos confluye la ciudadanía vecinal de diferentes procedencias, profesionales, trabajadores y personas vinculadas a diversas sensibilidades sociales y políticas. Su elemento común se encontraba fundamentalmente en las necesidades concretas de los barrios y en la voluntad de intervenir sobre ellas.

La problemática específica de Abanto-Zierbena

El movimiento vecinal no tuvo un desarrollo uniforme. Sus características dependen de las condiciones específicas de cada barrio y de la problemática concreta a la que tuvo que enfrentarse. En nuestro ámbito territorial, una de las cuestiones determinantes fue la explotación minera, así como las consecuencias derivadas de la forma en que se desarrolló este proceso a lo largo del tiempo. La explotación de los recursos mineros transformó profundamente el territorio y tuvo importantes consecuencias urbanísticas, sociales y económicas.

A ello se fueron incorporando, especialmente durante las últimas décadas, nuevas tecnologías y procedimientos relacionados con las formas de arranque, explotación y transporte de los materiales, modificando nuevamente el paisaje y las condiciones del entorno.

En este contexto, la experiencia de Gallarta adquiere una especial relevancia dentro de la historia del municipio. La explotación minera terminó provocando la desaparición del antiguo núcleo urbano de Gallarta, convirtiéndose este hecho en uno de los principales elementos de referencia para comprender la evolución del movimiento vecinal en nuestro ámbito.

La transición política y la crisis del Movimiento Ciudadano

La transformación del escenario político durante la segunda mitad de la década de 1970 tuvo una incidencia directa sobre el Movimiento Ciudadano. La legalización de los partidos políticos y la proximidad de un amplio proceso electoral modificaron las prioridades de muchos de los militantes y participantes que hasta entonces habían desarrollado su actividad fundamentalmente en el ámbito vecinal. Una parte de ellos pasó a concentrar sus esfuerzos en la organización de las nuevas estructuras políticas y en las sucesivas convocatorias electorales que se vislumbraban en el horizonte.

En este contexto debe situarse también el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre derecho de asociación política, dentro del proceso de apertura política que acompañó a la transición. La legalización e inscripción de numerosas organizaciones políticas, entre ellas el PSOE y el Partido Comunista de España en 1977, como entes más significativos de la izquierda, contribuyó a modificar profundamente el escenario en el que hasta entonces se habían desenvuelto las organizaciones vecinales.

La aprobación de la Constitución Española en 1978 significó otro momento decisivo. Una vez alcanzados algunos de los objetivos democráticos fundamentales que habían constituido parte de las reivindicaciones de los años anteriores, el Movimiento Ciudadano tuvo que afrontar un proceso de reflexión interna sobre su propia razón de ser, su organización y su papel dentro del nuevo sistema democrático. Donde el análisis y la visualización de aquel momento, chocó frontalmente con los intereses de las nuevas organizaciones políticas.

Vivienda, inmigración y transformación urbana

Otro de los aspectos que debe ser considerado para comprender aquel periodo es la política de vivienda desarrollada durante el franquismo. La creación del Ministerio de la Vivienda en 1957 respondió, entre otras circunstancias, a la necesidad de afrontar el importante crecimiento demográfico y migratorio experimentado por numerosas zonas industriales. Sin embargo, entre los objetivos oficiales y la realidad existente en determinados municipios se mantuvo una considerable distancia.

Nuestro municipio constituye un ejemplo significativo de las dificultades que acompañaron este proceso. El crecimiento de la población, la llegada de trabajadores procedentes de otros territorios y la insuficiencia de viviendas dieron lugar a situaciones de precariedad y a fenómenos como el barraquismo. La progresiva desaparición de estas situaciones fue un proceso lento, desarrollado fundamentalmente entre mediados de los años cincuenta y mediados de los setenta. Las nuevas barriadas y las actuaciones urbanísticas emprendidas durante aquellos años modificaron profundamente la estructura urbana del municipio, aunque no siempre resolvieron de manera suficiente las necesidades existentes. Estas carencias terminarían formando parte de las reivindicaciones planteadas posteriormente por las asociaciones vecinales.

Las asociaciones vecinales de Abanto-Zierbena

El movimiento vecinal de nuestro ámbito de participación se encontraba relacionado con la dinámica desarrollada en el conjunto de Bizkaia, aunque su actuación sostenida tuvo como escenario principal el propio municipio. En Abanto-Zierbena mantuvieron contactos y desarrollaron actuaciones de carácter conjunto las Asociaciones de Vecinos de Las Carreras, Sanfuentes y Gallarta. Cada una de ellas respondió a las necesidades concretas de su entorno, pero existieron también problemas comunes que favorecen la coordinación y el intercambio de experiencias.

Dentro de este conjunto, la experiencia de la Asociación de Vecinos de Gallarta constituye la principal referencia documental de este trabajo. La razón no responde a una voluntad de establecer un protagonismo artificial, sino a que es el ámbito del que se dispone de una mayor información y documentación, además de ser el espacio en el que se desarrollaron algunos de los acontecimientos más determinantes para la historia reciente del municipio. Entre ellos destaca, de manera especial, la problemática derivada de la explotación minera y la desaparición del antiguo pueblo de Gallarta.

De la reivindicación vecinal a la participación institucional

A lo largo de este recorrido fueron cristalizando las consecuencias urbanísticas, sociales y económicas acumuladas durante las décadas anteriores. Muchas de ellas hundían sus raíces en las decisiones adoptadas durante los años de la dictadura y condicionaron posteriormente el desarrollo del municipio.

La experiencia del Movimiento Ciudadano permite seguir el hilo conductor de una forma de participación basada en la organización asamblearia, en la deliberación colectiva y en la intervención directa de la ciudadanía. Este modelo no permaneció estático. Fue adaptándose a las circunstancias de cada momento, tanto en su organización interna como en su relación con las instituciones municipales y con las nuevas estructuras políticas surgidas durante la transición.

El comportamiento de esta ciudadanía organizada alrededor de principios participativos y asamblearios atravesó diferentes etapas, con avances, retrocesos y limitaciones derivadas, entre otras cuestiones, del grado de concienciación y participación existente en cada momento. A pesar de esas dificultades, una de las ideas que recorren esta experiencia es la defensa del interés general de la ciudadanía y del municipio en su conjunto, frente a intereses particulares, partidistas o corporativos.

Esta forma de entender la participación tuvo posteriormente su reflejo en la propia institución municipal, especialmente durante los mandatos desarrollados entre 1979 y 1983 y entre 1987 y 1991, periodos caracterizados por importantes limitaciones económicas y por una intensa actividad social y municipal.

Gallarta como hilo conductor de una historia colectiva

La información recogida en este trabajo tiene como principal hilo conductor aquella incipiente organización vecinal surgida en Gallarta durante los años setenta. Se parte de ella porque es la experiencia que se ha vivido directamente y sobre la que existe una mayor disponibilidad de documentación. No se pretende, sin embargo, reducir la historia del movimiento vecinal del municipio a una única asociación o a un único núcleo. El propósito es utilizar esta experiencia como punto de partida para aproximarnos a un proceso más amplio de participación ciudadana desarrollado en Abanto-Zierbena.

La experiencia de Gallarta permite observar, además, la evolución de un modelo de participación política y social de carácter asambleario que posteriormente tuvo presencia en la institución municipal y que hubo de desenvolverse dentro de las posibilidades y limitaciones establecidas por las leyes y por la propia Administración local.

Una historia construida entre muchas personas

Por todo ello, vaya por delante el reconocimiento y la consideración hacia todas aquellas personas que, con su trabajo, su tiempo y su disposición desinteresada, hicieron posibles numerosas realizaciones que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida en las diferentes zonas y barrios del municipio.

Una parte importante de ese esfuerzo colectivo ha quedado recogida en esta divulgación. El propósito es que pueda contemplarse dentro de la realidad de su tiempo, teniendo en cuenta tanto las dificultades y limitaciones existentes como la constancia y el esfuerzo de quienes participaron en aquellas iniciativas. No se pretende construir una visión nostálgica del pasado ni reivindicar reconocimientos personales. Se trata, fundamentalmente, de hacer visible un trabajo colectivo que, con frecuencia, ha quedado diluido tras la posterior institucionalización de la vida política y el protagonismo adquirido por los partidos.

El propósito de esta divulgación

Lo que se pretende abordar, en definitiva, es la evolución del trabajo realizado por el movimiento vecinal a escala local: primero, desde las asociaciones de vecinos y, posteriormente, desde el Ayuntamiento.

El estudio de este proceso resulta especialmente relevante porque en los últimos años se ha producido una creciente proliferación de investigaciones sobre los movimientos vecinales, la transición democrática y la participación ciudadana. Estas investigaciones ofrecen perspectivas diversas y, en ocasiones, contradictorias, donde las nuevas organización políticas tratan de obviar el trabajo desinteresado desarrollado por el Movimiento Ciudadano.

Esta obra pretende aportar una mirada construida desde la experiencia local y, especialmente, desde la documentación conservada. Una mirada que permita recuperar acontecimientos, reivindicaciones, debates y realizaciones que forman parte de la historia reciente de Abanto-Zierbena.

Más que establecer una interpretación definitiva, se pretende poner a disposición de las generaciones presentes y futuras los elementos necesarios para conocer cómo se fue construyendo aquella participación ciudadana, cuáles fueron sus aspiraciones, qué dificultades encontró y qué transformaciones produjo en el municipio.

Porque recuperar esta historia no significa únicamente recordar lo sucedido. Significa también preservar la memoria documental de una etapa en la que numerosas personas comenzaron a intervenir directamente en los asuntos colectivos y contribuyeron, desde sus barrios y asociaciones, a la transformación de la vida municipal.

 

RESITUANDO AL MOVIMIENTO CIUDADANO

Plantear una perspectiva histórica del Movimiento Ciudadano (M.C.) obliga a cuestionar algunas interpretaciones que presentan a la sociedad española de las décadas de 1960 y 1970 como una sociedad desmovilizada, pasiva e inerte. La realidad fue mucho más compleja.

En aquellos años, que las nuevas generaciones identifican como "otros tiempos", el Movimiento Ciudadano nació y se consolidó como una expresión solidaria, participativa y reivindicativa de la sociedad civil. Su desarrollo durante los últimos años del franquismo constituyó una auténtica explosión de participación democrática impulsada por la necesidad de dar respuesta a las numerosas carencias sociales, urbanísticas y de servicios públicos que padecía la ciudadanía. Todo ello se produjo bajo un clima permanente de miedo y represión heredado de la dictadura instaurada tras el golpe de Estado contra la II República.

Durante la década de los sesenta la sociedad española experimentó profundas transformaciones. El crecimiento económico, la industrialización, la incorporación de nuevos avances tecnológicos y domésticos y, especialmente, la experiencia de miles de trabajadores emigrantes en otros países europeos, permitieron conocer modelos laborales más avanzados, sociedades civiles más abiertas y formas de participación democrática desconocidas en España.

En este contexto comenzaron a abrirse pequeñas fisuras en el régimen franquista que permitieron aflorar una creciente conflictividad social. Sin embargo, las movilizaciones que se hicieron visibles durante los años sesenta y setenta no surgieron de forma espontánea. Eran el resultado de dos décadas de frustraciones acumuladas, vividas bajo una represión institucionalizada que había consolidado el poder surgido de la Guerra Civil. En el caso de Euskadi, Bizkaia y Gipuzkoa llegaron incluso a ser calificadas por el régimen como "provincias traidoras".

La dura posguerra dejó una profunda huella en varias generaciones. El hambre, la pobreza, la escasez, las depuraciones políticas, la enfermedad y unas condiciones laborales extremadamente duras marcaron la vida cotidiana de millones de personas. A ello se sumaba el recuerdo permanente de la Guerra Civil, utilizado como elemento de control social por un Estado construido sobre la división entre vencedores y vencidos.

Estas circunstancias generaron profundas desigualdades sociales y consolidaron unas élites fuertemente clasistas. Aunque la economía comenzó a mejorar lentamente durante los años sesenta, una parte importante de la población continuó viviendo en condiciones muy precarias, especialmente los barrios obreros y las familias trabajadoras, donde las posibilidades de promoción personal seguían siendo muy limitadas.

El franquismo trató igualmente de moldear ideológicamente a la sociedad mediante un sistema educativo profundamente controlado. Los textos escolares insistían en la identificación entre patria, religión y obediencia al Estado, relegando cualquier interpretación crítica de la historia. La formación de ciudadanos libres quedaba subordinada a la construcción de un modelo de español basado en la obediencia, el nacionalismo oficial y la aceptación del orden establecido.

Todo ello permite comprender que la conflictividad social de los años setenta no fue una consecuencia exclusiva de las políticas tecnocráticas del régimen, sino la expresión de unas aspiraciones democráticas que llevaban décadas acumulándose. La crisis económica desencadenada tras la crisis del petróleo de 1973, con el aumento del desempleo, la caída de las inversiones y la reducción de la actividad económica, agravó todavía más el malestar social, especialmente entre la clase trabajadora.

En ese escenario adquirieron un protagonismo creciente los nuevos movimientos sociales, entre ellos las Asociaciones de Vecinos, que llegaron a convertirse en auténticos espacios de participación ciudadana y en vías paralelas de oposición democrática a la dictadura. Su fuerza no puede entenderse sin conocer las experiencias de solidaridad, organización y resistencia que habían ido desarrollándose desde las primeras décadas del franquismo.

Esta recopilación de información pretende precisamente recuperar aquella memoria colectiva. A través de más de cincuenta años de trabajo documental y personal, se busca reconocer la labor desarrollada por tantas personas que, de forma desinteresada y en condiciones extremadamente difíciles, contribuyeron a construir una sociedad más participativa, solidaria y democrática.

Al mismo tiempo, esta obra invita a reflexionar sobre la evolución posterior de la participación ciudadana en las instituciones locales, donde el Movimiento Ciudadano desempeñó un importante papel democratizador. Su experiencia constituye una referencia imprescindible para comprender la historia reciente de nuestros municipios y los retos que todavía hoy plantea la participación directa de la ciudadanía en la vida pública.

Muchas de las formas de solidaridad que nacieron entonces no aparecen reflejadas en las estadísticas de afiliación sindical ni en el número de huelgas convocadas. Sin embargo, marcaron profundamente a toda una generación. Entre las familias de presos políticos, perseguidos, exiliados y defensores de las libertades se desarrollaron intensas redes de ayuda mutua que fortalecieron los vínculos comunitarios y alimentaron una cultura democrática basada en la cooperación y la defensa de los derechos humanos.

El estudio de los barrios obreros permite comprender mejor estas realidades. Constituye una valiosa perspectiva para analizar las actitudes de las clases populares frente al régimen franquista y para entender cómo la vida cotidiana, las relaciones vecinales, la escuela y la comunidad fueron configurando una conciencia colectiva que acabaría impulsando el nacimiento y la consolidación del Movimiento Ciudadano.

LAS BONDADES CRISTIANAS

La supuesta bondad que inspiraba aquel nuevo gobierno cristiano de los hombres y del mundo del franquismo, se explicita en textos como el siguiente: «Como todo está cubierto de nieve y hielo, los pajaritos no pueden encontrar nada y ahora son pobres. Por esto les doy de comer, de la misma manera que los ricos sostienen y alimentan a los pobres. El rico es para el pobre el administrador de la Providencia».

Esta concepción paternalista se trasladó rápidamente a la práctica social del Estado franquista y una de sus manifestaciones más visibles fue el desarrollo urbanístico. También en pequeñas localidades, como Abanto-Zierbena, puede apreciarse esta política mediante la construcción de viviendas promovidas por el Estado, entre ellas el Grupo Girón, en Cotarro (Gallarta); el Grupo Serantes y Las Encinas, en Sanfuentes; o el Grupo La Trinidad, en Las Carreras.

Sin embargo, la durísima situación de la posguerra no sólo puso de manifiesto el grave problema de la vivienda, sino que dio lugar a la construcción de inmuebles que, en numerosas ocasiones, no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad.

De aquellos años datan las viviendas de Santa Juliana, algunas de las cuales han llegado hasta nuestros días tras sucesivas reformas (las conocidas como casitas Sixto), así como las denominadas casitas de papel de Gallarta. Estas últimas una vez derribadas, la primera corporación democrática de 1979 en los terrenos que ocupaban, pasaron a convertirse en el actual parque y plaza Dolores Ibárruri. La extrema necesidad llevó igualmente a muchas familias a ocupar las cuevas situadas al final de la calle Peñucas, en su margen derecha, próximas al puente que comunicaba con la mina Orconera; los túneles de Putxeta; las chabolas del barrio de Cotorrio; La Barga; el barrio Fonso; Las Calizas y otros asentamientos precarios que reflejan la verdadera dimensión que alcanzó el problema de la vivienda en nuestro municipio.

Esta situación fue consecuencia de una doble realidad: por un lado, la explotación inhumana de la población trabajadora y, por otro, la intensa inmigración atraída por la actividad minera. Aun así, y pese a las enormes dificultades económicas, durante la década de los cincuenta se construyeron las primeras edificaciones del Grupo Girón, en Gallarta (actual barrio de San Miguel), y del Grupo El Minero, en Las Carreras. No obstante, el ritmo edificatorio de aquellos años estuvo muy lejos del intenso crecimiento urbanístico que se produciría en las décadas posteriores, debido principalmente al progresivo derribo del núcleo urbano del viejo Gallarta por parte de Franco Belga-Agruminsa.

Todo este proceso constituye una larga secuela de injusticias sociales, políticas y económicas que hunde sus raíces en los años cuarenta. El periodo de hambre, segregación y chabolismo que siguió a la Guerra Civil española estuvo marcado por un profundo agravamiento de las diferencias entre vencedores y vencidos, consecuencia del discurso revanchista y anti-reconciliador impuesto por el nuevo Estado. Desde esta perspectiva, resulta inevitable establecer un paralelismo con el posterior modelo neoliberal que, a nuestro juicio, caracteriza esta democracia limitada o semidemocracia: un sistema que ha profundizado nuevas desigualdades sociales y económicas, consolidando formas de exclusión y privilegio que, aunque adaptadas a los nuevos tiempos, conservan elementos estructurales heredados del pasado.

La victoria franquista dio lugar a una sociedad fuertemente jerarquizada, elitista y clasista, en la que cada persona debía ocupar el lugar que le correspondía dentro de un orden social previamente establecido. Con el paso del tiempo, muchos de aquellos esquemas de poder han perdurado, tanto en el ámbito social como en el político y el laboral, permitiendo la continuidad de privilegios acumulados durante la dictadura y dificultando una verdadera igualdad de oportunidades.

Paradójicamente, un régimen que proclamaba el fin de la lucha de clases no solo la mantuvo en la práctica, sino que la justificó ideológicamente. La existencia de ricos y pobres se presentaba como un designio natural y divino, consustancial al orden establecido. La riqueza permitía a unos ejercer la caridad y realizar buenas obras para alcanzar la salvación, mientras que la pobreza aparecía como una condición inevitable que debía ser aceptada con resignación por quienes la padecían. De este modo, la beneficencia sustituye a la justicia social y la desigualdad quedaba legitimada como expresión de un supuesto orden providencial.

LA MIGRACIÓN - ABANTO CIÉRVANA

El auge de la construcción respondió al crecimiento industrial y demográfico de las ciudades, al tiempo que parte de los capitales acumulados durante los años de la economía autárquica encontraron en la especulación inmobiliaria un nuevo espacio de inversión. Los emigrantes llegan pensando que encontrarán: trabajo estable; vivienda; mejores condiciones de vida. Lo primero suele cumplirse parcialmente. Lo segundo fracasa. Y ese fracaso genera una nueva conciencia colectiva. Ahí nace el movimiento vecinal.

Ese es precisamente el puente histórico hacia nuestro Movimiento Ciudadano, el régimen se vio obligado a reconocer públicamente la magnitud del chabolismo que durante años había negado. Otxarkoaga fue una solución de urgencia. Y además una solución incompleta.

La emigración no sólo modificó la demografía de Abanto-Zierbena y del conjunto del Gran Bilbao. Transformó profundamente la estructura social. Miles de familias obreras comenzaron a compartir los mismos problemas: vivienda, urbanización, abastecimiento de agua, transporte, escuelas, centros sanitarios y equipamientos públicos. De aquellas necesidades comunes nació una conciencia vecinal que, con el paso de los años, acabaría organizándose en asociaciones de vecinos y, posteriormente, en movimientos ciudadanos que cuestionaron el modelo político y administrativo del franquismo.

La emigración interior, el rápido crecimiento urbano, el déficit de viviendas dignas, la ausencia de infraestructuras básicas y la incapacidad del régimen para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales fueron configurando un profundo malestar ciudadano. Sobre esa realidad cotidiana, más que sobre planteamientos ideológicos, comenzó a gestarse una nueva cultura de participación vecinal que, durante la década de los setenta, cristalizó en el nacimiento del Movimiento Ciudadano como una de las expresiones más significativas de oposición social al franquismo y de reivindicación democrática en el ámbito municipal.

Siguiendo con el proceso evolutivo de los acontecimientos históricos, asistimos a una emigración importante en toda la península proveniente del campo a las ciudades, que constituirá el antecedente de los movimientos masivos que se producirán en los años cincuenta y comienzos de los sesenta. En Abanto-Zierbena, la afluencia de esta población queda reflejada en el padrón municipal de habitantes, que recoge un considerable e importante crecimiento (año 1.950 con 9.419 habitantes; en el 1.960 con 11.340 habitantes, un incremento del 20,39%).

La mayor parte de los trabajadores que afluyen en este momento son peones agrícolas sin cualificar que, seducidos por unas mejores esperanzas de vida buscan trabajo en las minas y en las nuevas industrias de metalurgia creadas en la época y sobre todo en el sector más pujante del momento, la construcción que empezaba a despuntar como mano de obra barata.

Este auge constructivo no sólo hay que asociarlo al comienzo de una emigración importante, sino que debe ir también íntimamente ligado a la desaparición del estraperlo como fuente de riqueza fácil comercial, sustituida por la especulación del suelo y la edificación de viviendas para obreros. De esta forma se produce la constatación en las clases humildes de que aquellas soflamas que al iniciarse la andadura del nuevo Estado había prometido "ganar la batalla de la vivienda corrigiendo sus defectos antihigiénicos, sustituyendo las viejas e insalubres viviendas y chabolas", no sólo no se cumplían, sino que parecían conducirse en la dirección contraria.

Marginados en la periferia de las ciudades, los barrios obreros no son los ideales lugares descritos por la prensa franquista, sino caóticos barrizales sin la más mínima urbanización, donde se alzan construcciones muchas veces insalubres y edificadas con materiales de ínfima calidad (lo hemos podido constatar en toda la periferia de los grandes núcleos urbanos: la sexta vez que Franco visita Bilbao fue el 26 de agosto de 1958 cuando llegó a la apertura de la Feria de Muestras en Bilbao, en donde según la prensa del régimen, fue cuando advirtió a lo lejos el cinturón de chabolas que rodeaban Bilbao (contorno de Euskalduna, Campa de los Ingleses, Buena Vista) y los montes cercanos. Interesado por el tema, al poco tiempo nacía el poblado de Otxarkoaga para erradicar aquél chabolismo.

El chabolismo en Bilbao. Cuando la ciudad crecía por la noche en la oscuridad 

Son imágenes de la Campa de los Ingleses el 1.961, lo que ahora se llama Abandoibarra.

La última vez que estuvo Franco en Bilbao, fue el 19 de junio de 1964, una vez más en los actos conmemorativos de la toma de Bilbao por sus tropas. En este último viaje inauguró el polígono de Otxarkoaga y nada más hacerlo ya se requerían por parte de las autoridades locales cuantiosas partidas económicas para hacer frente a los numerosos problemas constructivos y urbanísticos que se habían producido. A la experiencia de esta decepción debemos sumar un compendio de acontecimientos y situaciones que se irán acumulando y que convergerán en la aparición del M.C., como fuerza de oposición al franquismo durante los años setenta.

NUEVOS POBLAMIENTOS

La escasez de recursos económicos tras la Guerra Civil, unida al progresivo desplazamiento de la población del campo hacia las ciudades, provocó un acelerado crecimiento de los poblados de chabolas en las periferias urbanas. Algunos historiadores han definido este fenómeno como la «política del chabolismo», una práctica urbanística que caracterizó buena parte de la posguerra y cuyos efectos se prolongaron mucho más de lo que habitualmente se ha reconocido.

La remodelación de las ciudades pretendía proyectar la imagen de la denominada «Nueva España» franquista. Sin embargo, ese proceso relegó a las clases más humildes a los extrarradios urbanos, donde las condiciones de habitabilidad eran, en la mayoría de los casos, claramente deficientes. En la Zona Minera esta situación se agravó con la llegada de miles de trabajadores procedentes de distintos puntos de la península, atraídos por la expansión de la explotación minera y por la esperanza de encontrar un empleo que les permitiera mejorar sus condiciones de vida.

El diseño de estos nuevos asentamientos respondía, además, a la concepción que el régimen mantenía sobre las clases trabajadoras. La vivienda no era entendida únicamente como una necesidad social, sino también como un instrumento de control dentro del modelo paternalista y autoritario del franquismo. Este planteamiento impregnó buena parte de las políticas sociales de la época y condiciona el desarrollo urbanístico de numerosas localidades.

Desde una perspectiva actual resulta inevitable observar ciertas continuidades. Aunque el contexto político y económico es muy distinto, persisten modelos de intervención pública que, bajo diferentes formas, mantienen un carácter asistencialista. Frente a ello, conviene recordar que el acceso a un trabajo digno continúa siendo el principal instrumento para garantizar la autonomía personal y una distribución más equilibrada de la riqueza, haciendo una sociedad más justa, solidaria, participativa y democrática. 

En este contexto, durante 1954 se aprobó la Ley de Viviendas de Renta Limitada, que reorganizó la legislación existente y definió el papel del Estado como prestamista de último recurso para los españoles que carecían de vivienda. No obstante, otorgó a la iniciativa privada el papel de principal promotora y reservó a la Obra Sindical del Hogar (O.S.H.) la función de instrumento público destinado, según el propio régimen, a corregir las desigualdades existentes.

La ley impulsó la ejecución de un amplio Plan de Viviendas para Productores y puso en marcha un sistema de financiación que movilizó recursos públicos y privados. Las cajas de ahorro participaron en la promoción de viviendas para sus empleados; numerosos empresarios colaboraron en los proyectos constructivos y la Iglesia promovió campañas como las conocidas Tómbolas Diocesanas, destinadas a recaudar fondos para la construcción de viviendas sociales.

Pese a estas iniciativas, la realidad de los suburbios continuó deteriorándose. La aceleración del proceso industrial durante la década de 1950 intensificó la emigración interior. Miles de familias abandonan el medio rural para instalarse en pensiones, habitaciones realquiladas o viviendas compartidas con familiares, mientras otras muchas se veían obligadas a levantar chabolas carentes de agua corriente, alcantarillado y servicios básicos.

La continua llegada de emigrantes hizo crecer rápidamente los cinturones de infravivienda que rodeaban las principales ciudades. La Zona Minera no fue una excepción. La demanda de mano de obra para la explotación minera superó ampliamente la capacidad de alojamiento existente, generando importantes problemas urbanísticos y sociales que marcarían durante décadas la evolución de municipios como en Abanto-Zierbena.

Las políticas de vivienda desarrolladas durante los años cincuenta no sólo respondieron a una necesidad inmediata, sino que sentaron las bases de un modelo de financiación y promoción inmobiliaria cuyos efectos se prolonga durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Buena parte de las estructuras económicas, financieras y administrativas creadas entonces sobrevivieron a la Transición y continuaron influyendo en el mercado inmobiliario español hasta la crisis de 2008.

Comprender este proceso resulta imprescindible para interpretar la evolución histórica de Abanto-Zierbena. El crecimiento demográfico derivado de la inmigración, la construcción de nuevos barrios y las transformaciones sociales asociadas a la minería configuraron el escenario en el que, años después, surgirían nuevas formas de participación vecinal y ciudadana que acabarán cristalizando en el Movimiento Ciudadano.

LA ECONOMÍA FRANQUISTA

A partir de la Guerra Civil de 1936, nació una clase dirigente adicta al régimen, que unió su destino al del franquismo y supo transitar con soltura desde los consejos de ministros a los consejos de administración del Estado, en un viaje de ida y vuelta donde lo público y lo privado respondiendo a sus intereses particulares. Durante casi medio siglo, esa clase social “franquista” logró beneficios asombrosos realizando sus negocios bajo el proteccionismo del poder. En tales condiciones, corrupción y desarrollo fueron los rasgos de un mismo proceso en el que se forjaron las grandes fortunas y se consolidó el capitalismo español. Unas 240 familias franquistas, entre las más ricas de la España del siglo XXI. Todos ellos, millonarios con apellidos tan sonoros como: Serrano Suñer, Girón, Cortina, Alcocer, Letona, Carceller, Barrera de Irimo, Calviño, Fontana Codina, García Ramal

Fueron las “familias” de un régimen político poblado por empresarios de fortuna, falangistas de clase media, funcionarios oportunistas, latifundistas de gatillo fácil, nobles industriosos, altos cargos a la búsqueda de multinacionales, ministros, todos unidos a la caza del Dinero, para enriquecerse con el desarrollismo a partir de 1959. Empresas de aquellos años, después de más de 85 años, siguen cotizando hoy a través del IBIX-35. Los grandes nombres de la economía española actual son los mismos, o los herederos, de aquellos que unieron su fortuna y su destino con Franco.

Son todos ellos, una casta de empresarios que surgió a través de la autarquía de la posguerra, familias unidas por la llamada del dinero que, a partir de 1959, con la llegada del Desarrollismo, se convirtieron en un ejemplo más del capitalismo salvaje, copando los bancos, las finanzas, las constructoras y fueron creando el monopolio del Estado para imprimirle más seguridad al amasijo de sus capitales y así nacía el Instituto Nacional de Industria (I.N.I.). Sus fortunas se gestaron de forma ilícita durante el franquismo, se “blanquearon durante la Transición”, y siguen estando en las mismas manos en la actualidad con esta semidemocracia amañada en la transición política.

En este recorrido de la ciudadanía, por primera vez, aparece en escena una generación que no ha vivido la Guerra Civil y que es incapaz de entender el machacón discurso revanchista de los vencedores, resulta imprescindible, además, no olvidar que en los últimos años de la década las idílicas relaciones entre la Iglesia y el Estado, que habían llegado a su máxima culminación con la firma del Concordato en 1953, comenzaron a resquebrajarse debido a la aparición de nuevos movimientos cristianos como la HOAC, la JOAC o las Vanguardias Obreras, liderados en su mayor parte por jóvenes sacerdotes. Estos nuevos sacerdotes, será la experiencia y la convivencia de muchos de ellos en los barrios obreros, en las unidades vecinales de absorción y en los poblados míseros de chabolas.

El impacto de las vivencias que muchos de estos sacerdotes afrontarán en los guetos urbanos construidos al amparo del sistema franquista, determinará en muchos casos su posición futura frente al poder municipal, donde en el ámbito local hemos sido testigos directos de actuaciones solidarias llevadas a cabo y que se pueden sintetizar en la figura de Periko Solabarria y su labor de ayuda a las familias obreras de los barrios de Las Calizas, La Barga, Barrio Fonso y Triano entre otros, que con motivo de este trabajo de recopilación, tuve la ocasión de volver a leer el libro “Periko Solabarria Conversaciones con la Juventud”, por haber sido testigo directo y querer recoger la fecha de la primera misa que Periko celebrada en Las Calizas (sin conseguirlo, aunque intuyo según mi proceso, sería en año 54 o 55), donde en su primera homilía, asumía con las personas presentes de los barrios mencionados su compromiso sacerdotal. En aquella ocasión, le vi llorar emocionado, otras dos ocasiones muy significativas que tuve la ocasión de hablar con él, también se me han quedado en la memoria: el encuentro en la factoría de Altos Hornos de Bizkaia en el año 1963, que llevaba dos cubos o recipiente de gasoil y al preguntarle qué hacía, me contesta que estaba de peón.

Ya la última vez, fue con motivo de unas manifestaciones llevabas por la Coordinadora de Parados de la Margen Izquierda y Zona Minera en diciembre de 1.988, de la cual formaba parte y se manifestaba ante el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena. Me dijo que la protesta de manifestarse en el ayuntamiento, no era contra mí persona ni contra el alcalde, sino que era por la situación que estaban viviendo los trabajadores en paro y lo venían haciendo por todos los ayuntamientos. En todo este recorrido habían permanecido en mi memoria, “las comedias” que se llevaron a cabo por aquellas fechas (pequeñas obras de teatro) en la escuela de Las Calizas y en los pabellones de la viejas viviendas de La Orconera junto al pantano de Triano, así como los recitales de poesía que nos iban abriendo las puertas hacia el mundo de la cultura, de lo cual él fue el impulsor de todo ello, adelantándose al proceso de transformación que viviría la Iglesia para irse acoplando al Concilio Vaticano II en 1962-1965, que tenía por objeto principal la relación entre la Iglesia y el mundo moderno.

Lo que no sabía por esas fechas, eran las declaraciones que con motivo de su muerte (24 de junio de 2015) publicaba Punto y Hora: “Hoy hace dos años que nos dejó nuestro querido Periko. Para el recuerdo esta entrevista publicada en la revista Punto y Hora (mayo 1990), donde hace un repaso a su vida y a la situación política y social del momento. Periko Solabarria recuerda aún alguno de los que ahora están militando en algunos Partidos, y que todavía le llaman D. Pedro. Recuerdo al concejal del PSOE, Sebastián Martínez, el alcalde de Gallarta, Puerto, y muchos que ahora están en HB.” Allí en pleno fragor de una labor social de base comenzó Periko su propia concienciación obrera, entre hojas clandestinas con olor de “fiambres de currelo”. Creo que todo ello, va creando una base de identificación con el Movimiento Ciudadano, que llegado el momento explosiona para no tener marcha atrás en su proceso, e ir marcando comportamientos personales y colectivos.

El Concordato supuso una Iglesia sumisa que apoyaba, justificaba y legitimaba constantemente al régimen. A cambio, la Iglesia obtenía prebendas y el control absoluto sobre las enseñanzas medias como nos muestran las siguientes aseveraciones de Feliciano Blázquez: "El monopolio de la Iglesia en las enseñanzas medias fue ingente. En 1955, una quinta parte de los bachilleres cursaban en centros estatales, mientras que los escolapios tenían cuarenta y dos colegios y 21.430 alumnos; los salesianos, 29 colegios y 15.582 alumnos, y los jesuitas, 21 colegios y 14.507 alumnos. En el curso 1958-1959 los alumnos de centros estatales eran 69.982 mientras que los de centros de la iglesia ascendían a 172.482", en Blázquez, F., La traición de los clérigos en la España de franco.

La nueva política económica, representada en la figura del ministro de Comercio, Alberto Ullastres, se apoyaba en el requerimiento previo del sacrificio de los obreros que habían sufrido duro golpe con la supresión de las horas extras defendida por el plan de estabilización. A pesar de que en 1958 se había producido un gran avance para los trabajadores de este país con la Negociación Colectiva de los Convenios Laborales, que había potenciado los jurados de empresa y los enlaces sindicales, los inicios de los años sesenta no parecían demasiado halagüeños para un colectivo que había soportado ya sobre sus espaldas veinte años de dictadura.

LOS PROBLEMAS DE LOS BARRIOS

La evolución social desde los años sesenta hasta la Transición democrática quedó magníficamente reflejada en una conocida parodia popular que circuló entre amplios sectores de la clase trabajadora: «Rogad a Dios en caridad por el alma de D. Aumento de Sueldo, de edad avanzada, desaparecido en España, víctima de Dña. Subida de Precios, la cual conducía un vehículo con aterradora velocidad. Su afligida señora Dña. Modesta Paga; hijos D. Anticipo, Dña. Deuda, Dña. Exigua Paga Extraordinaria y Dña. Esperanza; hija política Dña. Vergüenza (ausente) y primos (los productores) ruegan un piadoso recuerdo, lamentaciones y ayunos forzosos y que asistan a la conducción del cadáver desde la casa mortuoria (Ministerio del Trabajo) hasta el cementerio de la Esperanza (Delegación de Sindicatos), por lo que quedarán eternamente agradecidos. Varios Excelentísimos Señores han concedido muy buenas palabras en la forma acostumbrada.»

Aquel texto satírico resumía con extraordinaria claridad las preocupaciones que las políticas de austeridad del Gobierno despertaban entre la población trabajadora. La incertidumbre económica y los elevados costes sociales derivados de las medidas impulsadas por los ministros del desarrollismo desembocaron en importantes conflictos laborales, entre los que destacó la huelga de 1962. Sus reivindicaciones salariales y sociales enfrentaban al régimen con un dilema de difícil solución: modernizar la economía sin modificar las estructuras políticas de la dictadura.

La etapa de los tecnócratas representó el intento de modernizar la imagen exterior del franquismo sin alterar los fundamentos del poder. Fue un cambio de apariencia más que de contenido. El régimen pretendía aproximarse a Europa, mejorar su imagen ante los países occidentales y suavizar parcialmente los mecanismos de control que durante tres décadas habían condicionado la vida política y social española. Precisamente por esas pequeñas grietas abiertas en el sistema comenzaron a canalizarse el descontento y la frustración acumulados durante años. La contradicción entre el crecimiento económico proclamado por el régimen y la realidad cotidiana de los barrios populares resultaba cada vez más evidente. Mientras la propaganda oficial hablaba de prosperidad y bienestar, miles de familias continuaban viviendo con graves carencias urbanísticas, viviendas de escasa calidad, insuficientes servicios públicos y una preocupante falta de equipamientos sociales.

Fue en ese contexto donde el movimiento vecinal adquirió una fuerza extraordinaria. Sus objetivos eran claros: romper el aislamiento impuesto durante décadas por la dictadura y recuperar espacios de participación desde los que la ciudadanía pudiera expresar sus necesidades y reivindicaciones. De ahí que el Movimiento Ciudadano fuese definido con frecuencia como un auténtico movimiento interclasista, capaz de reunir a personas de distintas procedencias sociales en torno a objetivos comunes.

En Abanto-Zierbena, barrios como Las Carreras, Sanfuentes y Gallarta constituyeron un magnífico ejemplo de esa evolución. Las fiestas populares, las actividades culturales y deportivas, el ocio compartido y, sobre todo, la lucha por conseguir infraestructuras básicas, favorecieron la creación de fuertes vínculos de solidaridad entre los vecinos. La recuperación de la calle como espacio de encuentro, debate y reivindicación no respondió a ningún plan previamente diseñado. Surgió como consecuencia natural de la necesidad de hacer frente a los continuos problemas que afectan a la población. Fue un proceso complejo, condicionado por las divisiones sociales heredadas y por los antagonismos que el propio régimen había fomentado durante décadas.

La movilización ciudadana encontró pronto el respaldo de numerosos profesionales —médicos, ingenieros, arquitectos, abogados y otros colectivos—, así como de una prensa que, tras la Ley Fraga, descubrió en las reivindicaciones vecinales un espacio desde el que denunciar la enorme distancia existente entre el discurso oficial del franquismo y la realidad cotidiana de los barrios. La confluencia de todos estos factores otorgó al movimiento vecinal una extraordinaria capacidad de convocatoria. Durante los años setenta alcanzó su máximo desarrollo y despertó grandes expectativas de transformación social. Aquella movilización ciudadana impulsó una profunda preocupación por mejorar las condiciones de vida en el entorno más próximo y dirigió sus demandas hacia unos ayuntamientos todavía franquistas, hasta desembocar en la constitución de las primeras corporaciones democráticas surgidas de las elecciones municipales de abril de 1979. 

La consolidación del Movimiento Ciudadano durante los últimos años de la dictadura se fue asentando a través de los escasos resquicios legales permitidos por el propio régimen: asociaciones de vecinos, asociaciones de amas de casa y determinados espacios de reunión tolerados en parroquias, iglesias y sacristías. Aquellos ámbitos, aparentemente limitados, se transformaron en auténticos lugares de organización, debate y participación ciudadana. Fue una etapa de intensas reivindicaciones por la libertad y por la mejora de las condiciones de vida: el derecho a una vivienda digna, una sanidad pública de calidad, unos transportes accesibles, salarios suficientes, el control de la carestía de la vida y un urbanismo pensado para las personas. En definitiva, un amplio movimiento social que cuestionó, desde la realidad cotidiana de los barrios, las limitaciones del régimen establecido (todo este proceso reivindicativo, parte de ello, quedó recogido en los boletines informativos de la Asociación de Vecinos de Gallarta que se adjuntan).

Numerosos autores consideran que el movimiento vecinal constituyó una antesala hacia la conquista de las libertades, una auténtica antesala de las libertades públicas. En él se consolidó la convicción de que la ciudadanía debía participar activamente en todas aquellas decisiones que afectaba a la vida diaria, especialmente en cuestiones tan determinantes como el urbanismo, la vivienda, la sanidad o los servicios públicos.

No se debe olvidar que las Asociaciones de Vecinos sirvieron como medio importante para impulsar la organización de otros colectivos populares, siendo decisivo su papel a la hora “de devolver a la mujer su protagonismo ciudadano”, ya que potenció el que muchas de ellas abandonasen el confinamiento al que habían sido sometidas por el recalcitrante machismo de las instituciones franquistas para encabezar la protesta ciudadana.

LAS ASOCIACIONES DE VECINOS

En este proceso histórico, tras décadas de opresión franquista, las Asociaciones de Vecinos fueron desarrollándose en numerosas ciudades de la península como una de las principales expresiones de organización ciudadana. Su impulso procedía de diferentes corrientes ideológicas —comunistas, socialdemócratas, nacionalistas, cristianas y otras—, cuya influencia variaba según las características sociales, económicas y políticas de cada territorio. Dentro de este amplio proceso asociativo pueden destacarse tres aspectos fundamentales:

  1. El protagonismo político del Movimiento Ciudadano. En los últimos años de la dictadura, las Asociaciones de Vecinos constituyeron uno de los escasos espacios legales desde los que numerosos ciudadanos pudieron organizarse y reivindicar mejoras colectivas. Ese marco permitió también que diversas fuerzas políticas fueran abandonando progresivamente la clandestinidad, recuperando presencia pública tras más de dos décadas de represión.
  2. La importancia del Movimiento Ciudadano en la transición democrática. Valorar adecuadamente su génesis y desarrollo permite recuperar una visión de la transición española que sitúe a los movimientos sociales populares como protagonistas de la conquista de la democracia desde abajo. Su práctica participativa y asamblearia representó una forma de organización muy distinta a la de los partidos políticos jerarquizados, convirtiéndose en un verdadero instrumento de participación en los problemas cotidianos de la ciudadanía.
  3. La frustración de muchas de las expectativas generadas. Comprender por qué buena parte de las esperanzas depositadas en el Movimiento Ciudadano terminaron diluyéndose constituye todavía uno de los grandes retos para la Historia del Tiempo Presente. El desarrollo del proceso de transición, condicionado por factores políticos, sociales y, especialmente, económicos, condujo a un modelo que, desde la perspectiva de numerosos movimientos ciudadanos, quedó alejado de las aspiraciones de participación directa y democracia de base que habían inspirado sus luchas. En ese proceso, el comportamiento de los partidos políticos desempeñó un papel decisivo, favoreciendo progresivamente estructuras institucionales cada vez más distantes de aquellos movimientos ciudadanos transversales, no clasistas e independientes de los intereses partidistas.

A partir de los años setenta comenzaron a constituirse las Federaciones de Asociaciones de Vecinos en las principales ciudades, proporcionando al movimiento vecinal una mayor coordinación, capacidad organizativa y fuerza reivindicativa.

EL MOVIMIENTO VECINAL EN BILBAO

El desarrollo del movimiento vecinal en Bilbao estuvo marcado tanto por la evolución general del despertar ciudadano en España como por la situación política y urbanística que atravesaba la capital vizcaína durante los últimos años del franquismo.

La etapa de la alcaldesa Pilar Careaga, que gobernó la ciudad entre 1969 y 1975, coincidió con un intenso crecimiento urbano caracterizado por importantes carencias de planificación, equipamientos e infraestructuras en numerosos barrios periféricos. Esta situación favoreció el surgimiento de un movimiento vecinal especialmente activo, que convirtió las reivindicaciones urbanísticas y sociales en uno de los principales ejes de movilización ciudadana.

Entre las iniciativas más significativas de aquellos años destacan el denominado Libro Negro de Rekalde, las campañas en defensa de zonas verdes y espacios públicos, las reivindicaciones para mejorar las condiciones de vida en los barrios y las movilizaciones contra la carestía de la vida y el constante incremento de los precios de los artículos de primera necesidad. Estas luchas trascendieron las demandas estrictamente urbanísticas para convertirse en una auténtica escuela de participación democrática y organización popular, anticipando muchas de las transformaciones sociales que acompañarían al final de la dictadura.

EL PROCESO DEL M.C. EN ABANTO-ZIERBENA

El propósito de esta recopilación es poner en valor el proceso desarrollado por el Movimiento Ciudadano (M.C.) en Abanto-Zierbena y rescatar del olvido una experiencia colectiva que tuvo una incidencia decisiva en la evolución política, social y municipal del municipio. Se presta especial atención a los cambios producidos desde los últimos años del franquismo hasta la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas y, muy especialmente, a los mandatos de 1979-1983 y 1987-1991, por constituir el hilo conductor de las personas y de los acontecimientos que protagonizaron aquella transformación.

Desde aquellos primeros años hasta 1995 se fue configurando una forma singular de entender la gestión municipal, donde el Movimiento Ciudadano adquirió un protagonismo determinante junto al desarrollo de la transición política y la consolidación de los ayuntamientos como instituciones más próximas a la ciudadanía, que los pactos de gobierno posteriores llevados a cabo entre PSE.-EE.-PNV., que impidieron su continuidad, por limitaciones operativa de mayorías ficticias, arrastrando con ello, una gestión partidista muy alejada de la efectuada por el Movimiento Ciudadano.

La administración local durante la transición constituyó, en gran medida, una continuidad del aparato administrativo heredado del franquismo. Una parte importante de la extensa bibliografía sobre este periodo centró inicialmente su atención en los llamados "actores centrales" —Juan Carlos I, Torcuato Fernández-Miranda, Adolfo Suárez y otros dirigentes procedentes del propio régimen—, dado que el proceso democratizador fue impulsado fundamentalmente desde las instituciones del Estado franquista. A esta dirección política se sumó el respaldo de las principales élites económicas del franquismo y la decisiva influencia ejercida por los gobernadores civiles, encargados de supervisar estrechamente la actuación de unos ayuntamientos cuyos alcaldes continuaban siendo designados desde el poder central.

Sin negar la importancia de esa dimensión institucional, resulta imprescindible incorporar la perspectiva local para comprender con mayor profundidad aquel periodo histórico. Los municipios constituían la administración más cercana a la ciudadanía y el escenario donde las demandas sociales, las reivindicaciones vecinales y las aspiraciones democráticas adquirían una expresión concreta. Desde esta óptica, el análisis del Movimiento Ciudadano permite comprender cómo una parte de la sociedad fue construyendo espacios de participación y organización colectiva que contribuyeron decisivamente a la apertura política.

Para llevar a cabo esta recopilación se dispone de una abundante documentación procedente de archivos institucionales y administrativos, cuya conservación ha permitido reconstruir buena parte de los acontecimientos analizados. Estos fondos documentales se complementan con publicaciones de la época, actas municipales, expedientes administrativos y otros documentos que permiten contextualizar la evolución política y social del municipio.

Más difícil resulta la recuperación de los archivos privados y de la memoria de quienes protagonizaron aquellos acontecimientos. Sin embargo, todavía permanecen entre nosotros hombres y mujeres capaces de ofrecer un valioso testimonio oral sobre las experiencias vividas durante los últimos años de la dictadura y la transición. Conservar esa memoria constituye una obligación histórica antes de que desaparezcan quienes fueron testigos directos de la represión, de las movilizaciones vecinales y de la construcción de las primeras formas de participación ciudadana.

Una parte importante de los estudios recientes ha prestado mayor atención a la oposición antifranquista que al propio funcionamiento del régimen durante sus últimos años. Analizar únicamente una de estas dimensiones conduce inevitablemente a una visión parcial de la realidad. Resulta difícil comprender la prolongada permanencia del franquismo durante casi cuarenta años, así como las características del proceso de transición posterior, sin estudiar conjuntamente la evolución del régimen, de las élites económicas y administrativas que lo sostuvieron y de los movimientos sociales que impulsaron el cambio. Esta cuestión ya fue abordada con mayor amplitud en la obra Noventa años de neoliberalismo, presentada con motivo de las Elecciones Municipales de 2023.

Conviene recordar igualmente que el sistema de partidos que comenzó a configurarse durante la transición no nació plenamente consolidado desde el punto de vista democrático. Muchas de sus estructuras organizativas y de sus formas de funcionamiento fueron desarrollándose de manera gradual, mientras el Movimiento Ciudadano trataba de abrir nuevos espacios de participación directa de la ciudadanía.

La imagen de una sociedad completamente pasiva durante los años setenta ha sido corregida por numerosos estudios que ponen de manifiesto el elevado grado de movilización existente entre amplios sectores populares. Es cierto que el proceso de transición se articuló mediante acuerdos alcanzados entre las élites políticas una vez fallecido Franco; sin embargo, también resulta evidente que la creciente presión social ejercida desde el movimiento obrero, las asociaciones vecinales y otros colectivos ciudadanos contribuyó a debilitar progresivamente al régimen y creó las condiciones que hicieron posible su transformación.

Quienes participamos en aquel proceso vivimos directamente buena parte de esos acontecimientos. Las reseñas y documentos que aquí se recogen pretenden recuperar aquella experiencia colectiva y poner en valor el esfuerzo desarrollado por cientos de personas que apostaron por el asociacionismo, la participación ciudadana y el compromiso cívico como instrumentos para construir una sociedad más democrática.

Los estudios de ámbito local han servido hasta ahora para contrastar muchas de las interpretaciones generales sobre el franquismo y la transición. No obstante, resulta igualmente necesario construir un modelo propio de análisis que permita comprender las particularidades del proceso vivido en cada municipio, prestando especial atención a la continuidad de determinadas élites políticas, económicas y administrativas vinculadas al régimen anterior y a la influencia que siguieron ejerciendo durante los primeros años de la democracia (todo ello, es posible que explicaría la situación que se viene viviendo con esta democracia descafeinada).

El estudio de estas instituciones y de las personas que las dirigieron constituye un campo de investigación fundamental para comprender tanto la evolución de las élites franquistas como las limitaciones que condicionaron el desarrollo de la participación democrática y el control ciudadano sobre la gestión pública.

El verdadero debate sobre la transición no debería centrarse exclusivamente en determinar si el cambio político fue impulsado por las élites o por la sociedad civil, sino en analizar las complejas interacciones que se produjeron entre ambas. Solo desde esa comprensión será posible interpretar con rigor la evolución de los acontecimientos que condujeron a la situación actual y extraer enseñanzas que permitan avanzar hacia un modelo de democracia más participativo, transparente y cercano a la ciudadanía (a sabiendas de que hay una serie de radiografías políticas, que marcan claramente de que adolece esta semidemocracia).

Esta recopilación pone asimismo de relieve el extraordinario papel desempeñado por las Asociaciones de Vecinos del municipio y por las personas que las sostuvieron, con especial reconocimiento a la Asociación de Vecinos de Gallarta, por la desgarradora situación vivida con la destrucción del pueblo.

Su actuación resultó decisiva para denunciar las graves consecuencias sociales derivadas de la actividad de la Franco-Belga y, posteriormente, de Agruminsa, empresas cuya actuación contó durante décadas con el respaldo de las autoridades franquistas. Aquellas organizaciones vecinales constituyeron uno de los principales instrumentos de defensa de la población frente a los abusos sufridos y representan hoy una parte esencial de la memoria democrática de Abanto-Zierbena.

LOS GOBERNADORES CIVILES

A escala provincial, los Gobiernos Civiles desempeñaron un papel decisivo durante los últimos años del franquismo y en el proceso político abierto tras la muerte de Franco. Mientras las corporaciones municipales y las diputaciones permanecían prácticamente inalteradas, los gobernadores civiles se convirtieron en el principal instrumento del Gobierno para dirigir la evolución institucional hasta la celebración de las primeras elecciones municipales de abril de 1979.

Como máximos representantes del Gobierno en cada provincia, ejercían funciones políticas, administrativas y de orden público. Coordinaban la actuación de los ayuntamientos, transmitían las directrices del Gobierno central y elevaban a Madrid las principales necesidades y reclamaciones del ámbito provincial.

Después de la muerte de Franco, las corporaciones locales continuaron integradas por los mismos cargos designados durante la dictadura, salvo algunas comisiones gestoras nombradas de forma excepcional. Esta situación permitió al Gobierno mantener un control efectivo de la administración territorial mientras se desarrollaba el proceso de reforma política.

Durante aquellos años, los gobernadores civiles constituyeron una pieza esencial de la estrategia impulsada primero por el Gobierno de Carlos Arias Navarro y, posteriormente, por el de Adolfo Suárez. Ambos recurrieron a frecuentes cambios de destino y nuevos nombramientos para garantizar la estabilidad institucional. No resulta casual que tanto Adolfo Suárez como Rodolfo Martín Villa hubieran desempeñado anteriormente el cargo de gobernador civil, lo que les proporcionaba un profundo conocimiento del funcionamiento de la Administración periférica del Estado.

A finales de 1976 se celebró en Madrid una reunión de gobernadores civiles convocada por el nuevo Gobierno. Su principal objetivo fue preparar el referéndum de la Ley para la Reforma Política y garantizar el mantenimiento del orden público durante un periodo especialmente delicado. Aunque muchos de aquellos gobernadores mostraban un estilo más dialogante que sus predecesores, todos compartían un mismo principio: la lealtad al Gobierno y a las instituciones surgidas del régimen franquista.

La autoridad del gobernador civil apenas era discutida. Como jefe provincial del Movimiento y máxima autoridad gubernativa de la provincia, su función consistía en aplicar las directrices procedentes de Madrid, coordinar las instituciones provinciales y asegurar la continuidad del Estado durante un periodo de profundas transformaciones políticas.

EL AYUNTAMIENTO DE ABANTO-ZIERBENA ANTE EL CAMBIO POLÍTICO

En este contexto, el municipio de Abanto-Zierbena no constituyó una excepción. Luis Andrés Merodio había sido nombrado alcalde por el Gobernador Civil de Vizcaya el 10 de septiembre de 1974 y permaneció al frente del Ayuntamiento hasta las elecciones municipales de 1979. Durante aquellos años tuvo que afrontar una situación especialmente compleja, marcada por profundas transformaciones económicas, urbanísticas y sociales.

Consciente de la falta de legitimidad democrática de las corporaciones heredadas del franquismo, decidió concurrir a las elecciones municipales celebradas el 3 de abril de 1979. Sin embargo, obtuvo únicamente 690 votos y dos concejales, sin llegar a formar parte del nuevo gobierno municipal. A pesar de ello, durante su mandato coincidieron diversos acontecimientos que modificaron profundamente la situación económica puntual del Ayuntamiento.

LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y LA REALIDAD MUNICIPAL

La construcción del Superpuerto de Bilbao, las expropiaciones realizadas en Zierbena por la Junta de Obras del Puerto, la entrada en funcionamiento de Petronor, la explotación forestal desarrollada por ICONA y el incremento del Impuesto Industrial proporcionaron al Ayuntamiento unos ingresos extraordinarios desconocidos hasta entonces.

Las expropiaciones vinculadas al Superpuerto aportaron aproximadamente 103 millones de pesetas. A ello se añadieron más de 55 millones procedentes de las distintas tasas satisfechas por Petronor, cerca de 9 millones derivados de la venta de madera de los montes consorciados con ICONA y un importante incremento de la participación municipal en el Impuesto Industrial.

Aquella situación generó una sensación de prosperidad que impulsó numerosos proyectos de futuro. Sin embargo, esa abundancia económica ocultaba una realidad muy distinta: el municipio continuaba careciendo de las infraestructuras más elementales y arrastraba importantes carencias acumuladas durante décadas.

La nueva corporación municipal elegida en 1979 encontró un presupuesto ordinario claramente insuficiente para afrontar el funcionamiento diario del Ayuntamiento, además de una importante deuda pendiente con proveedores y empresas suministradoras, entre ellas Iberduero.

A todo ello se sumaba una realidad mucho más grave: el municipio necesitaba inversiones valoradas entonces en torno a los 1.200 millones de pesetas para dotarse de unas infraestructuras básicas acordes con las necesidades de la población.

LA HERENCIA URBANÍSTICA DEL FRANQUISMO

La mayor parte de aquella situación tenía su origen en el modelo urbanístico aplicado durante el franquismo.

El resurgimiento del nuevo núcleo urbano de Gallarta no respondió a una planificación municipal propia, sino a los criterios establecidos por el Plan de Ordenación Urbana y Comarcal de Bilbao y su Zona de Influencia, aprobado en 1945 y posteriormente sustituido por el Plan General de 1964. Abanto-Zierbena carecía de un Plan General propio y las distintas urbanizaciones fueron construyéndose de manera aislada, sin una planificación conjunta que garantizara su integración territorial ni la adecuada dotación de equipamientos públicos.

Así surgieron barrios como El Minero, Sanfuentes, Doctor Areilza o El Casal, concebidos desde planteamientos ajenos a las necesidades reales del municipio. Aquella ausencia de planificación provocó graves problemas de conexión entre los distintos núcleos urbanos y una deficiente calidad constructiva que obligó pocos años después a acometer numerosas reparaciones en viviendas, accesos, redes de saneamiento, alumbrado público y espacios urbanos.

EL DETERIORO DE GALLARTA Y EL NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO CIUDADANO

La explotación minera agravó todavía más aquella situación. El avance de las explotaciones obligaba a derribar viviendas, modificar calles, eliminar plazas, trasladar el Ayuntamiento, colegios, comercios, frontón, iglesia y romper progresivamente la estructura social del antiguo Gallarta. A ello se añadían las expropiaciones, las bajas valoraciones económicas, los caminos cortados, el polvo, el ruido de las voladuras, las grietas en las viviendas, la rotura de conducciones de agua y saneamiento y la desaparición de numerosos espacios de convivencia ciudadana.

A medida que avanzaba la mina, el municipio perdía parte de su identidad colectiva. Al mismo tiempo, numerosos barrios seguían careciendo de infraestructuras básicas, equipamientos sanitarios, accesos, alumbrados, agua potable y viviendas dignas. Las carencias afectaban especialmente a zonas como Santa Juliana, La Balastera, Campillo, Cotorrio, Barrio Fonso, Las Calizas o Triano, la periferia de los núcleos más poblados de Gallarta, Las Carreras o Sanfuentes es donde mas se padecía. Fue precisamente la acumulación de todos estos problemas la que impulsó la organización de la ciudadanía. Las asociaciones vecinales comenzaron a canalizar las reivindicaciones de los barrios y a exigir soluciones para unas necesidades que durante años habían permanecido sin respuesta.

En Abanto-Zierbena, estas reivindicaciones adquirieron una intensidad singular debido a la explotación minera y a la profunda transformación urbana que sufrió Gallarta. La defensa del territorio, de unas condiciones de vida dignas y del derecho de los vecinos a participar en las decisiones que afectaban a su municipio fue configurando, de forma progresiva, una conciencia colectiva que terminaría cristalizando en un incipiente Movimiento Ciudadano, que a partir del 1.975 surge con toda la fuerza la participación ciudadana.

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE GALLARTA

Los Estatutos de la Asociación de Vecinos de Gallarta obtuvieron su reconocimiento administrativo en abril de 1975. Sin embargo, su origen es anterior y debe situarse en el progresivo proceso de organización ciudadana que fue surgiendo como respuesta a los numerosos atropellos sociales, urbanísticos y ambientales derivados del avance de la explotación minera. Esta situación se agravó especialmente a partir de 1959, cuando la empresa Franco-Belga intensificó la explotación a cielo abierto en la zona de la calle Peñucas.

Antes incluso de su legalización, ya se había ido configurando un movimiento vecinal, todavía disperso, que canaliza las crecientes preocupaciones de la población ante la desaparición de barrios, la falta de servicios públicos y la ausencia de una planificación urbanística capaz de responder a las necesidades del municipio. La constitución oficial de la Asociación permitió dotar de una estructura organizada a ese descontento ciudadano.

Para desarrollar su actividad, la Asociación se organizó en cinco grandes Comisiones Informativas: Sanidad, Urbanismo, Cultura, Padres y Junta Directiva, esta última encargada de coordinar, orientar y canalizar el trabajo conjunto. De ellas dependían diversas subcomisiones dedicadas a ámbitos específicos como: Preescolar, Juventud, Biblioteca, Ikastola, Formación Profesional, Jubilados y Chavales, reflejando así la amplitud de intereses y necesidades presentes en la sociedad gallartina. Toda esta estructura organizativa queda recogida en el primer boletín informativo de la Asociación.

El trabajo desarrollado por estas comisiones fue generando un fuerte compromiso colectivo frente a las numerosas carencias que padecía el municipio. La insuficiencia de infraestructuras, la degradación del entorno urbano, la falta de equipamientos públicos y las consecuencias derivadas de la explotación minera pasaron a constituir el eje principal de sus reivindicaciones. Muchas de estas demandas serían asumidas posteriormente por las primeras corporaciones municipales elegidas tras el franquismo. Sin embargo, la escasa capacidad económica de aquellos ayuntamientos, heredada de la etapa anterior, obligó a prolongar durante años la solución de numerosos problemas.

Si nos centramos en la evolución urbanística del municipio, pueden identificarse cuatro grandes actuaciones iniciadas o desarrolladas durante el franquismo que condicionaron profundamente el futuro de Abanto-Zierbena y, de forma muy especial, el de Gallarta. Todas ellas estuvieron marcadas por la inexistencia de un Plan General de Ordenación Urbana que integrase las necesidades de la población y respondiera a las continuas afecciones provocadas por la explotación minera de Agruminsa. Estas actuaciones fueron:

  1. Las instalaciones mineras de Bodovalle-Loredo (Franco-Belga y posteriormente Agruminsa).
  2. La ampliación de la Corta y la consiguiente reubicación de numerosas barriadas.
  3. El desarrollo del Plan Parcial del Polígono El Casal, ejecutado en cuatro fases.
  4. El Plan Parcial del Polígono El Campillo.
  5. A estas intervenciones habría que añadir la construcción del Centro Cívico, que, aunque respondía a una finalidad distinta, terminó integrándose en un proceso urbanístico desarrollado sin una planificación global.

    El conjunto de estas actuaciones, unido a la explotación intensiva e irracional llevada a cabo primero por la Franco-Belga y posteriormente por Agruminsa, terminó configurando un auténtico caos urbanístico. Sus consecuencias no se limitaron a la progresiva desaparición del antiguo Gallarta, sino que condicionaron la evolución de todo el municipio mediante actuaciones aisladas, escasamente coordinadas y subordinadas, en demasiadas ocasiones, a los intereses de la explotación minera. Las secuelas de aquel modelo de desarrollo todavía pueden apreciarse en la actualidad, tanto en la configuración del territorio como en los sucesivos procesos de recalificación del suelo que favorecen dinámicas especulativas, que para una mayor profundidad de la grave situación de estas cinco actuaciones, se desarrollan en el apartado dedicado al "Planeamiento y Urbanismo".

 

EL MOVIMIENTO CIUDADANO EN LA TRANSICIÓN

De la reivindicación vecinal a una concepción de la democracia

El Movimiento Ciudadano constituye uno de los procesos sociales y políticos más significativos surgidos durante el periodo comprendido entre la muerte del dictador y la consolidación del nuevo sistema constitucional. No fue solamente un movimiento de oposición al régimen franquista ni una suma de reivindicaciones locales. Fue, fundamentalmente, un proceso de aprendizaje y ejercicio de participación ciudadana, desarrollado desde los barrios, los pueblos y los municipios, en un momento en que las instituciones democráticas todavía estaban por construir.

Durante aquellos años, miles de ciudadanos comenzaron a intervenir directamente en asuntos que hasta entonces habían sido considerados competencia exclusiva de las autoridades: el urbanismo, la vivienda, la enseñanza, la sanidad, los servicios públicos, las infraestructuras, el medio ambiente o las condiciones de vida de los barrios. De esta manera, el Movimiento Ciudadano fue construyendo, desde abajo, una determinada concepción de la democracia.

Una democracia que no debía limitarse a depositar un voto cada cierto número de años, sino que debía permitir al ciudadano participar, controlar, fiscalizar y decidir sobre aquello que afecta a su propia vida. Esta concepción resulta especialmente importante porque buena parte de aquella experiencia participativa fue posteriormente absorbida, desplazada o subordinada por el desarrollo de las nuevas estructuras partidarias e institucionales. El ciudadano que durante la Transición había aprendido a organizarse y reivindicar colectivamente fue progresivamente convertido en elector. Y entre ambas figuras existe una diferencia fundamental: el ciudadano participa; el elector delega.

Una democracia construida desde abajo

El Movimiento Ciudadano partía de una experiencia sencilla: los problemas cotidianos de los ciudadanos no podían resolverse exclusivamente desde las instituciones. Había que organizarse. Las Asociaciones de Vecinos fueron, en este sentido, auténticos espacios de participación democrática. En ellas se aprendía a debatir, a elaborar propuestas, a presentar reclamaciones, a estudiar expedientes administrativos, a acudir ante las autoridades, a organizar movilizaciones y, sobre todo, a defender colectivamente los intereses de la comunidad.

Aquella experiencia produjo algo que pocas veces aparece reflejado en los relatos tradicionales de la Transición: una verdadera cultura democrática de base. No era todavía la democracia institucional plenamente consolidada. Era otra cosa: era la sociedad aprendiendo a ejercer la ciudadanía. Por eso, el Movimiento Ciudadano no debe ser entendido únicamente como un antecedente de determinadas organizaciones políticas. Tiene una identidad propia y una experiencia histórica que merece ser estudiada por sí misma.

La democracia representativa y la participación ciudadana

Desde esta experiencia se fue consolidando una determinada posición respecto a la representación política. La democracia representativa podía ser necesaria, pero la representación no debía significar la desaparición del ciudadano de la vida pública.

En el ámbito municipal, las Asociaciones de Vecinos y, posteriormente, determinadas candidaturas o partidos de ámbito local vinculados al entorno de INDAZ, podían constituir instrumentos para mantener esa relación directa entre representantes y ciudadanía. La representación debía estar sometida al control ciudadano y no convertirse en una delegación absoluta de la soberanía. De ahí surgía una reivindicación esencial: la democracia no podía reducirse a votar; tenía que incorporar mecanismos permanentes de participación y control.

Contra las listas cerradas y bloqueadas

Una de las consecuencias más importantes del sistema político establecido durante la Transición fue la consolidación de las listas cerradas y bloqueadas para determinadas elecciones. Desde la perspectiva del Movimiento Ciudadano, este sistema plantea un problema esencial: el ciudadano puede votar una candidatura, pero no necesariamente puede elegir libremente a las personas que considera más capacitadas para que le representen.

La consecuencia es una progresiva concentración del poder de decisión en las estructuras internas de los partidos. Frente a ello, se plantea la necesidad de recuperar el principio de que la representación política debe surgir directamente de la voluntad de los ciudadanos. De ahí la reivindicación: una persona, un voto. No como una simple fórmula electoral, sino como expresión de un principio político más profundo: la soberanía debe residir realmente en el ciudadano y no quedar subordinada a los aparatos de los partidos.

La separación de poderes

Otra de las cuestiones centrales es la necesidad de recuperar una separación efectiva entre los tres poderes clásicos del Estado: Poder legislativo. Poder ejecutivo. Poder judicial. La experiencia posterior de la democracia lleva al Movimiento Ciudadano a cuestionar hasta qué punto esa separación es realmente efectiva cuando los partidos políticos mantienen una influencia determinante sobre las instituciones. La cuestión no consiste solamente en que existan formalmente tres poderes diferenciados. La verdadera cuestión es que ninguno de ellos pueda quedar sometido al control de otro y que todos estén sujetos, en última instancia, a la soberanía popular y al orden constitucional. Por ello, la separación de poderes debe ir acompañada de mecanismos efectivos de control ciudadano. Y aquí aparece una cuarta dimensión que, desde nuestra perspectiva, resulta imprescindible.

Una cuarta dimensión de la democracia: la participación en la economía

La democracia política no puede considerarse completa si el ciudadano carece de capacidad real para intervenir en las condiciones económicas que determinan su existencia. El ciudadano puede tener derecho al voto y, sin embargo, encontrarse completamente excluido de las decisiones económicas que afectan a su trabajo, a su vivienda, a sus ingresos, a su consumo y, en definitiva, a su propia autonomía personal. Por ello planteamos una cuarta dimensión de la democracia: La participación en la economía como un derecho irrenunciable de la persona para estar plenamente integrada en la sociedad. Esta idea pretende superar la separación tradicional entre democracia política y economía. No basta con garantizar derechos políticos si las condiciones económicas generan ciudadanos con capacidades radicalmente diferentes para ejercerlos. La democracia debe extenderse también al ámbito económico.

Trabajo, patrimonio y fiscalidad

Desde esta perspectiva adquiere especial importancia la relación entre economía del trabajo y economía del patrimonio. La desigual incidencia fiscal sobre las distintas fuentes de renta puede producir una situación en la que las rentas procedentes del trabajo soportan una carga proporcionalmente superior a determinadas rentas derivadas del patrimonio y del capital.

Esta cuestión debe ser analizada no solamente desde una perspectiva tributaria, sino también desde el punto de vista de la justicia social.Porque cuando una sociedad grava de manera diferente el esfuerzo derivado del trabajo y la capacidad económica derivada de la acumulación patrimonial, puede terminar consolidando las desigualdades existentes en lugar de corregirlas. La participación económica del ciudadano exige, por tanto, abordar también la distribución de la riqueza, la fiscalidad, el acceso al patrimonio y las condiciones de trabajo, que le permitan una integración en el conjunto de la sociedad con derechos y obligaciones.

Del ciudadano productor al ciudadano consumidor

A esta cuestión se añade otra transformación profunda experimentada por la sociedad española. La economía ha ido desplazando progresivamente el centro de atención desde la producción y el trabajo hacia el consumo. El ciudadano aparece cada vez más definido por su capacidad de consumir y menos por su capacidad de participar en las decisiones económicas. España, además, se ha integrado progresivamente en un mercado económico internacional en el que una parte importante de las decisiones estratégicas se toman fuera del ámbito local y, en numerosos casos, incluso fuera del ámbito estatal.

La expansión de las grandes empresas multinacionales, la concentración económica, la pérdida o transformación de determinadas profesiones y actividades productivas y la creciente interdependencia económica han reducido determinados espacios tradicionales de autonomía. La incorporación de España al proceso de integración europea supuso, asimismo, una transformación económica de enorme trascendencia.

La antigua Comunidad Económica Europea, posteriormente Unión Europea, pasó a constituir un marco fundamental para la economía española. Esta integración aportó nuevas oportunidades, pero también significó la aceptación de reglas económicas y monetarias supranacionales que limitaron determinados márgenes de decisión de los Estados. El debate, por tanto, no consiste en rechazar la integración económica internacional, sino en preguntarnos hasta dónde puede llegar esa integración sin que el ciudadano pierda capacidad efectiva de decisión sobre su propia economía y sobre el modelo de sociedad en el que vive.

De la democracia política a la democracia integral

Todas estas consideraciones conducen a una conclusión. La experiencia del Movimiento Ciudadano durante la Transición no puede reducirse a la reivindicación de determinados servicios municipales ni a su papel como oposición al franquismo. Su experiencia permitió formular una pregunta mucho más profunda: ¿qué significa realmente ser ciudadano en una sociedad democrática? Para nosotros, significa algo más que votar. Significa poder participar en las decisiones públicas; elegir y controlar a los representantes; exigir una separación real de poderes; disponer de mecanismos de participación directa; defender los intereses colectivos frente a los intereses particulares; y disponer de unas condiciones económicas que permitan ejercer efectivamente la libertad.

Desde esta perspectiva, la democracia debe entenderse como un sistema político, social y económico en el que la persona no sea únicamente electora y consumidora, sino también ciudadana activa, participante y sujeto de derechos. Y es precisamente en esta concepción donde el Movimiento Ciudadano encuentra su verdadera dimensión histórica. Porque aquello que comenzó en nuestros barrios como una lucha por una escuela, una vivienda, una carretera, un ambulatorio, un espacio público o un urbanismo digno terminó planteando una cuestión mucho más profunda: si el ciudadano tiene derecho a decidir sobre su barrio y su municipio, ¿por qué no ha de tener también derecho a participar en las grandes decisiones políticas y económicas que determinan su vida? Esta pregunta constituye uno de los hilos conductores de nuestra historia. Y será también la que nos permita comprender la evolución posterior del Movimiento Ciudadano, las Asociaciones de Vecinos y, finalmente, el proceso organizativo que desembocará en INDAZ.

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