LA PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA DE GALLARTA

Una problemática inseparable de la explotación minera

La problemática urbanística de Abanto y Ciérvana no puede entenderse al margen de la explotación minera.

Durante más de un siglo, la actividad minera transformó radicalmente el territorio, modificó la distribución de la población y condicionó el crecimiento de Gallarta.

El desarrollo minero iniciado con especial intensidad a partir de las últimas décadas del siglo XIX atrajo a miles de trabajadores procedentes de diferentes lugares de España. La llegada masiva de población se produjo, sin embargo, en unas condiciones de enorme precariedad.

Los primeros trabajadores fueron alojados en numerosos casos en barracones construidos por las propias empresas mineras, en unas condiciones de hacinamiento y falta de higiene que reflejaban la desigual relación existente entre la riqueza generada por la minería y las condiciones de vida de quienes realizaban el trabajo.

La ausencia de ventilación suficiente, la falta de agua potable, el hacinamiento y las deficientes condiciones sanitarias formaron parte de la realidad de aquella primera población minera.

Posteriormente, muchos de aquellos trabajadores trasladaron a sus familias y fueron asentándose de manera permanente, contribuyendo al crecimiento de Gallarta.

El pueblo nació y creció, por tanto, estrechamente ligado a la mina.

Gallarta y la riqueza minera

La transformación experimentada por Gallarta durante las últimas décadas del siglo XIX fue extraordinaria.

Antonio de Trueba dejó constancia de ella al describir la transformación de aquella antigua y pequeña feligresía en un núcleo urbano en expansión. Allí donde había apenas unas pocas casas se había formado, en pocos años, un pueblo vinculado directamente a la actividad minera.

Pero aquella prosperidad tenía una profunda contradicción.

Mientras la minería generaba enormes beneficios y contribuía decisivamente al desarrollo industrial de Bizkaia —alimentando el crecimiento de las industrias siderúrgicas y navieras—, las condiciones de vida y trabajo de los mineros continuaban siendo extremadamente duras.

La riqueza producida por el territorio no se correspondía necesariamente con el bienestar de quienes trabajaban en él.

Esta contradicción entre riqueza económica y condiciones de vida constituye uno de los elementos que atraviesan toda la historia de Gallarta.

La huelga minera de 1890

Las durísimas condiciones laborales desembocaron en uno de los acontecimientos fundamentales de la historia social de la Zona Minera.

En mayo de 1890, una huelga general de extraordinarias dimensiones paralizó la cuenca minera y movilizó a decenas de miles de trabajadores.

La movilización consiguió importantes mejoras, entre ellas la desaparición de los barracones obligatorios y la reducción de la jornada laboral.

La huelga de 1890 constituye, por tanto, un antecedente fundamental para comprender la tradición reivindicativa de la Zona Minera.

No se trataba únicamente de una protesta laboral.

Era también una afirmación de la dignidad de quienes vivían y trabajaban en un territorio cuya riqueza estaba siendo explotada intensivamente.

Un siglo después: la desaparición de Gallarta

La historia de Gallarta presenta una paradoja dramática.

El mismo proceso económico que había originado su crecimiento terminó provocando su destrucción.

Durante décadas, la explotación minera fue avanzando bajo el núcleo urbano. El desarrollo de las explotaciones de Franco-Belga y Agruminsa terminó afectando directamente al propio pueblo.

A finales de los años cincuenta y durante los sesenta comenzó un proceso de desmantelamiento que tendría consecuencias irreversibles.

La desaparición progresiva de calles y viviendas, las expropiaciones y el traslado de población modificaron completamente la estructura urbana de Gallarta.

Uno de los primeros espacios especialmente afectados fue la zona de Peñucas, donde comenzó a hacerse visible el deterioro de la estructura tradicional del pueblo.

Para la población afectada, la palabra utilizada oficialmente —«expropiación forzosa»— no reflejaba necesariamente la dimensión humana del proceso.

Detrás de cada expediente había una vivienda, una familia, una calle, una historia y, en definitiva, una parte de la memoria colectiva del pueblo.

La expropiación se convirtió así en uno de los grandes conflictos sociales y urbanísticos de Gallarta.

La fijación de indemnizaciones, el valor atribuido a las viviendas y terrenos, los criterios aplicados a los metros cuadrados habitables y no habitables y las condiciones de salida de las familias generaron un profundo malestar entre numerosos vecinos.

La percepción existente en determinados sectores ciudadanos era que, bajo el lenguaje administrativo de la expropiación, se estaba produciendo una transformación del pueblo en la que los intereses de la explotación minera tenían un peso muy superior al de las necesidades de sus habitantes.

Un pueblo reconstruido sin una verdadera planificación global

La reconstrucción posterior de Gallarta tampoco resolvió todos los problemas.

El nuevo núcleo urbano fue desarrollándose mediante barriadas y actuaciones parciales, sin que, desde la perspectiva de los vecinos, existiera una concepción suficientemente global del municipio.

El resultado fue una estructura urbana fragmentada.

Faltaban espacios verdes, parques, zonas de recreo, equipamientos públicos y conexiones adecuadas entre unas barriadas y otras.

La Asociación de Vecinos observaba que el crecimiento constructivo no había ido acompañado de una verdadera planificación de conjunto.

El problema no era solamente construir viviendas.

Era construir un pueblo.

Y construir un pueblo significaba también disponer de plazas, parques, escuelas, instalaciones deportivas, espacios de reunión, servicios sanitarios, comunicaciones y lugares donde desarrollar la vida comunitaria.

Esta cuestión será fundamental para comprender el nacimiento de la Comisión de Urbanismo de la Asociación de Vecinos de Gallarta.

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS Y LA COMISIÓN DE URBANISMO

La Comisión de Urbanismo nació como consecuencia de una necesidad concreta: dar una alternativa ciudadana a la transformación urbanística provocada por la explotación minera.

La Asociación de Vecinos entendía que el desarrollo del municipio no podía continuar sometido exclusivamente a las necesidades de la explotación minera.

La ausencia de una planificación urbanística general, la expansión desordenada y la falta de defensa de determinados intereses colectivos por parte del Ayuntamiento generaban una situación que exigía la intervención organizada de los vecinos.

Así lo expresaba la documentación de la Asociación de Vecinos de Gallarta de 21 de abril de 1977, que constituye uno de los documentos fundamentales para comprender la situación del municipio durante la Transición.

La Comisión de Urbanismo no surgía, por tanto, como una estructura burocrática.

Nacía de la necesidad.

Nacía de la percepción de que el pueblo estaba siendo transformado sin que sus habitantes pudieran participar suficientemente en las decisiones que afectaban a su futuro.

Y esa es precisamente la conexión entre el problema urbanístico y el Movimiento Ciudadano.

La reivindicación de un parque, una escuela, una carretera, un ambulatorio o una instalación deportiva podía parecer inicialmente una cuestión menor.

Pero, en realidad, detrás de cada una de aquellas reclamaciones estaba apareciendo una nueva concepción del ciudadano:

el vecino como sujeto activo de la vida municipal.

LA VISIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS: 21 DE ABRIL DE 1977

La Asociación de Vecinos de Gallarta dejó constancia de una larga relación de problemas que afectaban al municipio.

La enumeración resulta especialmente significativa porque permite conocer, desde la propia voz de los vecinos, cuáles eran las necesidades existentes en aquellos momentos.

Se denunciaba el retraso de determinadas obras y equipamientos:

  • El Ambulatorio, cuya terminación estaba prevista para agosto-septiembre de 1976 y que continuaba sin finalizar.
  • El arreglo de la carretera de Cotarro, incluyendo el tramo comprendido entre el Grupo Elcano y la plaza de Cotarro Viejo.
  • La conexión con las plazas del Grupo Girón, que permanecía pendiente.
  • Los retrasos en las viviendas y en la urbanización del Centro Cívico.
  • La ausencia de un frontón descubierto.
  • La demora en la construcción del campo de fútbol.
  • La inexistencia de una Casa de Juntas.
  • El retraso de las viviendas previstas para La Balastera, El Campillo y La Florida.
  • La falta de parques y zonas verdes en el antiguo emplazamiento de las denominadas «Casitas de Papel».
  • Los problemas relacionados con el abastecimiento de agua.
  • El abandono de determinados manantiales y el retraso en la canalización del río Torriente.

La Asociación denunciaba igualmente la ausencia de espacios adecuados para el juego de los niños, la falta de instalaciones deportivas y de lugares de reunión y la insuficiencia de equipamientos culturales y recreativos.

La lista resulta reveladora.

No se estaba reclamando solamente una mejora concreta.

Se estaba reclamando un pueblo habitable.

Un pueblo con espacios públicos, servicios, equipamientos, zonas verdes y lugares de convivencia.

Y en esa reivindicación se encontraba ya una concepción mucho más amplia de la ciudadanía.

De la queja a la participación

La importancia histórica de este documento reside precisamente en que demuestra cómo una Asociación de Vecinos comenzó a realizar una función que iba mucho más allá de la protesta.

Analizaba la situación.

Identificaba las deficiencias.

Señalaba responsabilidades.

Proponía alternativas.

Y exigía respuestas.

Es decir, comenzaba a desarrollar funciones propias de una ciudadanía organizada y fiscalizadora.

Por eso, cuando posteriormente estudiemos cada una de las Comisiones —Urbanismo, Sanidad, Enseñanza, Transportes y las demás— no debemos contemplarlas como compartimentos independientes.

Todas ellas forman parte de una misma experiencia:

la construcción del Movimiento Ciudadano desde los problemas concretos de la vida cotidiana.

Y será precisamente esa documentación de 1977 la que nos permita pasar de la historia general de la Transición a la historia concreta de cómo los vecinos de Gallarta comenzaron a organizarse para recuperar el derecho a decidir sobre su propio pueblo.