EL RETRASO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES
La celebración de las primeras elecciones generales democráticas de junio de 1977 dejó una contradicción todavía sin resolver: mientras las Cortes comenzaban a representar una nueva realidad política, los Ayuntamientos continuaban, en buena medida, en manos de corporaciones procedentes del régimen franquista.
Las elecciones municipales habían sido inicialmente previstas para noviembre de 1976. Sin embargo, el Gobierno decidió aplazarlas y hacerlas coincidir con las futuras elecciones generales. El periódico El País recogía esta decisión en su edición de 1 de septiembre de 1976:
«Las elecciones municipales que iban a celebrarse en principio en el próximo mes de noviembre, para renovar las Corporaciones locales y provinciales (...) van a ser aplazadas, y se hará coincidir su fecha con las previstas elecciones generales».
El aplazamiento no fue una cuestión meramente administrativa. La renovación democrática de los Ayuntamientos afectaba directamente al equilibrio político que se estaba configurando en la nueva España.
En los municipios existía, además, una realidad que no podía ignorarse: el creciente protagonismo del movimiento vecinal.
Las Asociaciones de Vecinos habían adquirido una capacidad de movilización que preocupaba tanto por su autonomía respecto de las estructuras políticas tradicionales como por su capacidad para trasladar al ámbito municipal las demandas concretas de la ciudadanía.
La experiencia de las elecciones generales de 1977 demostró, por otra parte, que el sistema electoral diseñado para aquellas elecciones favorecía la concentración de la representación en las principales fuerzas políticas. Trasladar directamente aquel modelo al conjunto de los municipios españoles no resultaba sencillo, tanto por la complejidad técnica como por la diversidad política y social existente en miles de localidades.
Después de las elecciones generales, el clamor por la renovación de los Ayuntamientos se extendió por todo el país.
La sociedad había comenzado a experimentar la libertad política y reclamaba que esa democratización llegara también al ámbito municipal.
Sin embargo, las elecciones municipales volvieron a ser aplazadas hasta después de la aprobación de la Constitución.
Esta demora tuvo una consecuencia importante: las Asociaciones de Vecinos tuvieron que continuar desarrollando su actividad en unos Ayuntamientos que todavía no habían sido elegidos democráticamente.
Y esta circunstancia explica buena parte de la reflexión que aparece en la documentación de la Asociación de Vecinos de Gallarta de septiembre de 1977.
MUNICIPIO Y MOVIMIENTO CIUDADANO
La preocupación del Movimiento Ciudadano por el municipio no se reducía al problema de la participación democrática.
El municipio constituía el espacio inmediato donde se manifestaban las condiciones de vida de la población.
La vivienda, los equipamientos, el urbanismo, la sanidad, el transporte, los servicios públicos y, en definitiva, todo aquello que afectaba a la vida cotidiana formaba parte de la acción vecinal.
La Asociación de Vecinos entendía que las reivindicaciones municipales estaban relacionadas también con la defensa de lo que denominaba «salario indirecto»: aquellos servicios y prestaciones colectivas que, sin formar parte directamente del salario, determinaban las condiciones materiales de vida de los trabajadores y sus familias.
Esta cuestión adquiría una especial importancia en relación con el suelo urbano.
En un espacio cada vez más reducido, la propiedad del suelo y los procesos de urbanización podían convertirse en objeto de fuertes intereses económicos, en los que intervenían grandes constructores y capitales bancarios e industriales.
Por ello, la defensa de la vivienda y del urbanismo no podía separarse de la defensa del interés colectivo y de la justicia social.
Democratizar desde la base
Pero el documento va mucho más allá de las reivindicaciones urbanísticas.
La Asociación formula una idea que resulta fundamental para comprender la evolución posterior del Movimiento Ciudadano:
la llegada de la democracia institucional no debía significar la desaparición del movimiento vecinal.
Por el contrario, la Asociación consideraba necesario mantener la movilización social para profundizar la democracia.
La democratización no podía terminar con la celebración de unas elecciones municipales ni con la aparición de Ayuntamientos democráticos.
El Movimiento Ciudadano debía continuar siendo un instrumento de participación y control ciudadano.
Su función consistiría en articular la democracia representativa con la democracia participativa, procurando que las instituciones públicas estuvieran lo más descentralizadas posible y que los ciudadanos conservaran capacidad efectiva para intervenir en los asuntos municipales.
Esta afirmación posee una extraordinaria importancia histórica.
En septiembre de 1977, cuando todavía faltaban las elecciones municipales y la Constitución no había sido aprobada, una Asociación de Vecinos de un municipio minero estaba planteando ya un problema que posteriormente acompañaría a todo el sistema democrático:
¿qué sucede con la participación ciudadana cuando las instituciones representativas ya están constituidas?
La respuesta de la Asociación era clara:
el Movimiento Ciudadano no debe desaparecer con la democracia; debe continuar para profundizarla.
La participación necesita organización
El documento refleja también una preocupación que será constante en la historia posterior de las Asociaciones de Vecinos: la dificultad de conseguir una participación ciudadana amplia.
La democracia no podía construirse únicamente con el trabajo de unos pocos vecinos comprometidos.
Era necesario conseguir que los problemas municipales fueran conocidos por el conjunto de la población.
Para ello se consideraban necesarias:
- charlas informativas;
- escritos;
- boletines;
- reuniones;
- campañas de información;
- comisiones de trabajo;
- coordinación entre asociaciones;
- y una participación cada vez más amplia de los vecinos.
La propia Asociación reconocía que esta tarea requería tiempo y organización.
No bastaba con la buena voluntad de unas pocas personas.
La participación debía convertirse en una práctica colectiva.
La coordinación del movimiento vecinal
Esta preocupación no era exclusivamente local.
En una reunión celebrada a comienzos de septiembre de 1977 en San Adrián, en la que participaron alrededor de cuarenta Asociaciones de Vizcaya, se plantearon cuestiones relacionadas con la organización y coordinación del movimiento vecinal.
Entre las propuestas figuraba la creación de Comisiones Gestoras capaces de aglutinar a diferentes fuerzas políticas y sociales y la realización de charlas informativas sobre asuntos que afectaban directamente a la población.
Entre los temas mencionados figuraban cuestiones como:
- la campaña Costa Vasca No Nuclear;
- la sanidad;
- el urbanismo;
- y otros problemas de interés colectivo.
La importancia de estas reuniones reside en que muestran que las Asociaciones de Vecinos comenzaban a percibirse a sí mismas no como organizaciones aisladas, sino como parte de un movimiento ciudadano de ámbito más amplio.
Gallarta formaba parte de esa red.
Fortalecer las Comisiones de Trabajo
La Asociación de Vecinos de Gallarta consideraba imprescindible potenciar sus propias estructuras internas.
Las Comisiones de Sanidad y Urbanismo, que ya funcionaban por separado, debían adquirir una mayor capacidad de trabajo y convertirse en instrumentos capaces de incorporar a todas aquellas personas dispuestas a participar.
Esta organización por comisiones resulta especialmente significativa porque constituye el antecedente directo de la estructura de trabajo que posteriormente encontraremos en la documentación del Movimiento Ciudadano.
No era una organización concebida únicamente para protestar.
Era una organización destinada a estudiar los problemas, elaborar propuestas y actuar sobre ellos.
Urbanismo, sanidad, enseñanza, transporte y otros ámbitos irán adquiriendo progresivamente su propia documentación, sus propios responsables y sus propios expedientes.
De esta manera, la Asociación comenzaba a construir una verdadera estructura ciudadana de conocimiento y participación municipal.
GALLARTA, 12 DE SEPTIEMBRE DE 1977
El documento termina con una afirmación que resume perfectamente el espíritu de aquel momento:
la construcción de la democracia exigía que los ciudadanos asumieran una parte activa de la responsabilidad colectiva.
No podía quedar reducida a la actuación de dirigentes políticos ni a la celebración periódica de elecciones.
La democracia necesitaba ciudadanos organizados.
Necesitaba información.
Necesitaba debate.
Necesitaba participación.
Y necesitaba también continuidad.
Por ello, el documento de 12 de septiembre de 1977 adquiere un valor especial dentro de nuestra historia.
Apenas tres meses después de las primeras elecciones generales, y todavía bajo unos Ayuntamientos que no habían sido elegidos democráticamente, la Asociación de Vecinos de Gallarta estaba formulando ya una idea que permanecerá como uno de los principios fundamentales del Movimiento Ciudadano:
la democratización de las instituciones no puede sustituir a la participación ciudadana; debe hacerla posible y garantizarla.
Y esta idea será decisiva para comprender todo lo que sucederá después.
Porque cuando finalmente lleguen las elecciones municipales de 1979, la Asociación de Vecinos no llegará a ellas como una organización improvisada.
Llegará con varios años de experiencia acumulada, con Comisiones de Trabajo, con conocimiento de los problemas municipales, con una red de relaciones con otras organizaciones vecinales y, sobre todo, con una concepción propia de lo que debía significar la democracia municipal.
La ciudadanía ya había comenzado a organizarse antes de que llegara el Ayuntamiento democrático.
CAPÍTULO III
LA PRIMERA ALCALDÍA: 1979-1983
ELECCIONES MUNICIPALES DE 1979 — PRIMER MANDATO
Finalmente, después de más de tres años de espera desde la muerte del dictador, se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas de la nueva etapa política.
La convocatoria tuvo lugar el 3 de abril de 1979, con el objetivo de renovar las corporaciones locales que todavía mantenían, en buena medida, la herencia institucional del régimen franquista.
La celebración de estas elecciones suponía un acontecimiento histórico.
Por primera vez en más de cuarenta años, los ciudadanos podían elegir mediante sufragio universal a sus representantes municipales.
La sociedad española había acudido ya a las urnas en dos ocasiones desde el inicio de la Transición: primero, en las elecciones generales de junio de 1977, que permitieron constituir unas Cortes con carácter constituyente; posteriormente, el 6 de diciembre de 1978, en el referéndum de ratificación de la Constitución.
La tercera convocatoria electoral correspondía ahora al ámbito más próximo al ciudadano:
el Ayuntamiento.
Las elecciones municipales de 1979 se celebraron, por tanto, bajo el nuevo marco constitucional y significaron la sustitución de las antiguas corporaciones municipales por otras surgidas de las urnas.
Después de décadas de ausencia de representación política municipal plural, el ciudadano volvía a tener la posibilidad de decidir quién debía administrar su pueblo o ciudad.
Un nuevo escenario político
Los resultados generales de las elecciones municipales otorgaron la primera posición a la UCD, seguida del PSOE y del PCE.
Sin embargo, la distribución de concejales y los acuerdos posteriores permitieron que las fuerzas de izquierda alcanzaran las alcaldías de numerosas ciudades importantes.
La experiencia de Madrid fue especialmente significativa. Enrique Tierno Galván, candidato del PSOE, accedió a la Alcaldía mediante el acuerdo alcanzado con el PCE, pese a que la UCD había obtenido un mayor número de votos.
La política municipal comenzaba así a desarrollarse dentro de una nueva lógica democrática: los resultados electorales debían complementarse con acuerdos entre las diferentes fuerzas representadas.
Para los ciudadanos españoles, el cambio era profundo.
El alcalde dejaba de ser una autoridad designada desde la estructura política del Estado y pasaba a formar parte de una corporación elegida por sufragio universal.
Después de más de cuarenta años, el Ayuntamiento recuperaba, al menos formalmente, una legitimidad basada en la voluntad popular.
Pero para el Movimiento Ciudadano esta democratización institucional planteaba inmediatamente una nueva cuestión:
¿qué papel debía desempeñar ahora el movimiento vecinal?
De la movilización social a la institución municipal
Durante los años anteriores, las Asociaciones de Vecinos habían ocupado un espacio que las instituciones franquistas no permitían desarrollar democráticamente.
Habían denunciado problemas urbanísticos, reclamado viviendas, exigido equipamientos, defendido la sanidad, intervenido en cuestiones educativas y reclamado servicios públicos.
Habían aprendido a organizarse.
Habían creado Comisiones de Trabajo.
Habían elaborado propuestas.
Y habían acostumbrado a una parte importante de la población a participar directamente en los asuntos colectivos.
La llegada de los Ayuntamientos democráticos produjo, sin embargo, una profunda transformación.
Muchos dirigentes vecinales pasaron a ocupar responsabilidades políticas o institucionales.
Otros se incorporaron a los partidos políticos legalizados.
Y las propias Asociaciones de Vecinos tuvieron que enfrentarse a una situación completamente nueva.
Habían luchado durante años para conseguir Ayuntamientos democráticos.
Ahora esos Ayuntamientos existían.
La cuestión era si el movimiento vecinal debía desaparecer una vez alcanzado aquel objetivo o si, por el contrario, debía continuar como instrumento de participación y control ciudadano.
La experiencia de Abanto-Zierbena ofrece una respuesta particularmente interesante.
El movimiento vecinal entra en el Ayuntamiento
En nuestro municipio, la experiencia acumulada por la Asociación de Vecinos de Gallarta durante los años anteriores tuvo una influencia directa en la forma de organizar y gestionar la nueva corporación municipal.
No se trataba únicamente de que algunas personas procedentes del movimiento vecinal pasaran a ocupar responsabilidades institucionales.
Era algo más profundo.
Parte de los métodos de trabajo desarrollados por la Asociación de Vecinos fueron trasladados al funcionamiento municipal.
Las Comisiones de Trabajo que habían servido para analizar los problemas del pueblo encontraron su correspondencia en las Comisiones Informativas municipales.
Los problemas continuaban siendo prácticamente los mismos:
urbanismo, vivienda, sanidad, enseñanza, transportes, equipamientos, servicios públicos y condiciones generales de vida.
La diferencia fundamental era que ahora existía una institución democrática desde la que podían abordarse.
Una concepción participativa del Ayuntamiento
Durante el primer mandato municipal, entre 1979 y 1983, se desarrolló una forma de funcionamiento que, según la documentación y el testimonio de quienes participaron en aquella experiencia, pretendía superar el modelo tradicional de Ayuntamiento cerrado sobre sí mismo.
Las Comisiones Informativas adquirieron un papel central en la preparación y estudio de los asuntos municipales.
La participación de los diferentes grupos políticos representados en la corporación permitía que la gestión no quedara reducida exclusivamente al grupo que ostentaba la Alcaldía.
La entonces denominada Comisión Municipal Permanente contaba con representación de los distintos grupos políticos.
Se pretendía así que la representación obtenida en las urnas tuviera también una traducción efectiva en la gestión municipal.
Pero el elemento más novedoso era la voluntad de mantener abierto el Ayuntamiento hacia la ciudadanía.
El Pleno como espacio de participación
Los Plenos municipales se celebraban en horario de tarde, facilitando la asistencia de los vecinos.
La participación ciudadana no se concebía únicamente como el acto de votar cada cuatro años.
Los vecinos podían acudir a las sesiones y seguir directamente los asuntos que les afectaban.
La Alcaldía mantenía asimismo una atención directa a los ciudadanos, incluyendo una jornada semanal destinada específicamente a atender sus problemas y necesidades.
Las dependencias municipales se concebían como espacios de atención al vecino y no exclusivamente como lugares de funcionamiento interno de la Administración.
Se desarrollaba así una concepción del Ayuntamiento como institución cercana a la ciudadanía.
La información constituía otro elemento fundamental.
La documentación que iba entrando en el Ayuntamiento a través del Registro y los asuntos que posteriormente eran tratados en las diferentes Comisiones permitían disponer de una información más continuada sobre la actividad municipal.
Los concejales asumían además responsabilidades concretas mediante delegaciones en diferentes áreas de gestión.
Todo ello configuraba un modelo de funcionamiento que pretendía combinar:
representación electoral + participación ciudadana + información + responsabilidad compartida.
La democracia municipal como experiencia directa
Para comprender el significado de aquella primera corporación democrática debemos recordar de dónde se venía.
Durante el franquismo, el ciudadano no había podido elegir libremente una corporación municipal mediante un sistema de pluralismo político.
En 1979, de repente, el Ayuntamiento se convertía en un espacio de representación democrática.
Pero en Abanto-Zierbena se produjo además un fenómeno particular:
la nueva institución democrática recibió la influencia directa de una experiencia de participación que ya existía antes de la democracia institucional.
La Asociación de Vecinos había aprendido a trabajar mediante asambleas, comisiones y participación directa.
La nueva corporación municipal trasladó parte de esa experiencia a la Administración.
Por eso este primer mandato constituye uno de los momentos fundamentales de nuestra historia local.
No fue únicamente la sustitución de unos concejales por otros.
Fue también el intento de transformar la manera de hacer política municipal.
LA CONTRADICCIÓN DE 1985
Aquella experiencia participativa tendría, sin embargo, una duración limitada.
En 1985 entró en vigor la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que estableció un nuevo marco de organización y funcionamiento de las entidades locales.
Desde la perspectiva de la experiencia desarrollada en Abanto-Zierbena, la nueva legislación supuso un cambio importante respecto de las prácticas de participación política que se habían desarrollado durante el primer mandato democrático.
El nuevo sistema reforzó las competencias y la posición del equipo de gobierno municipal y redujo los espacios de participación directa de los grupos de la oposición en la gestión ordinaria.
Aquí aparece una de las principales críticas que formula el Movimiento Ciudadano a la evolución posterior del sistema municipal:
la representación obtenida en las urnas no siempre se traduce en una participación proporcional en la gestión.
Esta cuestión merece ser analizada con especial cuidado.
No debemos confundir el hecho de que una ley sea democrática por su origen —al haber sido aprobada por un Parlamento elegido democráticamente— con la valoración política que pueda hacerse de sus mecanismos de participación municipal.
La crítica del Movimiento Ciudadano se dirige precisamente a esa diferencia:
una institución puede ser democráticamente elegida y, sin embargo, desarrollar mecanismos de funcionamiento que limiten la participación de quienes representan a una parte de los ciudadanos.
Desde esta perspectiva, la experiencia de Abanto-Zierbena entre 1979 y 1983 adquiere todavía mayor interés.
La participación frente a la concentración de la gestión
El modelo experimentado durante el primer mandato había intentado mantener una participación amplia de los diferentes grupos políticos y de los ciudadanos.
La evolución posterior del régimen municipal tendió a concentrar progresivamente la capacidad efectiva de gestión en los grupos que formaban el gobierno.
Desde la perspectiva del Movimiento Ciudadano, esta transformación significaba una pérdida de aquella concepción participativa que había caracterizado los primeros años democráticos.
La cuestión no era solamente quién gobernaba.
La cuestión era quién podía participar en la gestión.
Y esta diferencia será fundamental para comprender la evolución posterior de nuestro Ayuntamiento.
LA EXPERIENCIA DE ABANTO-ZIERBENA Y LA CONTINUIDAD DEL MOVIMIENTO CIUDADANO
La experiencia de 1979-1983 no terminó, sin embargo, con la desaparición de la concepción asamblearia.
El Movimiento Ciudadano mantuvo durante décadas una continuidad singular en Abanto-Zierbena.
Su trayectoria atravesaría diferentes etapas políticas y organizativas, pasando por su vinculación con Euskadiko Ezkerra, hasta alcanzar posteriormente la constitución de AMA (Agrupación Municipal de Abanto) el 1 de mayo de 1993 y, más tarde, la creación de INDAZ (Independientes de Abanto y Zierbena) el 10 de abril de 2007, organización con la que se concurriría a las elecciones municipales del 27 de mayo de ese mismo año.
Posteriormente, el proceso experimentaría un relevo generacional que daría lugar, a partir de 2015, a INDAZ-AZI.
Más allá de las diferentes denominaciones, candidaturas y etapas políticas, existe un elemento común que merece ser estudiado:
la continuidad de una forma de organización basada en la asamblea, la participación directa y la autonomía respecto de las estructuras partidistas externas.
Esa continuidad constituye una de las características más singulares de la experiencia política de Abanto-Zierbena.
Mientras otras experiencias asociativas quedaron progresivamente absorbidas por las organizaciones políticas que surgieron durante la Transición, la experiencia procedente del movimiento vecinal de Gallarta mantuvo una línea propia de participación municipal.
En este sentido, las Asociaciones de Vecinos de Sanfuentes y Las Carreras siguieron una evolución diferente, quedando progresivamente integradas en las estructuras de los partidos políticos legalizados durante la Transición, sin mantener la misma continuidad organizativa e institucional en la vida municipal.
LA CONTRACCIÓN DEL MOVIMIENTO VECINAL
La llegada de los Ayuntamientos democráticos produjo, paradójicamente, una importante contracción del movimiento vecinal.
Durante los últimos años del franquismo, las Asociaciones de Vecinos habían constituido uno de los principales instrumentos de participación social.
La llegada de la democracia institucional modificó completamente el escenario.
Muchos de sus dirigentes pasaron a ocupar responsabilidades políticas.
Los partidos políticos adquirieron una enorme capacidad de atracción.
Y parte de la ciudadanía entendió que, una vez conquistada la democracia, las Asociaciones de Vecinos habían cumplido su función.
Esta situación provocó una pérdida progresiva de militancia, organización y capacidad de movilización.
Sin embargo, en Abanto-Zierbena ocurrió algo diferente.
La experiencia acumulada durante los años anteriores permitió trasladar buena parte de la cultura participativa vecinal al propio funcionamiento municipal.
Por ello, el primer mandato de 1979-1983 constituye una pieza fundamental para comprender la singularidad de nuestro proceso.
Una Administración municipal abierta
La experiencia desarrollada durante aquellos primeros años puede resumirse en varios principios de funcionamiento:
participación de los grupos municipales, apertura de las Comisiones Informativas, acceso ciudadano a los Plenos, atención directa desde la Alcaldía, información permanente sobre la actividad administrativa y participación de los concejales en las diferentes áreas de gestión.
Todo ello configuraba un modelo de Ayuntamiento más próximo a la experiencia asamblearia de las Asociaciones de Vecinos que al funcionamiento tradicional de los partidos políticos.
Esta experiencia tendría continuidad, con diferentes intensidades y circunstancias, en el tercer mandato municipal, entre 1987 y 1991, donde volvería a adquirir especial importancia la concepción participativa procedente del movimiento vecinal.
La influencia de aquella cultura política se reflejaría en la propia estructura administrativa y en el funcionamiento de las Comisiones Informativas.
Los problemas que habían dado origen a las Comisiones de la Asociación de Vecinos seguían siendo los problemas del Ayuntamiento.
La diferencia era que ahora el movimiento ciudadano disponía de una institución democrática desde la que podía intentar resolverlos.
LA DEMOCRACIA COMO PROCESO
La experiencia de Abanto-Zierbena demuestra que la Transición no terminó con la celebración de las elecciones municipales de 1979.
Para el Movimiento Ciudadano, aquella fecha fue solamente un nuevo comienzo.
La lucha desarrollada durante los últimos años del franquismo había permitido conquistar derechos de asociación, expresión, participación y representación.
Pero la existencia de instituciones democráticas no garantizaba por sí misma una democracia plenamente participativa.
El problema pasaba ahora a ser otro:
cómo conseguir que el ciudadano no quedara reducido a votar periódicamente, sino que pudiera participar de manera continuada en las decisiones que afectaban a su municipio.
Ese fue el desafío que el Movimiento Ciudadano de Abanto-Zierbena intentó afrontar durante las décadas siguientes.
Y precisamente por ello, la primera Alcaldía democrática de 1979-1983 debe ser entendida como uno de los momentos fundamentales de este proceso.
Fue el momento en que la experiencia de participación vecinal salió de la calle, entró en el Ayuntamiento y trató de convertir la institución municipal en una prolongación de la propia ciudadanía organizada.
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