LA TRANSICIÓN: «LA ESPAÑA DIFERENTE»

A comienzos de la década de 1970, coincidiendo con el desarrollo del movimiento ciudadano a través de las Asociaciones de Vecinos de numerosos municipios, comenzó a configurarse un contexto social diferente de aperturismo controlado. España experimentaba profundas transformaciones económicas, sociales y culturales derivadas del desarrollo industrial, la expansión del sector servicios, la incorporación de nuevas tecnologías, el regreso de numerosos emigrantes y el contacto creciente con la Europa occidental. A todo ello se sumaba el auge del turismo europeo, convertido por el régimen franquista en uno de los principales instrumentos de propaganda bajo el conocido lema «Spain is different» (España es diferente). Aquella consigna pretendía presentar al país como un destino singular y atractivo, ocultando la ausencia de libertades políticas y los déficits democráticos del régimen.

Sin embargo, con el paso del tiempo esa expresión adquiere, desde una perspectiva política, un significado muy distinto. España continúa siendo diferente, un caso singular dentro de Europa por la forma en que se desarrolló el proceso de transición desde la dictadura hacia el nuevo sistema institucional amañado.

Mientras que en la mayor parte de los países europeos sometidos a regímenes fascistas o colaboracionistas la derrota de las Potencias del Eje supuso una ruptura política e institucional, acompañada de procesos de depuración de responsabilidades y de reconstrucción democrática, en España la dictadura franquista concluyó sin una ruptura de esa naturaleza. Aunque los Juicios de Núremberg tampoco agotaron todas las responsabilidades derivadas del nazismo y del Holocausto, marcaron un precedente de exigencia jurídica y política que no tuvo equivalente en el caso español.

Desde esta interpretación, la Transición se sustentó sobre un amplio acuerdo entre las principales fuerzas políticas surgidas durante el final del franquismo y los sectores procedentes del propio régimen. Ese consenso permitió el tránsito hacia un nuevo marco institucional, pero también implicó la ausencia de una depuración de responsabilidades políticas, económicas, militares y administrativas derivadas de la dictadura franquista. El Movimiento Ciudadano desarrollaba por aquellas mismas fechas una experiencia participativa basada en la intervención directa de la población, especialmente a través de las Asociaciones de Vecinos. Aquella práctica democrática de base constituyó un modelo de participación social y administrativa que, en muchos aspectos, no ha sido posteriormente superado.

LA MONARQUÍA RECUPERA SUS PRIVILEGIOS

Dentro de ese contexto histórico se produce uno de los aspectos más relevantes del proceso de transición: la restauración de la institución monárquica. Conviene recordar que el 20 de noviembre de 1931 las Cortes Constituyentes de la Segunda República aprobaron una resolución por la que declaraban culpable de alta traición a Alfonso XIII por su actuación contra el orden constitucional y por haber favorecido el establecimiento de la Dictadura de Primo de Rivera. En dicha resolución se afirmaba:

«El Tribunal soberano de la Nación declara solemnemente fuera de la ley a D. Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena.» Asimismo, las Cortes acordaban privarle de todos sus títulos y dignidades, declarando extinguidos sus derechos dinásticos y negando cualquier posibilidad de reivindicación futura por parte de él o de sus sucesores. Desde esta perspectiva, la Transición ignoró aquel precedente histórico. Tras cuarenta años de dictadura, la restauración de la Monarquía se produjo sin que la ciudadanía pudiera pronunciarse previamente, mediante un referéndum específico, sobre la forma de Estado.

Los principales partidos políticos aceptaron la restauración monárquica como elemento básico del nuevo sistema institucional. De esta manera, la Monarquía quedó incorporada al proceso constituyente sin una consulta directa y exclusiva sobre esta cuestión, circunstancia que, supuso un importante déficit de legitimación democrática. La evolución posterior de la institución monárquica, marcada por diversos episodios de descrédito público y por casos de corrupción que afectaron a algunos de sus miembros, ha reabierto periódicamente el debate sobre la oportunidad de que la ciudadanía pueda decidir democráticamente entre Monarquía o República mediante un referéndum específico.

LA TRANSICIÓN

La Transición española fue un periodo de grandes cambios y de reformas políticas amañadas, hechos realizados desde el interior del aparato del régimen, desde arriba por los franquistas y desde la trastienda, hasta lograr un conglomerado de compromisos semidemocráticos (al margen de la ciudadanía), que arrastró con ello, “al movimiento ciudadano y a la desaparición de las Asociaciones de Vecinos”, a no permitir el poder desarrollar un proceso de gestión participativo y asambleario, (una Ley que permitiese el seguimiento y control de las instituciones locales por la ciudadanía), ciñéndose a la sola labor corporativista de los recientes partidos legalizados.

“Empezó la transición española, de la dictadura a una democracia orgánica, controlada por los mismos tiburones de siempre, es decir, por los que tuvieron al tirano en el poder desde el año 1.939”, hasta su muerte en el año 1975. Este proceso se llevó a cabo sin rupturas y sin exigencias sociales, económicas y políticas, a través de una reforma basada en el consenso de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas. Donde se mezclaron tres posibles alternativas: la continuación del sistema político franquista, postura defendida por los franquistas puros o inmovilistas; la ruptura democrática, es decir, la formación de un gobierno provisional que pondría fin a las instituciones franquistas y convocaría elecciones a unas Cortes constituyentes (era la postura defendida por los grupos políticos que se habían opuesto al franquismo); y por último, la reforma del sistema político a partir de las instituciones y de las leyes franquistas hasta alcanzar una semidemocracia. Es ésta la vía a seguir, la posición de partida que mantiene el Rey Juan Carlos I por aquellas fechas y era fundamental su deseo ya que venía de la elección directa de la voluntad de Franco y tenía una cierta interrelación militar.

Juan Carlos I había llegado a ser rey a partir de las leyes franquistas, situación de un profundo significado antidemocrático, pero en principio y siempre según sus declaraciones era “reinar para todos los españoles” (luego haciendo de hilo conductor hemos vivido la evolución de los acontecimientos alejados de aquellos primitivos deseos manifestados). Para ello, se articuló, la propia ley franquista, el régimen   autoritario   fue desmantelado   a   través   de   un   proceso de reformas políticas, capitaneado e impulsado por Adolfo Suárez (que por aquellas fechas contaba con 43 años), que daría paso a una Monarquía semidemocrática y corrupta como hemos podido constatar por los medios de comunicación alejada de aquellos primeros deseos de “reinar para todos los españoles” ya que la Constitución Español, tampoco se ha cumplido dejando con ello todo un reguero de injusticias sociales, que bien merecen un detenido estudio para situarlas en su contexto sociopolítico.

LAS CORTES FRANQUISTAS Y EL HARAKIRI

Según Adolfo Suárez, la reforma exigía dos tácticas distintas: una para convencer a los grupos que pretendían la continuidad del régimen y otra para convencer a las fuerzas políticas de la entonces llamada oposición de que la reforma abriría los caminos de la libertad que estas demandaban. Ambas debían converger en la aprobación de una Constitución elaborada entre todos y que para todos sirviera.

Tras la muerte de Franco se produjo una colosal demanda social de cambio, que tuvo que enfrentarse a la decidida oposición de las Fuerzas Armadas y de la extrema derecha. Lo que hizo Suárez fue ayudar al Rey a negociar un acuerdo entre la izquierda moderada y los sectores franquistas más progresistas.

Suárez fue un negociador sinuoso, por lo que se entendió bien con Felipe González y Santiago Carrillo. También tuvo una excelente presencia en los medios de comunicación, circunstancia que ayudó a presentar y vender la Transición ante una ciudadanía que, en buena medida, permaneció al margen de las decisiones fundamentales del proceso. Se puso en marcha la Ley para la Reforma Política, una ley que modificaba la propia esencia del sistema franquista y que terminaría convirtiéndose en uno de los instrumentos fundamentales para llevar adelante la reforma.

Se ha dicho en numerosas ocasiones que la Transición a la democracia fue un «proceso modélico», en el que participaron todas las fuerzas políticas en paz y libertad. Pero, desde la perspectiva que mantiene el Movimiento Ciudadano de Abanto-Zierbena, esa visión resulta insuficiente para explicar lo que realmente ocurrió. De modélico y democrático, en los términos en que posteriormente se ha presentado, tuvo muy poco.

Existió una continuidad de los aparatos represivos procedentes del Estado franquista y, desde aquellas fechas, se fue configurando un entramado institucional que favoreció la permanencia de determinados intereses y privilegios de las clases dominantes. Paralelamente, se consolidó un tejido asociativo y político cada vez más vinculado a los partidos, dando lugar al juego de las alternancias políticas que posteriormente protagonizarían, fundamentalmente, PSOE y PP, con el apoyo de otras fuerzas políticas en diferentes momentos.

Las encuestas de opinión pública revelaban que sólo una minoría de españoles deseaba la continuidad del régimen franquista y que otra minoría defendía un cambio violento o una ruptura con el pasado. La mayoría de la sociedad prefería una evolución pacífica, aunque sin romper necesariamente con determinados principios y estructuras heredados del régimen anterior. Esta posición facilitó el desarrollo de una transición política e institucional basada en la reforma y el consenso.

Esto es, en buena medida, lo que reflejaron los resultados de las primeras elecciones generales democráticas, celebradas el 15 de junio de 1977, para elegir a los miembros de las nuevas Cortes, Congreso de los Diputados y Senado.

Sin embargo, el fallecimiento de Franco en 1975 no significó por sí mismo la desaparición de las estructuras del régimen. La transformación posterior se desarrolló a través de un proceso de reforma que mantuvo importantes elementos de continuidad. Desde nuestra perspectiva, las primeras elecciones no pueden analizarse únicamente como la expresión de una voluntad ciudadana libremente construida, sino también como el resultado de un marco electoral y político condicionado por las estructuras e intereses heredados.

Era necesario, en primer lugar, plantear rotundamente el protagonismo político de la sociedad civil sin alterar las prebendas y privilegios existentes. La devolución al pueblo español de su soberanía se presentó como el gran objetivo del proyecto de reforma. Así, en julio de 1976 se hablaba de la «devolución de la soberanía al pueblo español», de modo que los gobiernos del futuro fueran el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles.

La aprobación, por las Cortes Orgánicas, el 18 de noviembre de 1976, del Proyecto de Ley para la Reforma Política constituyó el instrumento fundamental de aquel proceso. En su breve articulado se establecía que el Estado español se basaba en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo, y se consagraban los derechos fundamentales de la persona como inviolables y vinculantes para todos los órganos del Estado. Asimismo, se creaban un Congreso y un Senado elegidos mediante sufragio universal, directo y secreto, y se atribuía al Congreso la iniciativa para la reforma constitucional.

La apuesta política era, sin embargo, muy arriesgada y se producía en momentos de serias dificultades interiores: desórdenes, pretensiones involucionistas, secuestros de personalidades políticas, como Antonio María de Oriol y el general Villaescusa por los GRAPO, asesinatos, como los de los abogados laboralistas de la calle Atocha pertenecientes al PCE, y la violencia de ETA. Había que hacer frente al acoso terrorista sin detener el proceso de reforma política.

Junto a estas circunstancias, existieron otros factores que favorecieron el cambio en paz. En primer lugar, la gran transformación económica producida en España durante las décadas anteriores había modificado profundamente el comportamiento social y cultural de la sociedad española.

La evolución del primer «boom» turístico de los años sesenta continuó hasta 1974. En 1972 España recibió 32.506.591 visitantes; en 1973, 34.558.943; y en 1974, 30.342.871. El crecimiento económico y la apertura progresiva de las relaciones con el exterior contribuyeron a transformar una sociedad que durante décadas había permanecido sometida a un régimen autoritario. El cambio económico trajo consigo también un cambio de mentalidad. La sociedad española se había convertido en más abierta y con actitudes progresivamente más liberalizadoras y democráticas, especialmente en comparación con las décadas anteriores. Esta transformación social tuvo una gran relevancia para el proceso que se estaba iniciando.

En España existió además otro factor de especial importancia: la Monarquía. En todo proceso de transición, uno de los momentos más delicados se produce cuando ha desaparecido la legitimidad de un régimen y todavía no ha nacido plenamente la legitimidad del nuevo sistema democrático. La Monarquía constituía, por un lado, una institución dotada de legitimidad dinástica, pero, por otro, era también la decisión institucional adoptada por Franco respecto al futuro político del país.

Otro rasgo fundamental para explicar la Transición española es que ésta se realizó desde el propio interior del aparato franquista. Existió una voluntad reformista desde el poder, primero por parte del Rey y después por los dirigentes políticos que éste designó para ocupar los puestos decisivos del Estado. A ello se añadieron los intereses económicos vinculados a la convergencia con Europa y a la transformación del modelo económico. En estas circunstancias, el Rey desempeñó un papel fundamental como heredero institucional de la voluntad de Franco, mientras que su formación y su vinculación con los sectores militares contribuyeron a proporcionar al proceso un determinado marco de seguridad.

Otro aspecto importante de la Transición española fue el recuerdo del pasado y el miedo provocado por la represión de los cuarenta años de franquismo. El régimen de Franco había sido el resultado de una Guerra Civil, y ésta se convirtió en el paradigma de aquello que debía evitarse una vez desaparecido Franco. En este sentido, el historiador Gonzalo Pasamar señala que, ya a finales de 1976, quienes apostaban por impulsar una reforma política que desmontase el franquismo desde dentro y quienes habían defendido una ruptura comprendieron que el equilibrio de fuerzas y las preferencias de la opinión pública obligaban a limitar el uso político de la memoria.

De este modo, los partidos más significativos prefirieron subrayar las diferencias entre las circunstancias de 1936 y las de 1977, poniendo el acento en el presente y en sus expectativas de futuro. Sin embargo, el recuerdo de la guerra alcanzó una importancia cultural de tal magnitud que terminó haciéndose presente en el debate político y constitucional, junto a la influencia de los poderes fácticos.

El peso de la historia y la voluntad de evitar los mismos errores del pasado contribuyeron decisivamente a que los actores políticos y sociales moderasen en muchas ocasiones sus ambiciones de victoria sobre el adversario y procurasen conducir a sus propios adversarios hacia la convivencia. Se debía llegar, por tanto, a un consenso.

El historiador Javier Tusell señala que la construcción de un acuerdo nacional en torno al sistema democrático nació en gran medida del peso de la historia y de la voluntad de conjugarla. Muy pocos de los protagonistas de la Transición habían vivido directamente la experiencia de la Guerra Civil, pero sobre todos ellos pesaba su recuerdo.

No hubo necesariamente amnesia, sino una voluntad de continuismo y de «echar al olvido» para evitar un posible conflicto. En este contexto debe entenderse también la voluntad de alcanzar una amnistía generalizada.

Pero aquel «borrón y cuenta nueva» volvía a reproducir, desde nuestra perspectiva, determinadas situaciones históricas en las que las clases pudientes y sus privilegios permanecían al margen de una verdadera revisión del pasado. El crecimiento económico y los avances técnicos contribuyeron posteriormente a consolidar esas posiciones de poder.

No hay que olvidar que la voluntad de los políticos fue acompañada por la propia disposición de una parte importante de la sociedad española, pero sin que ésta tuviera una verdadera posibilidad de resituar el compromiso histórico ni de determinar las reglas sobre las que debía construirse el nuevo modelo político.

Desde esta perspectiva, la Transición fue ante todo un proceso condicionado desde arriba, en el que tuvieron un peso determinante personas procedentes del aparato franquista, junto con los intereses económicos y los privilegios vinculados a las estructuras de poder existentes. La ciudadanía no tuvo la posibilidad de expresar y decidir directamente las normas de comportamiento que debían seguir los nuevos poderes políticos.

Incluso en los aspectos más complicados existió una distancia entre lo individual y lo colectivo. El peso fundamental del proceso de transformación de la dictadura franquista hacia la nueva semidemocracia estuvo condicionado por los intereses económicos de las clases dominantes procedentes del franquismo, para quienes la integración de España en la Europa occidental constituía también una necesidad económica y estratégica.

Sin esta necesidad económica, la Transición podría haber tomado otro derrotero, posiblemente más autoritario y menos democrático, en el que los sectores militares hubieran conservado un peso fundamental. No debemos olvidar que Juan Carlos I, además de haber sido designado heredero político de Franco, tenía una formación y una imagen profundamente vinculadas al ámbito militar. Para buena parte de los militares, Juan Carlos I había sido un compañero de armas, circunstancia que contribuyó a proporcionar un determinado escudo protector al proceso democratizador.

Adolfo Suárez fue quien tuvo que conducir la Transición entre el régimen franquista y el nuevo sistema democrático. Sin embargo, desde la perspectiva del Movimiento Ciudadano de Abanto-Zierbena, la forma en que se desarrolló aquel proceso debe ser analizada críticamente, especialmente en lo relativo a la autodisolución de las instituciones heredadas del franquismo, la aceptación de la reinstauración de la Monarquía, la legalización del Partido Comunista y, sobre todo, la limitada participación de la ciudadanía en la definición del nuevo modelo político.

MEMORIA HISTÓRICA

El proceso pacífico de cambio político llevado a cabo en España entre 1976 y 1982 ha sido acuñado como una transición «modélica» y «exitosa» de una dictadura a una democracia. Este episodio histórico tuvo como característica particular el hecho de que sus protagonistas se comprometieron a realizar dicha Transición de forma consensuada, pacífica y sin traumas. Los herederos tanto de los vencedores como de los vencidos en la Guerra Civil española consensuaron, sin revanchas, un nuevo sistema político presentado como plenamente democrático.

Sin embargo, con el paso de los años han surgido diferentes voces críticas que han cuestionado esta visión de la Transición española, calificándola también como un periodo de desmemoria, amnesia y silencio.

Se ha cuestionado especialmente el llamado «pacto del olvido», mediante el cual se hizo un esfuerzo consciente y una decisión política de no convertir el pasado en un arma del debate político. La Ley de Amnistía de 1977 se situó en este contexto: olvidar el pasado y mirar hacia adelante para evitar revanchas que pudieran abrir viejas heridas y reavivar el conflicto civil.

Durante años apenas tuvieron presencia pública las historias de los vencidos en la Guerra Civil y de quienes lucharon contra el franquismo. Sin embargo, a finales de los años noventa comenzó a surgir un movimiento de recuperación de la memoria histórica, impulsado, entre otras vías, por narraciones, testimonios, publicaciones y vivencias personales de víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista.

Este proceso de recuperación documental, literaria, cinematográfica y periodística puso de manifiesto que el capítulo histórico del franquismo no había quedado completamente cerrado. El pasado volvía a aparecer en el debate social y político, y con él la necesidad de recuperar las experiencias de quienes habían sufrido la guerra, la represión y la dictadura.

En el año 2007, el Gobierno español aprobó la denominada Ley de Memoria Histórica, por la que se reconocían y ampliaban derechos y se establecían medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. La ley fue, sin embargo, objeto de críticas desde diferentes posiciones, incluyendo quienes consideraban que podía contribuir a «reabrir viejas heridas» o a imponer una determinada interpretación del pasado.La cuestión de fondo permanece abierta: ¿Se puede ignorar el pasado oscuro de un país y olvidar los delitos cometidos en el pasado?

Algunos críticos de la Transición sostienen que ésta fue también un tiempo de silencio y amnesia que impidió durante décadas el reconocimiento y la reparación debida a las víctimas de la represión de la dictadura y que contribuyó a garantizar la impunidad de sus responsables. Desde esta perspectiva, algunos defensores de la recuperación de la memoria histórica consideran que en la Ley de Amnistía de 1977 quedó plasmado un acuerdo tácito por el que se relegaban al olvido las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen franquista.

Pero la Transición no fue únicamente un proceso jurídico o institucional. También tuvo una dimensión social y cultural extraordinariamente intensa. En 1976, los españoles comenzaban a abrazar nuevos derechos y todo aquel proceso histórico tuvo una banda sonora inolvidable: «Libertad sin ira», del grupo Jarcha. La canción reflejaba el sentir de muchos españoles en un momento clave de su historia, el paso del franquismo a la democracia, y alcanzó una enorme popularidad, hasta convertirse en uno de los símbolos culturales de aquel periodo.

Otra canción, «Habla pueblo habla», del grupo Vino Tinto, se convirtió en una de las bandas sonoras del referéndum de 1976, siendo utilizada por el Gobierno en la campaña a favor del voto.

Las primeras elecciones generales de 1977 sacaron a la calle a millones de personas que acudieron a votar después de más de cuarenta años de franquismo. Un total de 18.590.130 españoles, sobre un censo de 23.583.762, participaron en aquellas primeras elecciones democráticas.

El día de la votación, los electores llenaron los colegios electorales de toda España y muchos tuvieron que soportar largas colas para ejercer un derecho que durante décadas les había sido negado. El recuento oficial se hizo esperar debido a problemas en el sistema de transmisión de los resultados. A pesar de todos los contratiempos, la ciudadanía respondió de manera mayoritariamente pacífica.

Las elecciones de 1977 constituyeron, por tanto, un llamamiento a la esperanza de una ciudadanía hambrienta de democracia, de reconocimiento de sus derechos y de la posibilidad de alcanzar unos niveles de vida y libertad equiparables a los de los países de la Europa desarrollada.

Pero debemos señalar que los derechos democráticos no fueron entendidos de manera unívoca por el conjunto de la sociedad. Las diferentes sensibilidades políticas quedaron reflejadas en los resultados de aquellas primeras elecciones después del franquismo y en la composición de las nuevas instituciones.

Las elecciones de junio de 1977 dieron paso a un periodo constituyente que inauguró una etapa diferente, pero condicionada todavía por la rémora del franquismo. Desde la perspectiva del Movimiento Ciudadano de Abanto-Zierbena, nada de aquello sucedió por casualidad. El proceso venía siendo preparado desde las propias instancias del poder franquista y fue consecuencia de un empeño decidido de determinados sectores de las oligarquías económicas y de líderes políticos que supieron adaptarse al nuevo escenario.

Se buscaron vías de acuerdo para llevar a cabo una transición que, desde nuestra perspectiva, fue poco participativa para la ciudadanía y cuyo resultado terminó configurando las alternancias políticas y el modelo de democracia representativa que posteriormente se consolidaría.

En este proceso también fueron apareciendo y desarrollándose archivos, fundaciones y centros especializados dedicados a conservar y divulgar documentación sobre las organizaciones políticas, los movimientos sociales y las personas que participaron en la lucha contra el franquismo y en las diferentes posiciones existentes ante la Transición. Una parte de estas iniciativas tiene como finalidad contribuir al conocimiento de la Transición española, conservar y divulgar los valores y principios que, desde su propia perspectiva, inspiraron aquel proceso, así como estudiar sus antecedentes y consecuencias políticas y sociales.

Desde nuestra visión, sin embargo, también es necesario preguntarse qué queda fuera de esos relatos y qué memoria social no ha tenido la misma capacidad para ser conservada, difundida y reconocida.

Porque si el concepto de «Transición» se refiere al intervalo producido entre la desaparición del régimen autoritario y la aparición de un nuevo sistema político democrático, debemos preguntarnos también qué tipo de democracia se construyó, quién participó realmente en su definición y qué papel quedó reservado para la ciudadanía organizada.

El Movimiento Ciudadano de Abanto-Zierbena no se identifica plenamente con el relato de una Transición modélica construida exclusivamente desde el consenso de las élites políticas. La vivencia de quienes participaron en el movimiento ciudadano muestra otra dimensión del proceso: la de una sociedad que había luchado por conquistar espacios de libertad y participación y que, cuando llegó la democracia institucional, comprobó que muchas de aquellas aspiraciones no encontraban el espacio que esperaba dentro del nuevo sistema.

La Transición, por tanto, no puede quedar reducida a las decisiones adoptadas en Madrid, a los acuerdos entre dirigentes políticos o a las dificultades que tuvieron que afrontar los nuevos gobiernos ante un ejército que se resistía al cambio, una grave crisis económica y la violencia terrorista.

También debe ser contemplada desde abajo: desde los barrios, desde los pueblos, desde las Asociaciones de Vecinos y desde aquellos hombres y mujeres que habían participado durante años en la lucha por mejorar sus condiciones de vida y por conquistar espacios reales de participación.

Ésa es la memoria que interesa recuperar al Movimiento Ciudadano de Abanto-Zierbena: no la memoria oficial de la Transición, sino la memoria de cómo fue vivida por quienes estuvieron abajo, participaron en ella y posteriormente tuvieron que comprobar sus consecuencias.

LEY DE AMNISTÍA 

La Ley para la Reforma Política recogía además de la legalización de los partidos políticos una amnistía a los presos políticos y una reforma del Código Penal más acorde con un país democrático. Durante el verano del 1976 se redactó una reforma del Código Penal que permitía una primera amnistía parcial por delitos de opinión. Más tarde, en 1977 se promulgó un decreto Ley de Amnistía 15/10/1977 total que posibilitó la excarcelación de numerosos presos del franquismo. “Habla pueblo habla” fue una canción del grupo español, Vino Tinto, que se convirtió en la banda sonora del referéndum de 1976, tanto es así, que el gobierno la utilizó como canción para campaña electoral en favor del voto

“Habla pueblo habla Tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla pueblo habla. Habla pueblo sí No dejes que nadie Decida por ti”. Si quieres la democracia vota: Referéndum Nacional para la Reforma Política. Al referéndum popular del 15 de diciembre de 1976 acudió a votar el 77,8% de los electores. Los resultados dieron la victoria al Sí con el 94,45% de los votantes (77,8%; el No solo obtuvo el 2,57% y la abstención, el 22, 3%.

Una vez establecido el marco político necesario gracias al referéndum, era necesario iniciar el proceso que desembocara en la celebración de elecciones generales.       

  Resultados de Referéndum

 Referéndum,                Pregunta                              Participación         Si                  No               Blanco,

15 diciembre de 1976   Aprueba el Proyecto              77,8 %            94,45%          2,57%             2.98%

ELECCIONES GENERALES

Una vez legalizados los partidos políticos, el siguiente paso fue la celebración de elecciones generales, las primeras democráticas después de cuarenta y un años. Se celebraron el 15 de junio de 1977 y concurrieron más de ochenta partidos. Lo decisivo en aquel momento, cuando la semidemocracia aparecía ya en el horizonte inmediato, fue la progresiva identificación entre la sociedad y la oferta de los partidos políticos.

Sin embargo, desde la perspectiva del Movimiento Ciudadano, aquel proceso estuvo condicionado desde su origen por el marco electoral establecido: la Ley Electoral, el sistema de reparto de escaños mediante la Ley D’Hondt y la confección de listas cerradas por los propios partidos políticos. Un sistema que terminaría favoreciendo la concentración de la representación política y el progresivo asentamiento del bipartidismo.

El grado de apasionamiento de los españoles por la política era todavía moderado. Se venía de cuarenta años de régimen franquista y, para una parte importante de la población, tenían mucho mayor interés las soluciones que afectaban directamente a su vida cotidiana —el trabajo, las condiciones de vida, la situación de los barrios, la vivienda o los servicios públicos— que la contraposición entre franquismo y oposición.

La sociedad española llegaba a las primeras elecciones democráticas después de cuatro décadas sin experiencia de participación política plural. Aquella ausencia de práctica democrática y participativa dejaría una huella que, desde nuestra perspectiva, todavía se resiente en la actualidad, especialmente cuando se trata de trasladar los principios democráticos al ámbito de la participación ciudadana.

A partir de aquel momento comenzó el proceso de construcción del nuevo sistema político y la redacción de una nueva Constitución. Sin embargo, desde la perspectiva del Movimiento Ciudadano, el nuevo marco constitucional no garantizaba por sí mismo que los principios de participación y control ciudadano que habían sido reivindicados durante los años anteriores fueran realmente desarrollados.

La prensa española presentó aquellas elecciones como un «triunfo de la moderación» y destacó la forma ordenada en que se desarrollaron. Pero, al analizar los resultados, no podemos olvidar que durante los casi cuarenta años de dictadura habían participado en el sistema político franquista amplios sectores de la población española. Las diferentes consultas y procesos electorales del régimen habían configurado una determinada cultura política y habían dejado una huella que también iba a manifestarse en las primeras elecciones democráticas.

Los resultados de las elecciones generales celebradas el 15 de junio de 1977 para elegir el Congreso de los Diputados y el Senado permiten observar la composición política de aquella primera etapa. La victoria correspondió a la Unión de Centro Democrático (UCD), liderada por Adolfo Suárez, procedente de las estructuras políticas del franquismo. UCD obtuvo el 34 % de los votos y 165 escaños, sin alcanzar la mayoría absoluta.

En posiciones más derechistas se encontraba Alianza Popular (AP), liderada por Manuel Fraga, quien había sido ministro durante el desarrollismo franquista y posteriormente vicepresidente y ministro de la Gobernación en el primer Gobierno del Rey. AP, que representaba buena parte del llamado franquismo sociológico, obtuvo 16 diputados.

La suma de las fuerzas procedentes del régimen anterior y de aquellas que representaban sectores conservadores permitió comprobar que una parte importante del electorado optaba por opciones políticas vinculadas, de una u otra manera, con la continuidad de determinados sectores y estructuras del franquismo.

Desde nuestra perspectiva, éste es uno de los elementos que debe tenerse en cuenta al analizar aquellas primeras elecciones: el cambio político no significó la desaparición inmediata de los sectores sociales, económicos y políticos vinculados al régimen anterior. Una parte importante de quienes habían ocupado posiciones de poder durante el franquismo consiguió adaptarse al nuevo escenario y continuar participando en la vida política.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Felipe González desde 1974, obtuvo un importante resultado y alcanzó la segunda posición, con 118 escaños. El Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván concurrió en coalición con diferentes fuerzas socialistas, pero obtuvo unos resultados mucho más modestos, con 6 escaños. El Pacte Democràtic per Catalunya obtuvo 11 escaños y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) consiguió 8.

Estas fuerzas, junto con las restantes representadas en las Cortes, iban a desempeñar un papel importante en la configuración del nuevo escenario político y en las posteriores negociaciones y acuerdos parlamentarios. La necesidad de alcanzar mayorías parlamentarias convirtió desde el principio a las fuerzas minoritarias en elementos de negociación dentro del nuevo sistema.

Por último, se encontraban los sectores políticos que habían mantenido una oposición más definida al franquismo y que se situaban en el espacio de la izquierda. Entre ellos destacaba el Partido Comunista de España (PCE), que durante los cuarenta años de dictadura había mantenido una intensa actividad de oposición al régimen y había sido uno de los principales referentes de la lucha antifranquista.

El PCE, liderado por Santiago Carrillo, obtuvo 20 diputados, un resultado muy inferior al que sus dirigentes esperaban teniendo en cuenta el papel desempeñado por el partido durante la lucha contra el franquismo. Los resultados de aquellas primeras elecciones ofrecieron, por tanto, una fotografía política muy significativa de la España que salía de la dictadura. El nuevo Parlamento estaba formado por fuerzas políticas muy diferentes, pero una parte sustancial de la representación procedía de sectores que habían estado vinculados, de una u otra forma, con el régimen anterior.

Adolfo Suárez fue elegido presidente del Gobierno y asumió la responsabilidad de conducir el proceso político iniciado tras las elecciones. Sin embargo, la evolución posterior de UCD puso de manifiesto las dificultades de aquel proyecto. En 1981 Suárez presentó su dimisión como presidente del Gobierno, en un contexto de profunda crisis interna de su partido y de graves dificultades políticas. Tras su dimisión, creó junto con otros dirigentes de UCD el Centro Democrático y Social (CDS) y continuó participando en la vida política hasta su retirada.

Desde la perspectiva del Movimiento Ciudadano de Abanto-Zierbena, las elecciones de 1977 constituyeron un momento fundamental, pero no el final del proceso. La ciudadanía había recuperado el derecho al voto, pero quedaba por determinar algo mucho más profundo: qué lugar iba a ocupar la participación ciudadana en el nuevo sistema político y qué capacidad tendría la sociedad organizada para controlar y condicionar la actuación de las nuevas instituciones. Éste sería, para el Movimiento Ciudadano, uno de los grandes interrogantes que dejó abierta la Transición.

RESULTADO DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 1977

Las elecciones generales celebradas el 15 de junio de 1977 constituyeron un acontecimiento decisivo en el proceso de transformación política iniciado tras la muerte de Franco. Fueron las primeras elecciones generales democráticas celebradas en España desde la Segunda República y marcaron el comienzo de una nueva etapa política.

Sin embargo, los resultados electorales también permiten realizar una lectura más profunda de la sociedad española de aquel momento. El franquismo no había sido únicamente una estructura institucional impuesta desde arriba: durante décadas había contado con importantes sectores sociales que lo habían aceptado, apoyado o, cuando menos, asumido como el marco político dentro del cual desarrollaban su vida cotidiana. Esa realidad formaba también parte de nuestros barrios, pueblos y municipios.

La oposición antifranquista, y particularmente la izquierda organizada, había desempeñado un papel fundamental en la lucha contra la dictadura. Fueron muchos los hombres y mujeres que, desde diferentes organizaciones políticas, sindicales, culturales, vecinales y sociales, habían mantenido durante años la reivindicación de las libertades. Pero aquella oposición no representaba necesariamente a la mayoría de la sociedad española.

Por ello, la democratización no puede explicarse únicamente como el resultado de la acción de la oposición antifranquista. También fue consecuencia de la transformación económica, social y cultural experimentada por España durante las últimas décadas del franquismo y de la necesidad, cada vez más evidente para amplios sectores económicos y sociales, de adaptar el marco político a una sociedad que estaba cambiando profundamente.

El desarrollo económico, la expansión de las clases medias, la incorporación de nuevas generaciones a la universidad y al mercado laboral, el crecimiento de las ciudades, la emigración interior y exterior, la aparición de nuevas demandas sociales y la progresiva apertura hacia Europa fueron creando unas condiciones incompatibles con la continuidad indefinida de las estructuras políticas de la dictadura.

De esta manera, la Transición fue también el resultado de una confluencia de intereses y circunstancias muy diferentes. Junto a quienes habían luchado por las libertades por razones políticas, sociales o ideológicas, existieron sectores económicos y sociales que comprendieron que el desarrollo del país exigía una transformación del sistema político.

La democracia que comenzó a construirse después de 1975 fue, por tanto, fruto de una compleja combinación de movilización social, oposición política, transformación económica, presión internacional, negociación institucional y voluntad de evitar una nueva confrontación civil.

Las contradicciones de la democratización

Esta naturaleza pactada de la Transición explica algunas de las contradicciones que posteriormente se hicieron visibles. La construcción del nuevo sistema político no supuso una ruptura completa con todas las estructuras, personas, intereses y mentalidades procedentes del régimen anterior. Muchas instituciones, funcionarios, grupos económicos y sectores sociales vinculados al franquismo continuaron ocupando posiciones relevantes en la nueva etapa.

La propia evolución posterior de la política española permite comprobar cómo determinados sectores conservadores fueron articulándose políticamente alrededor de nuevas organizaciones, desde Alianza Popular hasta el posterior Partido Popular, mientras que otras fuerzas políticas participaron, con diferentes posiciones y en diferentes momentos, en la construcción y consolidación del nuevo sistema.

Esta continuidad no debe interpretarse como si la democracia fuera simplemente una prolongación del franquismo. El cambio fue real y extraordinariamente importante: se recuperaron las libertades públicas, se legalizaron los partidos políticos y sindicatos, se celebraron elecciones libres y se inició la construcción de un Estado constitucional.

Pero tampoco debe olvidarse que se trató de una transformación realizada mediante el pacto y la negociación, lo que permitió preservar determinados elementos de continuidad con el pasado. Incluso en el terreno cultural e institucional quedaron durante años huellas de aquella continuidad. Un ejemplo significativo fue la evolución de la definición de Francisco Franco en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. La propia Academia reconoció posteriormente la necesidad de revisar aquella formulación y, finalmente, en 2015 pasó a calificar a Franco como dictador.

El dato puede parecer anecdótico, pero resulta significativo desde una perspectiva histórica: la revisión de la memoria del franquismo no terminó con la aprobación de la Constitución de 1978, sino que continuó durante décadas y sigue siendo objeto de debate en la sociedad española.

Una Transición bajo la violencia

Pero el camino hacia las libertades no fue sencillo ni pacífico. Durante los primeros años de la Transición, España estuvo sometida a una enorme tensión política y social. La extrema derecha, sectores involucionistas del aparato franquista y diferentes organizaciones terroristas trataron de impedir o desestabilizar el proceso democrático. El año 1977 fue especialmente duro.

En el País Vasco, la situación adquirió características particulares. A las reivindicaciones políticas y sociales se añadieron la exigencia de amnistía para los presos, las movilizaciones populares, los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y la actividad terrorista de ETA. En este contexto se produjo uno de los episodios más graves de la Transición: el 24 de enero de 1977, tres pistoleros de extrema derecha asesinaron a cinco abogados laboralistas vinculados a Comisiones Obreras y al Partido Comunista en un despacho de la calle Atocha de Madrid. Otros cuatro abogados resultaron heridos.

La matanza de Atocha mostró hasta qué punto determinados sectores estaban dispuestos a recurrir a la violencia para impedir la evolución democrática. Pero la violencia política no procedió exclusivamente de la extrema derecha. En el otro extremo ideológico, los GRAPO desarrollaron también una estrategia terrorista dirigida contra policías, guardias civiles, militares, empresarios y otras personas. En 1979 alcanzaron uno de sus momentos de mayor actividad.

Y en el País Vasco, ETA constituyó durante aquellos años la principal amenaza terrorista para la naciente democracia española. Su actividad provocó centenares de víctimas durante el conjunto de la Transición y tuvo una especial incidencia sobre militares, miembros de las fuerzas de seguridad, empresarios, políticos y ciudadanos.

Los datos recogidos posteriormente por diferentes investigaciones históricas muestran un incremento muy importante de la violencia de ETA y de organizaciones afines durante estos años. Esta circunstancia resulta especialmente significativa porque se produjo, paradójicamente, mientras avanzaban los principales hitos de la democratización española: las elecciones de 1977, los Pactos de la Moncloa, la Constitución de 1978 y los primeros estatutos de autonomía. La violencia pretendía así condicionar el proceso político y demostrar que determinados sectores no estaban dispuestos a aceptar el nuevo marco democrático.

El País Vasco: una sociedad sometida a una tensión extraordinaria

En Euskadi esta situación adquirió una dimensión especialmente compleja. La sociedad vasca vivía simultáneamente la recuperación de las libertades, la reivindicación de la identidad y del autogobierno, las consecuencias de la crisis industrial, las transformaciones económicas y sociales y una violencia política que condicionaba profundamente la vida cotidiana. La aparición de nuevos espacios políticos y sociales permitió que diferentes sectores de la sociedad vasca comenzaran a organizarse y expresarse públicamente. Pero, al mismo tiempo, la violencia y la intimidación fueron ocupando determinados espacios de la vida social y política.

No puede confundirse, naturalmente, el conjunto de la sociedad vasca con ninguna organización terrorista ni con su entorno político. La sociedad vasca fue plural y estuvo atravesada por posiciones muy diferentes. Precisamente por ello, resulta necesario analizar cómo la violencia política afectó a esa pluralidad y cómo determinadas personas y colectivos comenzaron a sentir que determinados espacios públicos dejaban de ser neutrales. Este fenómeno tendrá una importancia especial cuando analicemos el desarrollo del Movimiento Ciudadano.

La crisis de UCD y el final de una etapa

Mientras tanto, el propio sistema político nacido de las elecciones de 1977 comenzó a mostrar sus contradicciones. La Unión de Centro Democrático (UCD), fuerza política que había obtenido el gobierno bajo el liderazgo de Adolfo Suárez, tuvo que afrontar una enorme acumulación de problemas: la crisis económica, el terrorismo, las tensiones territoriales, la presión de los sectores conservadores, las reivindicaciones sociales y, además, las crecientes divisiones internas.

El desgaste político de Suárez fue aumentando progresivamente. La pérdida de apoyo dentro de su propio partido terminó conduciendo a su dimisión en enero de 1981. Poco después, el 23 de febrero de 1981, sectores militares intentaron interrumpir el proceso democrático mediante un golpe de Estado. El fracaso del golpe confirmó que, pese a todas sus dificultades, el nuevo sistema constitucional había conseguido adquirir una legitimidad suficiente para resistir uno de los ataques más graves que sufrió durante sus primeros años.

Del proceso político al Movimiento Ciudadano

Y es precisamente en este punto donde debemos detenernos. Porque mientras en Madrid se negociaban las nuevas instituciones, se redactaba la Constitución, se legalizaban los partidos y se organizaban las primeras elecciones democráticas, en los barrios, pueblos y municipios se estaba produciendo otro proceso de transformación que no siempre aparece con la misma importancia en la historia política oficial. La democracia no se construyó únicamente en las Cortes, en los partidos políticos o en las instituciones del Estado. También se construyó desde abajo.

Se construyó en las asociaciones, en los barrios, en las parroquias, en las organizaciones culturales, en las plataformas reivindicativas y, de una manera muy especial, en las Asociaciones de Vecinos.

En ellas confluyeron personas de muy diferentes procedencias políticas e ideológicas que compartían problemas concretos: vivienda, urbanismo, sanidad, enseñanza, transporte, contaminación, equipamientos públicos, condiciones laborales, servicios municipales y, en definitiva, el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones que afectaban directamente a su vida. Es aquí donde adquiere todo su significado el Movimiento Ciudadano.

Mucho antes de que las nuevas instituciones democráticas estuvieran plenamente consolidadas, en nuestros barrios y pueblos ya se había comenzado a practicar una forma de participación colectiva basada en la reivindicación, la organización y la defensa de los intereses comunes. En el entorno minero de Abanto-Zierbena, esta dinámica adquiriría unas características propias.

La transformación del territorio provocada por décadas de explotación minera, la desaparición del antiguo Gallarta, los problemas urbanísticos, la vivienda, la contaminación, los servicios públicos, la educación y las consecuencias sociales y económicas de la actividad minera fueron creando un amplio campo de reivindicación ciudadana. Y fue precisamente en ese terreno donde el Movimiento Ciudadano, a través de las Asociaciones de Vecinos del municipio, comenzó a adquirir una dimensión que trascendía la simple reivindicación vecinal.

Porque aquellas asociaciones no se limitaron a reclamar mejoras concretas. Fueron también escuelas de participación ciudadana. En ellas muchos vecinos aprendieron a reunirse, debatir, elaborar escritos, presentar alegaciones, acudir al Ayuntamiento, analizar proyectos urbanísticos, exigir información, organizar movilizaciones y enfrentarse a decisiones administrativas que consideraban contrarias a los intereses de la comunidad.

En definitiva, comenzaron a ejercer, incluso antes de que las instituciones democráticas estuvieran plenamente consolidadas, algo esencial para cualquier democracia: el derecho de los ciudadanos a intervenir en los asuntos públicos que afectan a su propia vida. Y es precisamente desde esta perspectiva como debemos continuar nuestra historia. Porque para comprender el Movimiento Ciudadano de Abanto-Zierbena no basta con conocer la Transición política española. Hay que bajar de las grandes instituciones a los barrios, a las calles, a las minas, al Ayuntamiento y a las Asociaciones de Vecinos. Es allí donde se encuentra una parte esencial de la historia de la democratización de nuestro municipio.

EL GOLPE DE ESTADO

El 23 de febrero de 1981 y mientras tenía lugar la segunda votación en el Congreso para la elección del sucesor de Suárez, un coronel del ejército, Antonio Tejero, con un grupo de unos doscientos guardias civiles y militares ocupó el Congreso de los Diputados. Al mismo tiempo, en Valencia, un capitán general se levantaba contra la democracia y sacaba los tanques a las calles de la ciudad. En realidad, gran parte de los altos mandos militares siempre estuvieron en contra del proceso aplicado de la transición hacia la democracia. Si no habían actuado antes fue por carencia de liderazgo claro y porque la Monarquía como continuismo de franquismo había servido como escudo protector de la amañada Reforma Política.

En el fondo, los golpistas aprovecharon el acercamiento e interrelación con el monarca y el descontento general sobre la forma de encarar el terrorismo, la semidemocracia española estaba ya demasiado asentada para los propósitos de los militares (esto mismo fue intuido por el golpe de Estado a la II república por Franco, donde se manifestaba que estaba asentada en el Pueblo) y cuya comparación con aquellos otros abocados a una Segunda Guerra Mundial, eran totalmente diferentes de estos otros del 23-F, pero el sustento militar español, la oligarquía dominante y la sustentación de los privilegios, siguieron en el pasado en los tiempos de la república y seguían existiendo en el presente, si bien el contexto internacional y fundamentalmente el europeo habían cambiado por completo.

La sociedad española salió a la calle el día 24 de febrero para defender la democracia y la libertad. “El golpe llamó la atención de todos -clase política y ciudadanos- acerca del peligro de adoptar posiciones irresponsables". El sucesor de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, el balance más positivo de su gestión fue la liquidación de las secuelas del intento de golpe de Estado, muy parcialmente, ya que los responsables máximos del mismo, al día de hoy son una incógnita dentro de una nebulosa de intereses e implicaciones políticas inconfesables, donde apunta según últimas declaraciones del 22 de octubre de 2023, Tejero señala a Juan Carlos I por el 23-F: "Lo jodí vivo; tenía preparado con Armada un Gobierno a su gusto"

Los golpistas españoles, seguidores reaccionarios del dictador Franco, que había fallecido seis años antes, también estaban liderados por hombres con sombreros absurdos, aunque en este caso el teniente coronel Antonio Tejero llevaba el tricornio de charol de la Guardia Civil española. Tejero entró en el Congreso blandiendo un arma de verdad. Iba acompañado por 200 soldados y guardias civiles. Algunos de ellos salpicaron el techo de la cámara con disparos de ametralladora “La buena noticia, sin embargo, es que el intento de golpe de Estado de España fue un final, no un principio.

Cuando fracasó, los españoles se dieron cuenta de que ya no tenían que temer a un Ejército que había sido la columna vertebral del régimen de Franco. Pero es que, además, todos estos incidentes tienen algo más en común, normalmente alrededor de estos hechos de la historia se generan miles de teorías sobre lo que realmente pasó, porque una cosa es lo que ven todos los ciudadanos y otra cosa son los intereses ocultos de los políticos y gobernantes de los países.